Conocer quiénes son nuestros legisladores, qué iniciativas presentaron durante sus gestiones, cuáles se aprobaron o cuánto dinero manejan favorece el control y la participación ciudadana. Con esa premisa, organizaciones civiles midieron el nivel de transparencia de los congresos de la región y, de 13 países, Argentina quedó en sexto lugar.
Del relevamiento, que se realizó para la Quinta Edición del Indice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, el Congreso Nacional quedó en mitad de tabla con un puntaje de 44,2%. Pasó del noveno al sexto lugar en el informe realizado por 32 organizaciones no gubernamentales.
Para medir cuán efectivos son los mecanismos de transparencia del Poder Legislativo, se tomaron en cuenta cuatro dimensiones: normatividad; labor del Congreso; presupuesto y gestión administrativa y participación ciudadana. El estudio se realiza cada dos años para, de esa manera, evaluar cuáles fueron los avances o retrocesos.
Chiara Balestrero, responsable de Proyectos de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, la fundación que tuvo a cargo el estudio en el país, explicó a ElAuditor.info que en esta última medición se desarrolló una revisión metodológica. “Se incorporaron nuevos contenidos para evaluar como transparencia activa, parlamento abierto y mecanismos de participación ciudadana con enfoque de género o de poblaciones vulnerables”, señaló.
Además indicó que, si bien se mantuvieron las dimensiones tradicionales, se alteraron los porcentajes de ponderación dándole más importancia a los procesos de participación ciudadana. “Es un aspecto central en el proceso de transparencia y apertura. El índice elevó el estándar de transparencia legislativa y esto provocó naturalmente una caída en el promedio regional de apertura parlamentaria”, comentó Balestrero.
Bajo promedio de transparencia en la región
La última medición evidenció que aún resta mucho por hacer en los Congresos latinoamericanos para alcanzar un alto nivel de apertura y transparencia. Los resultados arrojaron una caída en el promedio regional de apertura parlamentaria, del 58,9% en 2018 pasó a 39,6% en 2020.
En ese sentido, Balestrero destacó que el Congreso de Argentina “registró una caída menor a los tres puntos y por eso logró mejorar su posición y se ubicó en el puesto seis”, aunque consideró que “queda un amplio camino por recorrer”.
El país mejor posicionado en el índice fue Chile con un puntaje de 59,6%. Le siguió Costa Rica con el 52,1%, Colombia con el 47,8%, Paraguay con el 47,8%, México con el 47,4% y en el sexto lugar Argentina con 44,2%. Venezuela ocupó el último lugar con el 16,3%. Todos obtuvieron menos puntos en relación al relevamiento realizado en 2018, aunque el de Argentina fue el que menos cayó.
Lo mejor y lo peor en Argentina
El Legislativo consiguió mayor calificación en lo relativo a mecanismos de instancias participativas. “El sitio de Leyes Abiertas fue destacado como buena práctica. Celebramos contar con el portal de datos, ahora el desafío es que se actualice. No hay información abierta sobre licitaciones, misiones oficiales, contrataciones en Diputados. En lo que refiere al Senado, falta información actualizada sobre becas y subsidios”, indicó Balestrero.
La dimensión con menor puntaje fue la de presupuesto y gestión administrativa. Según explicó la referente de Directorio Legislativo, sigue faltando información sobre quiénes asesoran a los legisladores y qué tipo de contrataciones se realizan. “Que se publique esta información depende de la voluntad de los despachos de cada legislador y no todos lo hacen”, sostuvo.
Desde la organización a cargo de la medición en el país subrayaron dos aspectos fundamentales en los que se requiere de una intervención inmediata: designar un titular en la Agencia de Acceso a la Información y reglamentar una normativa sobre el lobby.
“En 2018 se creó la agencia con aprobación de ambas cámaras pero jamás se designó a su director ni se puso en funcionamiento. La ciudadanía está frente a una situación de desamparo. Necesitamos que cuanto antes las autoridades del Congreso den inicio a un proceso transparente de designación y que quien lo ocupe sea una persona comprometida y con vasta experiencia. Por otro lado, necesitamos una ley de lobby porque no hay regulación sobre la actividad de los legisladores con actores externos al Congreso nacional. Conocer la agenda de quiénes desarrollan el trabajo legislativo aumentará la eficacia en el proceso de toma de decisiones”, señaló Balestrero.
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