Una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encabezada por su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, se reunió con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina: Trevor Alleyne y Mariano Szafowal.
En el encuentro, los directivos de CAME dieron sus consideraciones sobre la situación actual del sector pyme en general, planteando la problemática laboral, impositiva y financiera.
Además, plantearon las posibles consecuencias sobre la actividad pyme regional de los proyectos de ley sobre estímulos para el sector hidrocarburos, biocombustibles y el sector agroindustrial, y la importancia de que la entidad sea convocada por el Congreso para debatir estas temáticas.
“Las pymes necesitamos políticas públicas estructurales, como la reforma impositiva, que permitan al sector sostenerse y ser el protagonista de la reactivación económica. Es el único camino para frenar el crecimiento de la informalidad en nuestro país. Hoy, en estas condiciones, las pymes no estamos logrando hacer frente a nuestros compromisos”, dijo Díaz Beltrán.
Carta de la CAC a Pesce y Español
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce y a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, la reducción del tiempo de acreditación para compras con tarjetas de crédito.
La gestión de la CAC se produjo tras la Comunicación A7305 del BCRA, publicada el 11 de junio, en el que se establecieron nuevos plazos de acreditación en estas compras, que pasaron de 10 a 8 días hábiles para el caso de micro y pequeñas empresas.
“Consideramos que dicha baja resulta insuficiente”, sostuvo la entidad. Asimismo, indicaron que la modificación aplicada ?que además de la baja señalada implica el incremento de los plazos para algunas empresas? “incorpora distorsiones negativas en las estructuras de financiamiento, el capital de trabajo y el propio funcionamiento del sistema de inclusión financiera que se debe lograr para acotar la enorme informalidad existente en la economía que, creemos, genera desequilibrios estructurales macroeconómicos”.
La CAC siempre sostuvo que el plazo debería ser de 48 horas hábiles, para todo tamaño de empresas.
