A principios de marzo pasado, en consonancia con el marco de austeridad impuesto por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tomó varias medidas que generaron una importante reducción en los pasajes mensuales que reciben los legisladores: "En esta ocasión, se redujo la emisión mensual de pasajes aéreos por diputado, lo que anualmente implica un ahorro de 12.336 pasajes. Además, se ha procedido a la suspensión del contrato de acceso a Salones VIP en aeropuertos, y a la supresión de la normativa que permitía la emisión de pasajes a nombre de diputado con mandato cumplido".
Esta nota no centra su atención en este hecho, el cual no puede ser más auspicioso, sino en una característica propia del sistema de asignación de pasajes: el hecho que los diputados cuentan con un menú de opciones para, naturalmente, elegir la que más se adecúa a sus necesidades. Una práctica, por cierto, lógica y razonable.
Tabla de opciones del régimen de pasajes y tramos (Anexo III RP 333/2024)
- Opción 1: 10 tramos nominados (aéreos o terrestres) + 10 tramos aéreos innominados + 16 tramos terrestres innominados.
- Opción 2: 10 tramos nominados (aéreos o terrestres) + 10 tramos aéreos innominados + movilidad $ 281.250.
- Opción 3: 10 tramos nominados (aéreos o terrestres) + 16 tramos terrestres innominados + movilidad $ 112.500.
- Opción 4: 10 tramos nominados (aéreos o terrestres) + movilidad $393.750.
- Opción 5: Para diputados/as que declaren domicilio legal a menos de 100 km. de CABA, movilidad $ 511.875.
No tengo duda alguna que todo diputado prefiere la posibilidad de decidir entre las alternativas listadas, frente a la existencia de tan sólo una de estas alternativas. Nadie puede estar peor por tener la oportunidad de elegir.
Sin embargo, esta flexibilidad no es compartida por el resto de los ciudadanos en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana, lo cual no se condice con el art. 16 de la Constitución Nacional, el cual establece que todos los habitantes son iguales ante la ley: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas".
La educación nos provee una clara ilustración de este hecho.
En los últimos años, numerosas familias han optado por enviar sus hijos a escuelas de gestión privada, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. Es claro que cada ciudadano que toma esta decisión debe pagar dos veces por la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos directos e indirectos y otra a través del pago a la escuela elegida.
Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿no es razonable que familias también cuenten con un menú de opciones?
Por ejemplo, que aquellas familias que opten por enviar a sus hijos a una escuela de gestión privada reciban una reducción en su carga impositiva similar al costo de educar a sus hijos dentro del sistema de educación pública.
Resulta tan sencillo afirmar que ninguna familia podría estar peor por tener la posibilidad de elegir, como lo es el afirmar que ningún diputado lo está por contar con dicha opción.
