24 febrero de 2026
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Los dirigentes del fútbol argentino resolvieron convocar a un paro total de actividades entre el 5 y el 8 de marzo, una medida inédita que implicará la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 y la paralización del resto de las categorías. La decisión fue adoptada en el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presentada por los clubes como una señal política de respaldo institucional frente al avance judicial que involucra al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino en una causa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades fiscales.
El principal vocero del encuentro fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, quien aseguró que la medida se tomó "por unanimidad" y que busca marcar un límite ante lo que definió como un "ataque constante" y un "avasallamiento" contra la entidad y sus dirigentes.
Según explicó, durante la reunión se exhibió información interna que, a criterio de los clubes, demostraría que la denuncia carece de fundamentos sólidos y que las obligaciones cuestionadas fueron canceladas antes de ser exigibles. Para la conducción de la AFA, el conflicto excede el plano penal y se vincula con una disputa más amplia sobre el modelo de gestión del fútbol argentino.
En ese marco, varios dirigentes plantearon que la investigación judicial se enmarca en la discusión por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una figura impulsada por sectores del Gobierno nacional y rechazada por la mayoría de las instituciones afiliadas. "Lo que está en juego son los clubes", insistió Malaspina, al remarcar que se trata de entidades centenarias administradas como asociaciones civiles con un fuerte rol social, deportivo y comunitario.
La postura fue acompañada públicamente por Mario Leito (Atlético Tucumán), Fabián Berlanga (Vélez), Hernán Arboleya (Lanús), Matías Mariotto (Banfield) y Sergio Costantino (San Lorenzo), quienes respaldaron el mensaje sin cuestionamientos internos y sostuvieron que detrás de las denuncias existe un intento de modificar el modelo vigente.
Leito sostuvo que las acusaciones aparecen luego de la negativa dirigencial a aceptar las SAD, mientras que Berlanga subrayó que la AFA representa a clubes de todas las categorías que cumplen funciones sociales más allá del deporte profesional. Arboleya, por su parte, señaló que las instituciones deben defender su identidad histórica y que los embates judiciales reflejan una disputa política sobre el futuro del fútbol argentino. En la misma línea, dirigentes remarcaron que la actividad futbolística constituye una industria relevante para el país y una plataforma de contención social que trasciende lo estrictamente deportivo.
El encuentro contó con la presencia de 26 de los 30 clubes de Primera División. Participaron, entre otros, Ignacio Villarroel (River), Martín Ferré y Kevin Feldman (Racing), Mario Leito (Atlético Tucumán), Fabián Berlanga (Vélez), Cristian Malaspina (Argentinos Juniors), Daniel Vila (Independiente Rivadavia), Juan Manuel Cavagliatto (Instituto de Córdoba), Pablo Bianchini (Platense), Hernán Arboleya (Lanús), Matías Mariotto (Banfield), Marcelo Vázquez (San Lorenzo) y Carlos Montaña (Independiente).
Boca envió un delegado para mantener informada a su conducción mientras el plantel viajaba a Salta, donde debía enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina. Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto justificaron su ausencia y luego adhirieron a la medida, mientras que Estudiantes de La Plata fue el único club que no asistió ni fijó posición pública. Su presidente, Juan Sebastián Verón, ya había mantenido un conflicto con Tapia tras el titulo de la Copa de Campeones otorgado a Rosario Central.
Tras la decisión del paro, varios clubes comenzaron a publicar comunicados oficiales. Central Córdoba de Santiago del Estero fue uno de los primeros en confirmar su adhesión, calificando de "infundado" el ataque judicial y mediático contra la AFA y advirtiendo que la situación genera incertidumbre para instituciones, futbolistas y trabajadores.
El club incluso citó el precedente estadounidense Sheppard vs. Maxwell (1966), al considerar que una cobertura mediática excesiva puede afectar el derecho a un juicio justo. Atlético Tucumán también respaldó a la conducción y consideró "inadmisible" que obligaciones no exigibles sustenten una imputación penal, mientras que Deportivo Riestra replicó un comunicado similar y reiteró la defensa del debido proceso y de la autonomía institucional.
Boca, Independiente y Rosario Central también manifestaron públicamente su apoyo a la AFA. Desde el "Xeneize", la Comisión Directiva expresó su "profunda solidaridad" con Tapia y Toviggino, y señaló que las actuaciones promovidas contra dirigentes de la AFA generan "inquietud institucional" y afectan la normalidad del sistema del fútbol argentino.
La causa judicial tiene como eje una denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre de 2025, en la que se investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos por un monto superior a $19.300 millones, correspondiente al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, existirían más de $7.593 millones en obligaciones no depositadas en tiempo y forma, cifra que luego se amplió con otros $11.759 millones.
El juez en lo penal económico Diego Amarante consideró que hay motivos suficientes para sospechar la participación de los directivos y dispuso el llamado a indagatoria de Tapia y Toviggino para el 5 y 6 de marzo, además de dictarles una prohibición de salida del país, aunque posteriormente se autorizó a Tapia a viajar por compromisos internacionales.
La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a otros dirigentes, entre ellos Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco. La investigación sostiene que la entidad habría omitido el depósito de retenciones impositivas y contribuciones a la seguridad social pese a contar con capacidad financiera para hacerlo, argumento respaldado por movimientos bancarios y balances que muestran ingresos millonarios durante el período analizado. Testimonios incorporados al expediente señalaron que los pagos tributarios dependían de instrucciones directas del tesorero, mientras que la defensa insiste en que las deudas no eran exigibles y que existían resoluciones administrativas que suspendían ejecuciones fiscales a entidades sin fines de lucro.
El cronograma judicial prevé que, tras las primeras indagatorias del 5 y 6 de marzo, continúen las declaraciones de otros directivos en los días siguientes, mientras la Cámara Nacional en lo Penal Económico analiza recursos presentados por la defensa para frenar el avance del expediente. En paralelo, la AFA sostiene que no posee deuda fiscal exigible y que las obligaciones fueron abonadas voluntariamente antes de sus vencimientos, argumento que será clave en la definición judicial.
En ese contexto, el paro del fútbol argentino aparece como una respuesta política inédita, impulsada por la mayoría de los clubes para respaldar a la conducción y defender el modelo asociativo tradicional frente a lo que consideran un conflicto que trasciende lo judicial y pone en discusión la estructura misma del fútbol nacional. La medida no solo afectará la programación deportiva del fin de semana, sino que también profundiza la tensión entre la AFA, el Gobierno y la justicia en un momento de alta sensibilidad institucional para el deporte más popular del país.
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