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Ultimátum de Tetaz y Valenzuela: "Lo resuelven por las buenas o termina con las cuentas de La Matanza embargadas"

Con un cheque en mano por el valor de $70.000 millones, la suma estimada de dinero extra que recibió el municipio que comanda Espinoza

Exigieron que Kicillof firme la modificación del régimen de coparticipación en base a los nuevos datos de población
Exigieron que Kicillof firme la modificación del régimen de coparticipación en base a los nuevos datos de población
27 febrero de 2023

Frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, el diputado nacional Martín Tetaz y el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela realizaron un pedido público para que el gobernador Axel Kicillof intervenga frente a los datos contundentes de los censos 2010 y 2022 de La Matanza en cuanto a su población.

Con un cheque en mano por el valor de $70.000 millones -la suma estimada de dinero extra que recibió el municipio que comanda Fernando Espinoza sumando el 2023- solicitaron que se abra una mesa de negociación para ver cómo se devuelve el dinero que se fue acumulando todos estos años. 

Además exigieron que Kicillof firme la modificación del régimen de coparticipación en base a los nuevos datos de población para que los fondos se empiecen a repartir entre los 134 municipios bonaerenses de manera correcta en función del Censo 2022. 

Valenzuela y Tetaz han sido denunciantes durante 2022 de la adulteración de los datos de La Matanza en el Censo 2010, tanto en la justicia como en el Congreso.

"Alguien tiene que pagar por haber adulterado un documento público y por haberse robado la plata que no le correspondía. O lo resuelven administrativamente por la buenas o termina en la Justicia con una imposición y con las cuentas de La Matanza embargadas", advirtió Tetaz, quién en marzo de 2022 presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados advirtiendo sobre las irregularidades del Censo 2010 y demandando una investigación.

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Por su parte, Valenzuela, que en abril de 2022 interpuso una denuncia judicial para que se investigue el Censo 2010 por las evidentes inconsistencias que fueron apareciendo, señaló la importancia que el tema tiene para la gestión pública municipal.

"Esto mantiene en un clima de incertidumbre e injusticia a los 134 municipios perjudicados, que además son el primer mostrador de la democracia y de la gestión pública. La coparticipación a los municipios depende en un 36% de la población, con lo cual el dinero se estuvo repartiendo mal durante años y se lo sigue haciendo erróneamente, al no actualizar el Gobierno provincial los coeficientes". 

Y concluyó: "Necesitamos gestionar con la verdad, con los datos claros y oficiales del Censo 2022. Por eso hemos venido a pedirle al gobernador que no demore una solución. No alcanza con corregir de ahora en adelante. Hay que revisar y compensar los últimos 12 años".

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