La Secretaría de Comercio Interior, que ha adquirido un gran protagonismo en los últimos tiempos, avanza en medidas para contener los aumentos en un sector que el Gobierno considera clave: los alimentos. El área que conduce Paula Español aprobó un “código de buenas prácticas comerciales para supermercados y proveedores”, a través de la Resolución 340/2021, publicada en el Boletín Oficial.
La medida se da en el marco de la Ley de Góndolas, que alcanza a supermercados y mayoristas y será de adhesión obligatoria. A finales de enero último, Comercio Interior determinó en 800 metros cuadrados la superficie mínima que deben tener los comercios alcanzados por las disposiciones establecidas por la ley. Quedaron comprendidos todos los productos alimenticios (excepto carnes, pescados y mariscos), bebidas, artículos de higiene, cuidado personal y limpieza del hogar.
Un mes más tarde, estableció el reglamento para realizar las inspecciones para el seguimiento y control de cumplimiento de la normativa. Por ahora, las cadenas de supermercados tienen hasta el 14 de abril (es decir, mañana) para hacer una declaración jurada que contenga el plano con la disposición de los productos, la indicación de todos los bienes que están dados de alta para la venta, agrupados por categoría y con indicación de su empresa proveedora.
Este nuevo código determina que los comercializadores "se conducirán en sus relaciones comerciales bajo los principios de buena fe, transparencia y lealtad evitando toda conducta que distorsione, límite, falsee o restrinja la libre competencia o el acceso al mercado". También establece que los supermercados "otorgarán un trato comercial igualitario y sin discriminación entre sus distintos proveedores", y subraya que "no podrán imponer a los mismos restricciones o condicionamientos, más allá de los requisitos mínimos y habituales en el comercio y el cumplimiento de las normas vigentes, para establecer los acuerdos de provisión".
Además, las cadenas de comercialización al público "se abstendrán de exigir a los proveedores la entrega de mercadería gratuita o con bonificaciones para su alta de comercialización en los puntos de venta; exhibir productos que induzcan a error o engaño a las y los consumidores respecto al precio, origen y demás características del bien ofertado y condicionar la contratación de un bien o un servicio a la adquisición por parte de las y los consumidores de otro bien o servicio diferente al principal".
El código también fija que "cualquier ventaja en las prácticas o condiciones comerciales otorgada por un comercializador a un proveedor, podrá ser exigida por sus competidores en igualdad de circunstancias". Asimismo dispone que "los acuerdos de provisión que los comercializadores realicen con sus proveedores deberán formalizarse por escrito para favorecer la transparencia y previsibilidad entre las partes".
En ese sentido, los supermercados deberán "prever en los acuerdos de provisión de forma clara y precisa, precios, plazos y modalidades de pago, descuentos, bonificaciones, promociones, devoluciones y rechazos de mercadería". Asimismo, se les prohíbe a las cadenas realizar "acuerdos de provisión que impongan al proveedor seguros o anticipos financieros y que, por regla general, contengan condiciones financieras discriminatorias".
La Ley de Góndolas se sancionó en diciembre último y tiene como objetivo brindar a las y los consumidores una mayor oferta en las grandes cadenas de supermercados y posibilitar un trato equitativo con las micro y pequeñas empresas, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar, que proveen sus productos. Sin embargo, genera cierta resistencia en los sectores empresarios, para los que, según sus palabras, genera más perjuicios que beneficios.
La normativa establece que los comercios alcanzados deberán ofrecer al menos cinco productos de distintos grupos económicos por categoría y que la exhibición de los artículos de un mismo grupo económico no debe superar el 30% de la superficie en su categoría. Por otra parte, ordena que se destine al menos un 25% del espacio de exhibición para productos de pymes y que como mínimo 5% del espacio de las góndolas sea para artículos de empresas de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular.
Semana de IPC y carne vacuna
El jueves, el Indec informará cuánto subieron los precios en marzo. Los privados estiman una suba entre 3,8% y 4,2%. El foco estará puesto en el nivel general y, sobre todo, en la indomable inflación de alimentos. Según Ecolatina, el rubro (incluyendo bebidas) se ubicó por encima del nivel general, una vez más: 4,2% versus 3,9%. El jueves, además, vence el acuerdo de las carnes, que a fines de marzo fue prorrogado por 15 días. ¿Se extenderá el acuerdo? La tensión entre el Gobierno y los frigoríficos, con amenazas de cierres de exportaciones, muestra que una parte está más interesada que otra.
Ayer, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, se refirió a la polémica que abrió Paula Español y dijo “no estamos en ese punto”, en alusión a un cierre de las exportaciones. Sin embargo, dijo: “No es justo que se exporte los productos, obviamente se exporta a precios internacionales, y todos los que vivimos en este país, que por supuesto ganamos en pesos y no en dólares, enfrentemos los alimentos en dólares y además nos quedemos sin oferta”.
Precios Cuidados, con suba de 4,8%
La Secretaría de Comercio Interior renovó hasta julio el programa Precios Cuidados 2021, una canasta de productos representativos del consumo masivo local, que pasa a contener 670 referencias y que, aquellos que ya estaban incluidos en la lista, incrementarán sus precios 4,8% en promedio. Entre los productos, se suman nuevas variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas.
Los Precios Cuidados están presentes en 54 cadenas de supermercados, con 2.800 bocas de expendio de todo el país. Según relevamientos llevados a cabo por la Secretaría de Comercio Interior y entes provinciales oficiales, el programa Precios Cuidados cuenta con un nivel de cumplimiento del abastecimiento en góndolas de los productos incluidos en la canasta superior al 80% y un 99,9% de cumplimiento de los precios acordados en los comercios.
AmCham advierte (nuevamente)
La cámara que nuclea a las empresas de Estados Unidos que operan en Argentina (AmCham) redobló ayer las críticas a Precios Máximos, el programa que ya había criticado la semana pasada. En un nuevo documento, publicado ayer, pide que se puedan “realizar aumentos escalonados” en los ítems comprendidos en el programa (que es obligatorio, a diferencia de Precios Cuidados). Las subas permitidas desde marzo de 2020, cuando arrancó el programa, han quedado muy detrás de la inflación y el programa se ha extendido más que lo previsto inicialmente.
Si no se autorizan aumentos, advirtió AmCham, el abastecimiento de los productos y la continuidad de las operaciones de algunas empresas en el país estarán en riesgo.
