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El Estado ausente

Cuando la crisis de 2001 se anunciaba, Julio H. G. Olivera señaló que su esencia era la falta de oferta de bienes públicos, y aquella crisis aún no se resolvió

Carlos Leyba Carlos Leyba 10-11-2017
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Por Carlos Leyba

Cuando la crisis de 2001 se anunciaba, Julio H. G. Olivera señaló que la esencia de la crisis nacional era la falta de oferta de bienes públicos.

Quince años después, la provisión de bienes y servicios que son responsabilidad del Estado sigue siendo la razón central de nuestros desvelos. Aquella crisis aún no se resolvió.

¿Qué es lo contrario de la crisis? Lo contrario de la enfermedad es la salud. Lo contrario de “la crisis”, en economía, es la recuperación de la capacidad de expansión sustentable y sostenida de los bienes y servicios a disposición de los habitantes que, en gran medida, son bienes públicos.

En el centro de la tormenta está la incapacidad de proveer bienes públicos en la medida de lo necesario, que es  lo que la sociedad considera adecuado en términos de bienes y servicios públicos para todos y cada uno.

Bienes públicos son aquellos que la sociedad entiende deben estar provistos adecuadamente a todos los ciudadanos sin que, necesariamente, deban pagarlos de manera directa y deben ser provistos, digamos, por el Estado, que se financia básicamente con impuestos.

¿Qué bienes pertenecen al campo de los bienes públicos y cuáles al campo de los que aquí llamaremos bienes privados?

Los bienes privados pertenecen al campo del mercado. Los públicos ?no importa quien ejecuta? son provistos por el Estado y el ciudadano habilitado no debe pagar por ellos sino a través de impuestos.

Muchos de los bienes que fueron (y son considerados) públicos, con el correr de los años han pasado a estar ofertados de manera privada.

La educación primaria, secundaria, y hace menos años la universitaria, tiene una creciente componente “mercado”.

Los ciudadanos (padres) legalmente están obligados a que sus hijos se eduquen, pero el Estado no está ni remotamente en condiciones de hacerlo, para todos los que tienen obligación y derecho de recibirlos, con el mínimo de satisfacción.

Sin el concurso de la educación privada, la educación pública (gratuita) sufriría un colapso inimaginable.

Lo mismo se puede decir de la salud. La salud privada y las obras sociales sindicales, que funcionan como una contraprestación privada, cubren una parte sustantiva de la salud de la población; y la salud pública, como garantía de servicio público, está en franca retirada, por lo menos, en términos de recursos disponibles.

La seguridad de la vida cotidiana suma, a la oferta de lo público, multitudinarios ejércitos de seguridad privada destinados a cubrir las carencias de lo público.

No es esta una visión panorámica de la cuestión pero si la mención a un conjunto de indicadores de lo que es parte de la colosal ausencia del Estado en una sociedad que reiteradamente destaca la idea de un Estado que todo lo invade.

¿Todos comparten que la educación, la salud y la seguridad son bienes que para todos deben ser garantizados por la oferta pública?

De la misma manera cabe preguntarse sobre la administración de Justicia.

Y la pregunta vale porque en un extremo hay quien sostiene que, para garantizar la seguridad, la mejor opción es entregarla a las compañías de seguros porque nadie más interesadas que ellas en cuidar la vida y los bienes de las personas.

Es más. Ante el problema que presentan los sistemas de adopción se ha sugerido resolverlos vía el remate a la búsqueda del mejor postor (naturalmente de alguna manera calificado) para la entrega de la Patria Potestad por parte del Estado.

Ambos ejemplos del extremo de mercado, que desplaza la provisión pública, conforman una ética alejada de los valores de la sociedad occidental. Pero sirven para la ilustración del debate en el sentido que no todos comparten la misma visión.

Hay otros bienes públicos, habitualmente no mencionados, como ?por ejemplo? la provisión de las herramientas del desarrollo de las fuerzas productivas. Rumbo, plan y políticas.

Todo eso, provisto por el Estado cuya voluntad deriva de las decisiones mayoritarias (y en opinión de muchos consensuadas), conforma el “bien público” principal por cuanto de su explicitación y ejecución se deriva la provisión de todos los otros bienes públicos.

La educación, la salud y la seguridad, por citar solo aquellas de las que hemos hecho comentarios, sólo son posibles de ser provistas adecuadamente en función de un programa, de un rumbo, de una política global de desarrollo.

Esa “política global de desarrollo” no la tenemos y ?a criterio de muchos? como consecuencia de no tenerla la ausencia del Estado, en la provisión de bienes públicos, es una derivación natural de aquella carencia.

Muchos ciudadanos contribuyen tributariamente para aportar recursos al Estado para que provea bienes y servicios públicos (que incluye toda la acción de gobierno desde la defensa nacional a las relaciones internacionales, desde el diseño de la infraestructura al cuidado del desarrollo demográfico, etcétera) y muchos de ellos ?al menos respecto de los bienes más inmediatos para la vida? además de los tributos, aportan recursos para la provisión privada de esos bienes que, teóricamente, deben ser provistos por el Estado que para ello recauda los impuestos.

