En su último informe, el economista Federico Muñoz plantea que “la Corte Suprema asestó al Gobierno macrista un duro golpe económico y político al anular la vigencia del tarifazo de gas a consumidores (dejando además la puerta entreabierta para la extensión del fallo a otros usuarios y servicios públicos)”.
Pero, más allá de su interpretación sobre los efectos del fallo, lo más interesante es su análisis sobre el accionar de la Justicia. Si bien señala que “la letra fría de la sentencia es indiscutible”, argumenta que “como economistas, no podemos dejar de pensar en un flanco débil de este argumento jurídico: la Corte soslaya que el anterior Gobierno tomaba decisiones tarifarias todos los días al mantenerlas congeladas con una inflación galopante”. Muñoz explica que “el ostensible retraso tarifario fue una decisión política que no se discutió en audiencias, y que además nos condujo a una severa crisis energética y que -pese a ello- la Corte no consideró una conducta objetable”.
El economista no se queda ahí. “Los jueces no parecen internalizar que la energía que no se financia con tarifa se financia con subsidios. Por ende, los límites a las correcciones tarifarias terminan engordando el déficit fiscal, lo que inevitablemente conduce a un aumento del endeudamiento y/o de la inflación. La Corte vela por los intereses de los consumidores de energía afectados por la suba de tarifas, pero no tiene en cuenta el daño macroeconómico que provocan sus acciones correctivas, un daño que impacta en un colectivo aún mayor y que ?en muchos casos- son sectores socialmente vulnerables que ni siquiera disfrutan del servicio de gas en red”.
Muñoz, que también critica a la Casa Rosada por “cierta imagen de amateurismo y candidez”, concluye que “acaso más dañino que el costo fiscal es el impacto de la decisión de la Corte en la inversión y, por ende, la producción hidrocarburífera”.
