30 octubre de 2024
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La oposición dará este miércoles un paso clave para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia como herramienta de Gobierno. Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento continuará analizando una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso.
La norma sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. Ésta le asigna vigencia a esos decretos si no los rechazan las dos cámaras del Congreso.
Los 15 proyectos que están en discusión en el plenario de comisiones buscan modificarla y establecer que un DNU quede anulado si una de las cámaras lo rechaza o si no lo aprueban ambas.
La propuesta fue realizada por Encuentro Federal, y respaldada por los bloques opositores de la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Proyecto minimalista pero profundo
Para alcanzar un texto consensuado y alzarse con el despacho de mayoría, la oposición plantea un proyecto con pocos pero rotundos cambios que permitan sumar voluntades.
El primero de los cambios tiene que ver con fijar un plazo de vigencia del decreto: la idea es que si en ese plazo (discuten si 90 o 120 días) el decreto no se aprobó en ambas cámaras, quede automáticamente sin efecto. "Eso obligará al Presidente a buscar consensos y dejar de imponer por DNU lo que no le sale en el Parlamento", sentencian.
El otro cambio será que baste el rechazo de una sola Cámara para que el DNU quede sin efecto.
Así, los decretos quedarían aprobados o rechazado con el mismo criterio que una ley: aval de las dos cámaras para quedar firme y rechazo de una sola para caer.
La estrategia
El tema es de preocupación para la Casa Rosada. Lo cierto es que en apenas diez meses, Javier Milei dictó 43 decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un récord que excede lo emitido por los últimos presidentes en su primer año de gestión, salvo el de la pandemia.
Sin esa herramienta podría complicarse el accionar del Gobierno que, aunque busca acuerdos con otras fuerzas, muestra una fuerte debilidad parlamentaria.
La estrategia del oficialismo será la de ganar tiempo y evitar que esa reforma se vote este año en el recinto, donde el Gobierno tendría muy complicado obtener un triunfo. El calendario juega a favor de La Libertad Avanza: quedan apenas 10 semanas por delante en el período de sesiones ordinarias y la agenda está concentrada en la discusión por el Presupuesto 2025.
Las voluntades
Los dialoguistas buscan los votos de Unión por la Patria para alzarse con el dictamen de mayoría. Encuentro Federal también busca el aval del nuevo bloque radical, Democracia para Siempre, donde hay algunas diferencias y podrían inclinarse por firmar el dictamen mayoritario pero en disidencia.
Entre los denominados "radicales peluca" se mantiene el hermetismo sobre el tema y van a definirlo en la reunión de bloque.
El PRO, que siempre había militado modificaciones a esta ley, ahora no acompañará. El argumento que esbozan es que, con un Gobierno en situación de minoría parlamentaria, sería muy grave impedirle el uso de esa herramienta al Presidente.
"Cuando lo apoyábamos lo hacíamos porque la ley había venido para reforzar la tiranía de las mayorías, para obturar la posibilidad de desacuerdo y dejar correr la escribanía que habían generado. Cuando hay un cambio cultural social, gobierna un espacio distinto quieren caer con todo el peso para recortar ese cambio. No me parece la manera. El instituto de los DNU también garantiza la gobernabilidad", había defendido su postura Silvana Giudici (PRO), referente de Patricia Bullrich que incluso tiene un proyecto presentado en el pasado sobre el tema.
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