La Cámara de Senadores sancionó las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que busca proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados por plazos de entre 30 y 60 años. Su objetivo es evitar prácticas especulativas de los emprendimientos inmobiliarios o productivos.
La iniciativa fue impulsada por Máximo Kirchner, el influyente presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, y comenzó a ganar fuerza tras los incendios que hubo en los útlimos meses en varios distritos.
La ley obtuvo 41 votos positivos por parte del oficialismo y 28 en contra del interbloque de Juntos por el Cambio. El senador del FdT por Corrientes, Carlos "Camau" Espínola, fue el único que se abstuvo.
La oposición rechazó la el proyecto, argumentando que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, sean o no intencionales.
La senadora del PRO Gladys González consideró que la ley "mezcla todo" (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.
Para González, cuando una "ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada" y observó que hubo diputados del oficialismo que "no se animaron a sugerirle modificaciones” a Kirchner. "Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, pero no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad", precisó.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, a su vez, opinó que el proyecto "es cero federal" e "inconstitucional", ya que afecta "el derecho de propiedad privada".
Por su parte, el senador Alfredo De Angeli, ex productor agropecuario, pidió que la propuesta vuelva a comisión, pero su iniciativa fue rechazada tras una votación. "Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores", aseveró.
Ayer, la Mesa de Enlace advirtió que el proyecto de ley para evitar prácticas especulativas en tierras incendiadas "pone en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país" e impone "restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad".
De acuerdo con la información que expuso la senadora del FdT Ana Almirón, que ofició de miembro informante, "Argentina ardió en llamas literalmente" y hubo 900.000 hectáreas afectadas en 22 provincias y que "más del 90%" de los incendios "se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido". "Es sumamente urgente" una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, en contra de las críticas de la oposición. "No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente", proclamó.
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre. Contó con 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
La ley establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio".
También impide que durante ese lapso "la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".
La propuesta no permite, además, "la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".
En la iniciativa se establecen las mismas restricciones, pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.
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