El Gobierno Nacional volvió a recibir ayer a los ministros de Economía de las provincias para discutir las metas de reducción de los déficit fiscales de las provincias para 2017. Del encuentro, del que no participaron representantes de todas las provincias, no emergió ningún acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio que continuará el lunes, cuando se reúna el Comité de Responsabilidad Fiscal.
La intención del Gobierno es ponerle números a la carta de intención firmada por los gobernadores y la Nación en agosto, cuando las provincias se comprometieron a eficientizar sus gastos, aumentar la inversión y achicar su rojo fiscal, que el año pasado alcanzó el 0,9% del PIB y este año se ampliaría a 1%, según prevén en el Ministerio del Interior (ver aparte). Estas metas servirán ?desde la óptica del Gobierno? para avanzar hacia el objetivo final de alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, mientras todavía no está en discusión la reformulación de las pautas de responsabilidad fiscal de la Ley de Responsabilidad Fiscal (sin efecto desde 2009), que llegaría en 2017 o, más factiblemente, en 2018.
La propuesta oficial, diseñada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, tiene en dos postulados: que las provincias no aumenten su gasto por encima de lo que crece nominalmente su PIB, y que cada jurisdicción baje 10% su déficit en comparación al del año pasado. A esa intención, los gobernadores contestaron divididos ayer.
Dos grupos
Las provincias están divididas en dos posturas. La primera, opuesta a los deseos del Gobierno rechaza discutir una reducción del déficit antes de que haya una reforma más abarcativa. Algo que no sucederá hasta al menos 2018, lo que posterga la rebaja de los rojos fiscales para después de 2017. Casualmente, un año electoral. Entre estos, se alinean los gobernadores peronistas que se reunieron anteayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reclamar cambios en el proyecto de Presupuesto presentado al Congreso (ver Política). Juan Franco Donnini, ministro de Economía de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, fue el encargado de embanderar esta postura ayer, en la reunión.
El segundo grupo de provincias, en cambio, tiene una posición más cercana al Gobierno. En este grupo se encuentran Mendoza, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, entre otras presentes ayer. Ellos aceptan fijar una meta para el año que viene, aunque reclaman algunas correciones para hacer menos exigente el objetivo a cumplir el año próximo. De esa forma, argumentan, será factible de ser cumplida y no caerá en saco roto. “Si no fijamos una meta, no podemos dar una señal de estabilidad fiscal. Pero peor que no dar una señal de estabilidad fiscal es no cumplir la meta y dar una señal negativa”, planteó off the record uno de los ministros provinciales que participó del encuentro. En ese sentido, ayer estos ministros plantearon sus objeciones a la propuesta del Gobierno.
Reclamos
En ese sentido, son varios los reclamos de las provincias. El primero, es que la redacción final atienda las heterogeneidades de los diferentes desempeños de las provincias en materia fiscal. Algunas gobernaciones que ya comenzaron a eficientizar su gasto y achicar su déficit este año, por caso, piden que se tenga en cuenta ese esfuerzo y la meta se haga en comparación a 2015 y no a 2016. “Yo ya bajé 70% el déficit este año, deberían contemplar eso. Para el próximo me es mucho más difícil”, objetó otro de los ministros provinciales que pidió no ser mencionado.
Entre muchos, hay tres planteos que reúnen el consenso de la gran mayoría de las provincias. En primer lugar, que el gasto se contabilice sobre las erogaciones corrientes, excluyendo los gastos de capital. De lo contrario, los gobernadores no se verían incentivados a invertir porque el que lo haga, tendría menos margen para cumplir con la meta fiscal. Por el mismo motivo, también piden que se excluyan los intereses de deuda, atados al pago de empréstitos necesarios para inversiones. En segundo lugar, proponen que no sean contados los gastos obligatorios impuestos por ley y que los gobernadores no pueden no hacer, como la coparticipación a municipios y los fondos destinados a la educación según los parámetros de la Ley de Financiamiento Educativo, entre otras.
Finalmente, todas las provincias coinciden en la necesidad de que se contemplen entre los recursos provinciales los fondos que perciben desde agosto en concepto de la devolución gradual del 15% que destinaban al financiamiento de la Anses ($ 37.000 M este año). En la propuesta oficial, por iniciativa de Prat-Gay, se pretende calcular el déficit a partir de los ingresos una vez descontados esos recursos. Una cláusula con la que no coinciden todos en el Gobierno Nacional.
La contrapropuesta Luego de no poder alcanzar un consenso general en torno a una propuesta de metas definitiva, las negociaciones entraron en cuarto intermedio hasta el lunes. Hasta entonces, las provincias que aceptan fijar metas concretas para 2017 deberán redactar en conjunto una nueva propuesta que estén dispuestos a firmar y que sea posible de cumplir, que será presentado el lunes a las autoridades nacionales cuando se reúna el Comité de Responsabilidad Fiscal ?que integran nueve provincias más la Nación?.