Y por el otro lado el Estado argentino presiona tributariamente sobre el PIB en los mismos niveles porcentuales que lo hacen los Estados de los países que disponen de un Estado Social que, con la contribución tributaria, garantizan, por ejemplo, educación, salud y seguridad para la inmensa mayoría de los ciudadanos en un nivel de calidad aceptable como la demuestra la calidad de la vida de los países que llamamos desarrollados.

Tenemos un Estado que pesa mucho y que corre o socorre poco. Un Estado ausente.

Tanto para los que le exigen la presencia en actividades “visibles” (educación, seguridad y salud) como para los que le exigen la presencia en actividades menos visibles pero que resultan esenciales para las visibles.

Y con estas me refiero al diseño estratégico del desarrollo de largo plazo, en todas las dimensiones, y a las políticas, herramientas y recursos, que contribuyen a ello.

Tenemos, para todas las visiones, poco Estado. Y para todas las visiones un Estado que insume muchos recursos y cuya ausencia es muy gravosa para todos en términos de la vida cotidiana.

Y también para muchos es cara en términos de costos que le disminuyen el “ingreso disponible”.

Para muchos a la carga tributaria debe sumársele la carga de los “servicios privatizados” por ausencia de Estado.

Esos costos afectan el ingreso disponible y, en consecuencia, deforman la estructura de la demanda solvente.

El Gobierno ha heredado un Estado ausente y deficitario porque, a pesar de no proveer esos bienes, los ingresos que recibe no cubren las cuentas.

A esa herencia el actual gobierno le ha agregado gastos y ?a pesar del aumento de la recaudación? el déficit fiscal se prorroga.

En lo dicho no hay nada nuevo. Simplemente que el Estado deficitario es un Estado ausente en términos de la visión propia del Estado social.

La gestión de este Gobierno ha decidido ?mientras supone medidas para el déficit? resolverlo mediante financiamiento externo, un financiamiento que no financia al Estado social de los países desarrollados.

¿Qué tipo de Estado, en déficit, financia la deuda externa? Un Estado de “subsistencia”.

Un porcentaje sustantivo del gasto público está destinado a amparar a los que carecen de los recursos para una vida digna. El Estado destina gran parte de los recursos a la subsistencia ciudadana. Y está muy bien que así lo haga.

Pero ese Estado es la consecuencia de la incapacidad del sistema económico para proveer empleo digno, y esa incapacidad es la consecuencia de la ausencia de inversiones reproductivas capaces de aportar mayor productividad a todo el sistema.

Otra consecuencia, de esa falencia de inversiones en el sistema y de la consecuencia de la falta de creación de empleo, es la explosión del empleo público.

El empleo público ha crecido vertiginosamente al mismo tiempo que sufrimos, como hemos mencionado, una ausencia de Estado en la provisión de bienes públicos.

Sin duda no puede sino haber habido una baja de productividad global como consecuencia de un crecimiento notable de aumento de empleo improductivo y de la ausencia de incremento del empleo productivo. Esa es la consecuencia más grave de la ausencia de inversiones reproductivas.

En este contexto el Gobierno ha decidido una reforma tributaria que, más o menos, es un cambio gradual de tasas impositivas en una dirección que puede beneficiar las decisiones de inversión, un intento de disminuir efectos cascada de algunos tributos, una reconsideración del concepto “móvil” de las jubilaciones, que dejan de estar asociadas al nivel de los salarios, y que ?se supone? a lo largo de unos años puede contribuir a bajar la presión tributaria y en base a futuras decisiones de gasto (eliminación de subsidios y cambio en los ajustes de sectores pasivos) reducir el déficit fiscal más allá de consecuencias sociales posibles.

No es una reforma tributaria “trascendente” como lo fue, por ejemplo, la introducción del IVA.

Pero, ¿estas decisiones auguran cambios potentes en inversiones cuya ausencia desencadena la paradoja de un Estado pesado y ausente?

La respuesta depende del presente. La política macro está dominada por la lucha contra la inflación con la tasa de interés. Una fiesta para las inversiones especulativas que atrasan y desvían las inversiones reproductivas para transformar el peso del Estado en un Estado de Bienestar que requiere pleno empleo digno. En la medida que no haya un cambio de macroeconomía son decisiones, en el mejor de los casos, de baja intensidad.

La inflación no se acomoda a las metas, el tipo de cambio se retrasa, crece la deuda externa y continua el déficit de la cuenta corriente del Balance de Pagos. Las fortunas nacionales duermen en el exterior y el ahorro en dólares de fuga continúa.

Un Estado pesado y ausente, que no provee los bienes públicos, es la consecuencia, y no la causa, de una política no centrada en los objetivos de desarrollo.

Sin replanteo estratégico toda reforma es débil.

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