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Dura crítica de AEA al decreto que congela tarifas de servicios de comunicación

Alberto-AEA
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05 septiembre de 2020

“Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida”. Así arranca el nuevo comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a varias de las principales firmas del país y sus máximos accionistas, como Arcor, Techint, Coto y Clarín, entre otros.

“El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos”, continúa el comunicado de AEA.

“La condición necesaria para ello es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa”, señalan y lanzan varias críticas: “Para llevar a cabo eficazmente la tarea de volver a poner en marcha el aparato productivo del país, así como para alentar nuevas inversiones es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas. Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”.

Un ejemplo claro de una medida injustificada, dicen, es lo determinado en el reciente Decreto 690/20 mediante el cual se introduce un cambio radical en las reglas de juego del sector de las tecnologías de la información. “Esta disposición afecta negativamente a una industria que ha incorporado innovaciones y realizado inversiones significativas en los últimos años y que, además, tiene un papel decisivo en el funcionamiento de todas las actividades económicas del país”, dicen la misiva de AEA y destaca, entre los activos, como “un paso muy positivo el acuerdo reciente con los acreedores externos”.

“La plena vigencia de un marco institucional como el señalado posibilitará que puedan generarse las condiciones para colocar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido”, concluye el documento, que seguramente generará algún enojo en el Gobierno.

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