Según un informe presentado recientemente por el Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), pese al crecimiento económico observado en los últimos cinco años, en el país persiste una fuerte fragmentación del escenario laboral con un sector precario enorme en el que se inscribe el 52,5% de los ocupados. Esta informalidad no guarda relación con la economía moderna globalizada, sino con un mercado interno pobre, conformado por los estratos bajo y medio bajo de la sociedad, y se caracteriza por el bajo nivel de productividad y retribuciones.
Los datos
El informe elaborado por Eduardo Donza e incluido en la última publicación del Barómetro de la Deuda Social?Serie Bicentenario, señala que entre 2010 y 2015 los trabajadores a los cuales se les reconocía plenamente sus derechos pasaron de representar 44% a 43% (8,3 millones) y los de empleo precario pasaron de constituir 35,5% a 31,9% (6,2 millones) de la población económicamente activa.
Al mismo tiempo se incrementó ?especialmente desde 2013? la participación de los trabajadores que realizan changas, actividades de escasa productividad o contraprestaciones de programas de empleo, pasando de representar el 9,2% al 15,6% (3 millones) de la población económicamente activa en 2010 y 2015, respectivamente.
El estudio sostiene que la precariedad genera consecuencias a mediano y largo plazos en los trabajadores afectados por esa situación. En el mediano plazo implica una inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En el largo plazo, en la etapa de adultos mayores, es frecuente el abandono económico, la falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de marginalidad social.
Según precisó Donza, la incidencia del incumplimiento de los derechos laborales es altamente diferencial según el sector de ocupación. Al momento en que Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia, se encontraban en esta situación la amplísima mayoría de los trabajadores del sector microinformal (el 82,2%), mientras que sólo el 20,5% de los del formal y el 12,1% de los ocupados en el sector público. Esta distribución se modificó levemente entre 2010 y 2015 a favor de los trabajadores del sector público y del segmento informal, mientras que aumentó en el caso del sector formal. Sin embargo, en términos generales, la población ocupada en puestos precarios o subempleos pasó de 50,4% a 52,5%.
Cantidad pero no calidad
Si bien en términos generales el empleo se expandió 8% entre 2010 y 2015, sólo se incrementó 3% la cantidad de puestos de trabajo con empleo pleno de derechos. Asimismo, disminuyó en 5% el número de empleos precarios y aumentaron 80% los ocupados en subempleos inestables. “Este fuerte incremento, originado principalmente por las políticas de empleo contracíclicas de generación de puestos de trabajo transitorios, fue el que limitó los niveles de desocupación en un contexto de falta de inversión productiva y de ausencia de creación de empleo genuino”, explica el estudio.
Según los datos del área urbana relevada por la Encuesta de la Deuda Social Argentina, la propensión de la población a participar del mercado de trabajo se mantuvo prácticamente estable. Al final del período, 9,4% de las personas de 18 años y más que concurrían al mercado de trabajo no conseguían empleo (1,8 millones).
Como correlato de la expansión económica, en 2011 se observa uno de los menores niveles de desocupación (8,8%) y la mayor proporción de empleo pleno (45,1%) de todo el período.
Los investigadores de la UCA observaron además la cobertura social de la que disponen las familias consultadas. Así, advirtieron que el 59,5% del total de hogares relevados por la EDSA posee un jefe con empleo pleno de derechos, jubilado o con ingresos provenientes de rentas (en ellos reside el 57,4% de la PEA: 11,1 millones de personas). Por otro lado, detectaron que el 20,8% de los hogares percibe ingresos de algún programa de asistencia social o de empleo (en ellos habita el 20,2% de la PEA: 3,9 millones de personas). Por último, identificaron que el 19,7% de los hogares no posee cobertura social o dicha cobertura es deficiente (en ellos reside el 22,4% de la PEA: 4,3 millones de personas).
Además, el informe advierte que la población de más de 18 años correspondiente a los hogares que perciben algún programa social presenta una situación laboral más vulnerable: su participación en el mercado de trabajo es menor (únicamente el 62,3% participa en el mercado de trabajo), sus posibilidades de empleo son más escasas (sólo 52,8% de ellos están ocupados) y es mayor el fracaso al buscar un empleo (la desocupación llega al 15,3% de los activos).
“En este tipo de hogares, el bajo nivel de actividad puede ser explicado porque gran parte de los programas de ayuda desarrollados por el Estado no poseen contraprestación laboral”, concluye Donza, y añade que, por otra parte, “la elevada tasa de desocupación expresa el inconveniente estructural que deben vencer al intentar conseguir un empleo”.
