Por Jorge Neyro Economista ACM
En el marco de “reformismo permanente”, la iniciativa del Gobierno para reformar el Régimen de Responsabilidad Fiscal que fija pautas de comportamiento fiscal para la Nación y las provincias es necesaria para promover la sostenibilidad de las cuentas públicas. La importancia que la reforma sea convertida en ley fue reconocida en el Consenso Fiscal que firmaron recientemente 23 de las 24 provincias y que se encamina a ser aprobada por el Congreso.
Es importante recordar que la primera Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada en 2004 y contenía dos reglas principales sobre el comportamiento fiscal de la Nación y de las provincias (I) el crecimiento del gasto primario de las provincias no podía superar el crecimiento nominal del PIB, y (II) los servicios de la deuda no podían superar el 15% de los ingresos corrientes. Adicionalmente, se estableció un sistema de control de endeudamiento a cargo del entonces Ministerio de Economía y un Consejo de Responsabilidad Fiscal compuesto por los ministros de economía de las provincias y del Gobierno Nacional para el monitoreo y evaluación de las metas previstas en la ley.
Sin embargo, este régimen tuvo escasa efectividad para general condiciones sostenibles en las finanzas públicas. Esto se debió tanto a errores de diseño como a falta de compromiso político en la aplicación, que fue consistente con el pobre desempeño fiscal que mostró la Nación a partir de 2008. Entre los errores de diseño, podemos mencionar que la ley promovía el aumento del gasto en los años de crecimiento pero lo restringía durante las recesiones, impidiendo realizar políticas anticíclicas. Debido a esto, en 2009 la limitación de crecimiento del gasto debió ser modificada debido a la crisis financiera internacional. Aunque la economía se recuperó en los años siguientes la relajación de la regla continuó, lo que representó en la práctica la desactivación permanente de la regla fiscal. Por el lado del endeudamiento, la discrecionalidad política a la hora de la aprobación de los mismos debilitó el adecuado control técnico sobre la deuda provincial e inclusive restringió el acceso de algunas provincias a fuentes de financiamiento de largo plazo.
La importancia que la reforma sea convertida en ley fue reconocida en el Consenso Fiscal que firmaron recientemente 23 de las 24 provincias y que se encamina a ser aprobada por el Congreso
Ambas situaciones muestran que la reforma del régimen de responsabilidad fiscal es necesaria para brindar reglas claras y con buen diseño. En lo que se refiere al gasto público, la reforma propone que los gastos primarios (netos de gastos financiados con préstamos provenientes de organismos internacionales, con transferencias con asignación específica y para políticas públicas prioritarias) no podrán crecer por encima del Índice de Precios al Consumidor Nacional, en caso de que las provincias y el Gobierno presenten resultados deficitarios. Esto permite la aplicación de políticas anticíclicas en episodios recesivos. De esta manera, se soluciona uno de los principales problemas de la regla fiscal vigente. Sólo las provincias que presenten superávit financiero podrán deducir gastos en educación, salud y seguridad, lo que provee incentivos a la mejora de la performance fiscal.
Otra innovación es la inclusión de cláusulas de “fin de mandato”, con la prohibición de realizar incrementos del gasto corriente en forma permanente desde dos trimestres antes de la finalización de los mandatos ejecutivos (presidente, gobernador, etcétera), lo que limita las tradicionales incorporaciones masivas de personal a la planta permanente que condicionan financiera y políticamente a los mandatarios entrantes. Adicionalmente se establece que la dotación de personal no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento poblacional proyectada en cada jurisdicción. Estas reglas parecen tener en cuenta la existencia de un ciclo “político” en la dinámica de gasto público en los distintos niveles de gobierno, que es preciso moderar.
Por su parte, continúa el monitoreo de la deuda pública provincial, un punto importante para brindar sostenibilidad a la deuda pública provincial. Se establece que los servicios de la deuda no deberán superar en cada ejercicio el 15% de los recursos corrientes, netos de transferencias a municipios. Sobre este punto, el Consenso Fiscal alcanzado con los gobernadores impulsa la compensación de deudas entre la Nación y las provincias, que mejorará los indicadores de deuda de aquellas jurisdicciones con acreencias frente a la Nación. Adicionalmente la reciente resolución de los conflictos por la asignación de fondos con las provincias (Fondo del Conurbano, Impuesto al Cheque, juicios diversos, etcétera) brinda también mayor previsibilidad a los recursos que recibirán las provincias en los años venideros.
En lo que se refiere al gasto público, la reforma propone que los gastos primarios no podrán crecer por encima del Índice de Precios al Consumidor Nacional, en caso de que las provincias y el Gobierno presenten resultados deficitarios
Un aspecto importante es que la regla de gasto apunta a reducir gradualmente el gasto público en términos del producto en un entorno de crecimiento sostenido, lo que consistente con otras medidas que impulsa el Gobierno (Reforma Tributaria y Previsional) y las metas de reducción del déficit primario. El crecimiento del gasto primario en línea con la inflación puede reducir la importancia del gasto público consolidado (Nación+provincias) en alrededor de 1,4% del PIB por año hasta 2019 si la economía crece en forma sostenida.
En síntesis, la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, en un marco de solución de conflictos entre distintos niveles de gobierno, brinda reglas fiscales orientadas a fortalecer la administración fiscal de las provincias y de la Nación, proveer incentivos para asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas y de esta manera generar condiciones favorables para el crecimiento económico.
