El 26 de febrero, un avión privado Bombardier Global 5000 aterrizó en Aeroparque con una única pasajera a bordo y diez valijas. Según el nuevo dictamen de los fiscales que investigan el caso, solo cinco habrían sido declaradas y el equipaje no habría sido debidamente controlado.
La pasajera era Laura Belén Arrieta, organizadora de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Buenos Aires, evento del que participó Javier Milei. Arrieta trabaja para Leonardo Scatturice, comprador de Flybondi, propietario del avión y nexo entre el Presidente y Donald Trump.
El vuelo llegó desde Miami y permaneció en situación de tránsito en el aeropuerto porteño hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París con una escala en Tenerife. Arrieta había informado a Migraciones que su destino final era Estados Unidos.
Según el dictamen de los fiscales, "se observa que los tripulantes y la pasajera fueron reconducidos por personal aduanero hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje". Así lo determinó la reconstrucción realizada con material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el mismo lapso de tiempo y sector, todos los demás pasajeros "fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner".
El escrito, difundido por TN, subraya que "esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa", ya que no se debió a una congestión ni a un protocolo activado por un dispositivo específico.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no se refirió al tema.
Las sospechas sobre el ingreso irregular del avión fueron originalmente expuestas por el periodista Carlos Pagni quien, además, había señalado la relación de confianza entre Scatturice y Santiago Caputo. En aquel momento, Adorni había desmentido la denuncia: "Esta persona se ha sometido a todos los controles de la Aduana, sin detectarse nada extraño. El avión provenía de Estados Unidos, de donde salió cumpliendo con todos los chequeos y procedimientos". La Aduana también había respaldado esa versión en un comunicado oficial.
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