Mientras el oficialismo avanza con el proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y del Servicio Exterior, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que dichos regímenes implicarían, de mantenerse vigente, un déficit de $ 13.000 millones.
Sin embargo, de acuerdo con la entidad, las modificaciones que busca implementar el Gobierno recortarían esa brecha en un tercio. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora está en análisis en el Senado como consecuencia del incremento de las alícuotas de los aportes personales, estimado en $ 3.896 millones para el Poder Judicial y $ 424 millones para el Servicio Exterior.
“El haber promedio de los beneficios comprendidos en el régimen general asciende en diciembre de 2019 a $ 20.480, mientras que en el Poder Judicial alcanza a $ 272.099 y en el Servicio Exterior a $ 352.798”, precisó la OPC en un informe. De esta manera, los regímenes especiales concentran el 9,7% del gasto mensual administrado por la Anses y el 3,2% de los beneficios.
De acuerdo con el análisis de la OPC, en el Poder Judicial existen 17.622 aportantes con un aporte personal de 12% y una contribución patronal de 14%, para un total de 6.983 beneficiarios. En tanto, en el Servicio Diplomático los aportantes son 1.080 y aportan sólo 11% (la contribución patronal es de 16%), y los beneficiarios suman 695. Según la OPC, para que el sistema previsional sea equilibrado, la relación entre el haber jubilatorio y la remuneración imponible debería bajar del 100% promedio actual al 66,5%.
Es decir, “el haber jubilatorio promedio debería disminuir 33,6%”, especificó la entidad. De lo contrario, la alícuota de aportes y contribuciones tendría que pasar de 26,4% a 39,7%; o bien, se requerirían 3,8 aportantes activos, en lugar de los 2,5 actuales para poder financiar a un pasivo.
La Oficina de Presupuesto calculó, además, las relaciones de equilibrio que requeriría el régimen previsional de los funcionarios del Servicio Exterior. En este caso, indicó que debería reducirse del 87,1% a 42% la relación entre el haber jubilatorio y la remuneración de los trabajadores activos (estos jubilados deberían cobrar menos de la mitad que en la actualidad).
Luego, debería aumentar de 27% a 56,1% las alícuotas de los aportes personales y contribuciones patronales; o bien, la cantidad de aportantes necesarios para financiar a un pasivo debería pasar de 1,6 a 3,2, según indicó la OPC.
El informe recuerda que para el personal del Poder Judicial la jubilación ordinaria es equivalente al 82% de la remuneración total sujeta a aportes correspondiente al último cargo ocupado. En el caso del personal del Servicio Exterior, la misma llega al 85% de la remuneración de la categoría de mayor jerarquía desempeñada en al menos cuatro años.
De esta manera, y debido a los regímenes de movilidad, entre 2015 y 2019 la expansión nominal en el Poder Judicial y en el Servicio Diplomático fue de 305,4%, mientras en el régimen general fue de 227,2%, lo que “redundó en una ampliación del diferencial del haber jubilatorio promedio resultante de ambos sistemas”, concluyó la OPC.
