No hay ninguna certeza, pero se supone que este mes el Gobierno llamará a licitación para el 5G, un proceso que viene demorado y acumula postergaciones. Por un lado, desde el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, aspiran a que la convocatoria implique una recaudación de alrededor de US$ 1.400 millones en un contexto en el que el Estado está urgido de divisas. Por el otro, hay factores técnicos que derivan en sucesivos retrasos.
La clave de esta tecnología para redes celulares es que, a diferencia de las generaciones anteriores, que básicamente servían para conectar a través de un teléfono, permite conformar una red inalámbrica para conectar objetos, lo que se conoce como "Internet de las Cosas", o "IoT", por sus siglas en inglés. Eso supone incorporar a la red cualquier tipo de herramienta y conformar ciudades inteligentes.
La primera generación permitió hablar, la segunda incorporó los mensajes de texto, con la tercera aparecieron los smartphones y las aplicaciones, la cuarta sumó fundamentalmente el video. Pero, en todos los casos, se mantenía la lógica de un servicio desde y para un teléfono y una persona. La quinta generación abre el mercado a usos industriales, pero también da lugar a aplicaciones inmersivas de realidad virtual, a realidad aumentada y a la conexión simultánea de más dispositivos. Esto último significa, por ejemplo, no perder conexión en un sitio concurrido, como puede ser un estadio.
Enrique Carrier, director de la consultora argentina Carrier y Asociados, enfocada en el sector de telecomunicaciones, opina que el proceso de licitación del 5G en Argentina se fue demorando en parte porque el Gobierno estuvo enfrascado en su disputa con las empresas telefónicas a partir del decreto 690/2020.
Éste declaró que el acceso a Internet, telefonía móvil y cable constituyen servicios públicos esenciales y, aunque sigue vigente, ha tenido rechazos judiciales y genera resquemor entre las operadoras, además de impactar en las tarifas. Por eso, antes de invertir, las empresas reclaman certezas en el marco legal y regulatorio del nuevo servicio, pero el gobierno no ofrece mayor previsibilidad.
Por otro lado, aún no se avanzó en cuestiones que debieran ser previas a la licitación, como la frecuencia que se va a utilizar. Si la frecuencia que se pone en juego es utilizada por otras empresas, entonces se requiere una limpieza del espectro, reasignar frecuencias, cambiar equipos. Es un proceso que necesita de mucha anticipación. A esto se le suma que las empresas operadoras deberán invertir sumas importantes en equipamiento nuevo, instalación de antenas, fibra óptica, nuevos software, además de establecer cómo se administrará el nuevo tráfico y cómo se cobrará por el servicio. Pero los beneficios serán necesariamente a largo plazo.
La cifra de US$ 1.400 millones es muy similar a la que se recaudó en 2014 por la instalación del 4G: US$ 1.600. Sin embargo, hoy el escenario es completamente distinto, tanto por la situación macroeconómica del país como por el propio mercado de las telecomunicaciones.
"Hace 9 años, con el 4G, las líneas estaban saturadas, había una desesperación por resolver un problema urgente que hoy no existe en un mercado maduro, que no está en crecimiento. Hoy los nuevos usos que podría tener el 5G no están desarrollados, no se le pueden sacar nuevas funciones más allá del poder tener servicio en un lugar con mucha gente. Además el equipamiento es en dólares y las empresas no saben si los van a obtener. Entre todo, las operadoras no tienen apuro", dice Carrier.
Esto significa que habría muy poca ganancia a corto plazo frente a una necesariamente alta inversión, más aun en un escenario complejo como es el superar el 100% de inflación anual.
Pero al Gobierno no le sirve una subasta desierta.
Debe negociar, quizás aceptando que las empresas paguen un porcentaje a través de bonos de la deuda. La negociación se demora y, de todas formas, teniendo en cuenta el escenario de deuda, inflación y las consecuencias de la sequía, aquellos US$ 1.400 millones podrían ser tan sólo un vaso de agua en el desierto.
Seguramente las tres operadoras de telefonía móvil en Argentina (Claro, Personal y Movistar) sean las únicas dispuestas a invertir. Si bien podrían asociarse a empresas extranjeras que ya operen en la región, es difícil que surjan nuevos operadores que necesariamente tendrían que salir a quitarle clientes a los actores ya instalados en el mercado. Sin crecimiento notable en cuanto a cantidad de clientes, simplemente no hay interés en expandirse.
Aun así, se están realizando ciertas pruebas en el país. Por ejemplo, Personal utiliza dentro del 5G una variante que comparte el espectro de 4G, en modalidad de Compartición Dinámica de Espectro (DSS, por sus siglas en inglés). No es igual que un 5G full, pero ofrece una leve mejora y le sirve a la empresa para ir poniendo a punto la red y ver cómo funciona. "Lo vienen haciendo de a poco y ahora tienen unas 150 antenas. Pero es algo experimental", explica Carrier.
A esto se le suma el factor geopolítico, la carrera tecnológica por captar mercados para China o para Estados Unidos. Pero también, una vez instalado el 5G, una vez que funcione el "Internet de las Cosas", la posibilidad de sabotaje. Si todo está conectado a una misma red, alguien con acceso podría hacer colapsar ciudades enteras. Es un escenario lejano y distópico que suena más a paranoia que a un riesgo concreto, aunque también es parte del debate.
Con tantos temas por resolver y en medio de un año electoral, los anuncios deberían llegar pronto.
Aunque no sería sorprendente que volvieran a postergarse.
