El Gobierno Nacional apelará a los gobernadores para intentar frenar en el Senado el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que cuenta con media sanción de Diputados. El argumento principal para interpelarlos será el costo fiscal que la iniciativa opositora significaría en caso de ser aplicada: unos $ 20.000 M, aunque repartidos de manera marcadamente heterogénea entre los 24 distritos.
Según el Gobierno, el impacto integral del proyecto sobre la recaudación del año que viene alcanzaría los $ 65.557 M, pero dado que el Presupuesto 2017 prevé una partida de $ 27.000 M para afrontar cambios en Ganancias, la pérdida neta que surge de la iniciativa opositora (menos gradual que la oficialista) sería de $ 38.557 M. Entre ellos, al ser coparticipable el 64% de la recaudación por esa vía, las provincias perderían cerca de $ 20.000 M y la Nación absorbería los $ 18.000 M restantes.
No obstante, el impacto es desigual según el distrito. De acuerdo a números del Ministerio del Interior citados por La Nación, la más perjudicada sería la provincia de Buenos Aires, que dejaría de percibir $ 2.672,6 M en 2017 si se aprobara el proyecto que se encamina a ser convertido en ley. La seguirían Santa Fe, con un costo estimado de $ 2.005,5 M, Córdoba ($ 1.899,1 M), Chaco ($ 1.045,7 M) y Tucumán ($ 1.001,1 M). Mientras los gobernadores de las primeras cuatro provincias (María Eugenia Vidal, Miguel Lifschitz, Juan Schiaretti y Domingo Peppo) se han manifestado en contra del proyecto, el tucumano Juan Manzur no se ha manifestado todavía al respecto.
El impacto fiscal sobre las demás provincias sería menor a los $ 1.000 M, mientras que el extremo menos perjudicado, se encontrarían Chubut ($ 317,2 M), Santa Cruz ($ 300 M) y Tierra del Fuego ($ 233), las tres gobernadas por mandatarios enfrentados al Gobierno por el proyecto opositor. Al ser patagónicas, además, las tres se verían alcanzadas por los beneficios del proyecto para la región.
No obstante, el proyecto con media sanción en Diputados prevé la creación de nuevos impuestos que recaudarían $ 25.000 M, que se distribuirían en mitades entre el Gobierno Nacional y las provincias. Así, el impacto neto agregado para las provincias caería a cerca de $ 7.000 M.
La advertencia del CFRF Mientras tanto, un logro del Gobierno en la búsqueda de instalar el costo fiscal en las provincias como un punto de discusión sobre el cual debería girar la adhesión o no al proyecto fue haber conseguido un pronunciamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. “Se alcanzó unánime posición respecto de la necesidad de una reforma que corrija gradualmente las distorsiones del impuesto y que contemple la realidad fiscal de las provincias y de la Nación”, difundió a través de un comunicado el espacio que integran todas las provincias ?con excepción de la Ciudad de Buenos Aires? y el Gobierno Nacional.
En lo que hace al impacto fiscal de la iniciativa, el comunicado comparó: sin cambios, la recaudación tributaria por Ganancias ascendería de $ 424.509 M en 2016 (5,38% del PIB) a $ 543.132 (5,57%) en 2017, mientras que con la aplicación del proyecto haría descender en 2% del PIB los ingresos por esa vía.
