Por Fernando Amador Agra Director de la Licenciatura en Economía UCES
Un aforismo muy conocido nos alerta que “el Diablo está en los detalles”. En términos de política económica, podríamos reformularlo diciendo que “el Diablo está en la coyuntura”. Es que tanto en buenas como en malas coyunturas económicas, asedian las ansiedades y las exigencias de resultados. Y este asedio, estimo, tiende a ser mayor cuanto más frustraciones económicas se vivenciaron.
Una reciente medida del BCRA, entre otras adecuaciones del régimen de efectivo mínimo, referida a una modificación en una franquicia vigente que se aplica sobre la integración del efectivo mínimo (encaje legal), es la que motiva recordar el aforismo.
Uno de los principales de objetivos de la regulación del sistema financiero es la protección del depositante. Ese es el pilar de la regulación prudencial. Los requerimientos de efectivo mínimo, comúnmente conocidos como “encajes”, son una de las herramientas de la batería de instrumentos regulatorios con que cuenta un banquero central en su rol de regulador del sistema financiero. En tal sentido, los encajes tienen una doble finalidad: por un lado, regulan la capacidad prestable de las entidades y como contrapartida, una masa de recursos permanecen a resguardo como reserva de liquidez. Desde otra perspectiva, son una herramienta microprudencial (riesgo a nivel banco) y también macroprudencial (riesgo a nivel sistémico).
La franquicia que se mencionó al principio, redunda en un menor nivel de encaje legal efectivo si se asignan préstamos para financiar al segmento de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs), en función de ciertos parámetros que establece la normativa, como ser la participación de ese segmento en el total de las financiaciones en Pesos otorgadas por un banco. El cambio regulatorio, al ampliar el período base de cálculo (los últimos doce meses móviles en lugar del mes anterior) y dada la perdida de participación de las MiPymes en la masa de financiamiento, liberará capacidad prestable. Se podría argumentar que es un objetivo loable que contribuye a expandir el crédito, pero también podría resultar en un incentivo a tomar mayores riesgos en un escenario poco propicio.
Desde la perspectiva de los encajes como un reservorio de liquidez, durante 2018 también hubo modificaciones determinadas por factores de corto plazo, como ser el incremento de los niveles de encaje y la posibilidad de que una porción del mismo se integre en Leliq (que emite el BCRA) y en un título público nacional (Bote 2020). Objetivos de política monetaria por un lado, y reducir el peso de los encajes sobre las tasas de interés activas, son argumentos esgrimidos.
Hasta dicha modificación regulatoria, los encajes se integraban, básicamente, con los fondos depositados en la cuenta corriente que cada banco tiene abierta en el BCRA. Es decir, que en alguna medida, se modificó el perfil de riesgo del activo con el cuál se cumple la normativa de efectivo mínimo.
Las adecuaciones normativas comentadas buscan paliar inconvenientes que van surgiendo en el entorno de un escenario macroeconómico complejo y adaptar algunos aspectos del marco regulatorio a una dinámica por momentos vertiginosa. Comprensibles desde la perspectiva del corto plazo, pero pueden generar interrogantes para el largo. Las posibles consecuencias de estos ajustes normativos coyunturales, es que surjan nuevos factores de riesgos no previstos, que impliquen acciones adicionales.
Un factor clave en el éxito de un marco regulatorio es su estabilidad en el tiempo y que no esté sujeto a los vaivenes de la coyuntura. Y además, reduce la posibilidad de que el Diablo se meta por la ventana de la coyuntura.
