28 julio de 2026
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El contrabando y la falsificación dejaron de ser fenómenos marginales en la Argentina. Su peso ya equivale a cerca del 5% del Producto Bruto Interno y podría seguir creciendo durante los próximos años.
Así lo advierte un estudio encargado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), que analizó el impacto económico y social del comercio ilícito en Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala.
El trabajo, desarrollado por la consultora SINNETIC, concluye que el comercio ilegal afecta la recaudación tributaria, reduce la competitividad de las empresas formales, desalienta la innovación y expone a los consumidores a productos que no cumplen con los controles de calidad y seguridad.
El comercio ilegal representa el 5% del PBI argentino
El modelo econométrico utilizado en el informe estima que el comercio ilícito representó el 5,06% del PBI argentino en 2023. Para 2028, proyecta que esa participación podría aumentar levemente hasta el 5,22%.
El avance parece reducido, pero confirma que se trata de un problema estructural y difícil de erradicar. El comercio ilegal no se limita al ingreso clandestino de mercadería por las fronteras: también comprende falsificación, adulteración, piratería y venta informal de productos.
El dato del 5% debe leerse como una estimación del modelo elaborado para el estudio y no como una medición oficial de las cuentas nacionales. De hecho, el propio documento también cita cálculos de cámaras empresariales y consultoras privadas que ubican a la economía ilícita entre el 2% y el 4% del PBI.
La diferencia refleja una de las principales dificultades para dimensionar el fenómeno: gran parte de estas operaciones permanece deliberadamente fuera de los registros oficiales.
Inflación, impuestos e informalidad: las causas del contrabando
El informe identifica una combinación de factores que facilita la expansión del comercio ilegal en Argentina: inflación, presión tributaria, informalidad laboral, deterioro del poder adquisitivo, debilidad institucional y escasa capacidad para aplicar las leyes de propiedad intelectual.
La pérdida de ingresos reales empuja a una parte de los consumidores hacia productos más baratos, incluso cuando conocen su origen ilegal o dudan de su calidad.
Al mismo tiempo, la elevada carga tributaria genera fuertes diferencias de precios con los países vecinos. El caso más evidente es el del tabaco: según el estudio, los cigarrillos pueden costar hasta tres veces más en Argentina que en Paraguay, mientras que los impuestos llegan a representar hasta el 80% del precio final.
Esa brecha alimenta el contrabando desde Paraguay y Bolivia y vuelve especialmente vulnerables a las provincias del norte argentino, donde el Gobierno ya decidió reforzar los controles fronterizos.
El documento también señala que la informalidad laboral alcanzó niveles récord y limita la competitividad de las compañías legales.
Las empresas que pagan impuestos, registran a sus trabajadores e invierten en diseño, patentes, controles sanitarios y publicidad deben competir con vendedores que operan por fuera de todas esas obligaciones.
Alimentos, bebidas, tabaco y ropa: los sectores más afectados
El comercio ilícito atraviesa buena parte del consumo cotidiano de los argentinos.
Los alimentos frescos y procesados, las bebidas alcohólicas y la vestimenta aparecen entre las categorías con mayor penetración y frecuencia de consumo ilegal.
El tabaco, por su parte, presenta una incidencia especialmente alta debido a la recurrencia de compra y a la diferencia de precios con los países limítrofes.
En vestimenta y calzado, el estudio calcula una penetración ilícita superior al 45%. Las cámaras textiles deberían, según ASIPI, mostrar con mayor claridad cómo la falsificación y la venta informal afectan a la producción nacional y destruyen puestos de trabajo registrados.
Las autopartes y los artículos de cuero también presentan una elevada penetración, aunque con una frecuencia de compra menor. En tanto, los cosméticos, medicamentos, juguetes y bebidas sin alcohol ocupan una zona de riesgo intermedio.
En estos últimos casos, el problema no es solamente económico. Un medicamento falsificado, una bebida adulterada o un repuesto que no cumple con las normas técnicas puede provocar graves daños a la salud y la seguridad de los consumidores.
"Es un robo socialmente aceptado"
"Este estudio confirma que la falsificación no es únicamente un problema de propiedad intelectual: afecta la inversión, el empleo formal, la innovación y la confianza de los consumidores", afirmó Matías Noetinger, presidente de ASIPI.
Según explicó, combatir el comercio ilícito requiere una estrategia coordinada entre el Estado, las empresas y la Justicia, con controles más eficaces, sanciones efectivas y una mayor concientización sobre las consecuencias de comprar productos falsificados.
"Determinadas industrias están impactadas principalmente: aquellas más activas en marcas, donde las marcas tienen más fuerza y donde la diferencia de precio y de producción entre un producto ilegal y un producto legal es abismal. Ahí es donde surgen los grandes réditos económicos del comercio ilegal y la falsificación marcaria", remarcó.
Para Noetinger, el daño se distribuye entre varios actores. Las empresas pierden ventas y recursos invertidos en innovación; el Estado deja de recaudar impuestos; los trabajadores formales quedan expuestos a la competencia desleal; y los consumidores reciben productos de calidad inferior.
"Es un robo que la gente hace de forma socialmente aceptada", sentenció.
Qué propone el informe para reducir el comercio ilegal
El estudio sostiene que no existe una única solución y recomienda avanzar con una estrategia integral.
Para la Argentina, propone revisar la estructura tributaria de los productos más afectados por el contrabando, fortalecer los controles en la frontera norte y en la Hidrovía Paraná-Paraguay, agilizar los procesos judiciales y crear equipos especializados para detectar ventas ilegales en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.
El crecimiento de los canales digitales abrió una nueva dimensión del problema. Las plataformas permiten llegar a millones de consumidores, pero también son utilizadas por redes dedicadas a comercializar productos falsificados.
El informe también plantea implementar sistemas de trazabilidad y autenticación mediante códigos QR dinámicos, hologramas u otras herramientas digitales que permitan verificar el origen de los productos.
Las marcas y cámaras empresariales, por su parte, deberían compartir información con Aduana y las fuerzas de seguridad, desarrollar mecanismos comunes de denuncia y generar estadísticas periódicas sobre las pérdidas económicas, fiscales y laborales.
También propone impulsar una mayor coordinación dentro del Mercosur para establecer criterios comunes en materia de sanciones, especialmente en los sectores más afectados: tabaco, autopartes, vestimenta, alimentos y bebidas.
Un problema que va mucho más allá de las marcas
La principal conclusión del trabajo es que la falsificación y el contrabando no deben ser considerados solamente una violación de los derechos de propiedad intelectual.
El comercio ilegal reduce la recaudación, debilita el empleo formal, desalienta la inversión y consolida circuitos económicos que operan por fuera de los controles estatales.
El fenómeno se desarrolla, además, en un mercado laboral en el que casi un millón de empleos asalariados desaparecieron y una parte de los trabajadores desplazados terminó refugiándose en actividades informales.
También instala una paradoja difícil de resolver: mientras el consumidor busca proteger su bolsillo comprando un producto más barato, esa misma decisión puede terminar afectando el financiamiento del Estado, la producción nacional, el empleo registrado y su propia seguridad.
Por eso, advierte ASIPI, enfrentar el contrabando en Argentina requiere reducir los incentivos económicos que lo alimentan, mejorar los controles y romper con una tolerancia social que convirtió a la compra de productos ilegales en una práctica cada vez más normalizada.
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