El circuito profesional de tenis atraviesa una tensión creciente que ya no se explica por el calendario o el desgaste físico, sino por una discusión mucho más profunda: quién se queda con el dinero que genera uno de los deportes más globales y rentables del mundo. Las principales figuras del ATP y la WTA salieron a reclamar una distribución más equitativa de los ingresos, con foco en los Grand Slams, y el conflicto amenaza con convertirse en una crisis estructural.
El punto de partida no es nuevo, pero sí más visible que nunca. En marzo de 2025, una veintena de estrellas, entre ellas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff y Aryna Sabalenka, firmaron una carta dirigida a los cuatro Grand Slams (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) para exigir tres cambios clave: mejores premios, más programas de bienestar financiados por los torneos y mayor participación en las decisiones que afectan directamente a los jugadores.
La movida fue coordinada y transversal, con el respaldo de casi todos los top del ranking, incluido ahora el apoyo explícito de Daniil Medvedev y Taylor Fritz, lo que marca un quiebre respecto de los reclamos aislados del pasado y evidencia un frente común cada vez más consolidado dentro del circuito.
Detrás del planteo hay números que explican el malestar. Según la Professional Tennis Players Association (PTPA), los tenistas reciben menos del 20% de los ingresos totales del sistema, muy lejos de ligas como la NBA, donde los jugadores perciben cerca del 50%. En los torneos Masters 1000 y WTA 1000, ese porcentaje ronda el 22% y puede escalar al 26% con bonus, pero en los Grand Slams, que operan de manera independiente, el reparto cae a entre el 12% y el 15%, una cifra que los protagonistas consideran inaceptable en relación con lo que generan.
Los datos recientes refuerzan esa percepción. El Abierto de Australia anunció una bolsa récord de US$ 75 millones, pero con ingresos estimados en más de US$ 460 millones, lo que deja en evidencia que el crecimiento del negocio no se traslada proporcionalmente a los jugadores.
Casos similares se repiten en otros majors: en 2025, el US Open repartió unos US$ 90 millones en compensaciones totales, mientras que Wimbledon y Roland Garros se movieron en cifras cercanas a los US$ 60 millones cada uno, montos elevados en términos absolutos pero todavía bajos en proporción al negocio total.
La discusión, sin embargo, va más allá del premio por partido. Lo que está en juego es el modelo económico del tenis. Los jugadores reclaman que los ingresos provenientes de derechos televisivos, sponsors, venta de entradas y merchandising se reflejen en sus ganancias, bajo el argumento de que ellos son el principal activo del espectáculo. La comparación con otros deportes profesionales, donde existe negociación colectiva y reparto más equilibrado, alimenta la presión.
Las propuestas sobre la mesa son ambiciosas. Los jugadores plantean crear un Consejo de Jugadores en los Grand Slams, elevar progresivamente el porcentaje de ingresos destinado a premios hasta un rango de entre el 16% y el 22% hacia 2030, y establecer fondos específicos para pensiones, licencias por maternidad, asistencia médica, salud mental y cobertura ante lesiones. También se discute que cada major aporte millones de dólares anuales para sostener estos programas, con un esquema creciente en el tiempo.
El reclamo tiene además una dimensión social dentro del propio circuito. La mayoría de los tenistas no vive de los millones que muestran las estrellas. Como advirtió Djokovic, "menos de 400 jugadores pueden vivir realmente del tenis", en un deporte que mueve cientos de millones a nivel global. Mientras figuras como Alcaraz generan decenas de millones entre premios y patrocinios, con ingresos que superan los US$ 60 millones, una enorme base de jugadores apenas cubre costos de viajes, entrenadores y logística, especialmente en niveles Challenger (top 100-600) e ITF (iniciación).
"La distribución de los ingresos es muy diferente en los Grand Slams y en un torneo de 250, por ejemplo, lo que es muy distinto a lo que ocurre en los principales deportes estadounidenses, donde todo se rige por las leyes y la legislación de Estados Unidos. Allí hay un sindicato de jugadores, ellos pueden negociar los términos. Con nosotros es muy diferente, esa fue una de las razones por las que se formó la PTPA: para representar mejor los derechos y las voces de los jugadores, porque no creo que eso se haya hecho al nivel que resulta satisfactorio para la ATP y la WTA a lo largo de los años", comentó Djokovic en su momento.
Y agregó: "Tenemos un problema en la estructura de la ATP. Los jugadores solo tenemos el 50% de esa organización. Hay conflictos de intereses entre torneos y tenistas, nosotros queríamos algo diferente. Somos parte del mismo sistema y no podemos vivir sin el otro, pero muchas veces nos encontramos en situaciones conflictivas. Queremos más dinero. Hay tantos aspectos diferentes de los premios que hay que tener en cuenta, no es tan fácil. Si lo vemos desde una perspectiva general, el porcentaje que los jugadores obtienen de los ingresos es mucho menor que el de la mayoría de los otros deportes".
Del otro lado, los organizadores defienden su posición. La United States Tennis Association, por ejemplo, remarcó su disposición al diálogo y destacó los aumentos sostenidos en el reparto de premios, además de reivindicar políticas como la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero para los jugadores, los incrementos aislados ya no alcanzan: lo que cuestionan es la lógica completa del reparto.
Así, el tenis queda frente a una disyuntiva incómoda: cómo sostener un negocio en expansión mientras quienes lo protagonizan denuncian que reciben una porción insuficiente. El deporte vive un momento de crecimiento, con récords de audiencia, expansión global y cifras cada vez más altas. Pero también enfrenta una presión interna inédita, con jugadores organizados, demandas legales en marcha y una narrativa que ya dejó de ser silenciosa. Lo que antes era un murmullo hoy es un reclamo global, coordinado y difícil de ignorar.
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