24 octubre de 2024
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Pichettistas, radicales, lilitos y peronistas trabajan a contrarreloj para acordar un dictamen que reemplace la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia, para así limitar su uso por parte del Ejecutivo. Pero no se trata de una tarea fácil.
La intención de los opositores es modificar la ley 26.122, sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, que reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. Ésta le asigna vigencia a esos decretos si no los rechazan las dos cámaras del Congreso.
Los 15 proyectos que están en discusión en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento buscan modificarla y establecer que un DNU quede anulado si una de las cámaras lo rechaza o si no lo aprueban ambas.
La propuesta fue realizada por Encuentro Federal, y respaldada por los bloques opositores de la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
La estrategia
El tema es de preocupación para la Casa Rosada. Lo cierto es que en apenas diez meses, Javier Milei dictó 43 decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un récord que excede lo emitido por los últimos presidentes en su primer año de gestión, salvo el de la pandemia.
Sin esa herramienta podría complicarse el accionar del Gobierno que, aunque busca acuerdos con otras fuerzas, muestra una fuerte debilidad parlamentaria.
Dilatar el debate
La estrategia del oficialismo será la de ganar tiempo y evitar que esa reforma se vote este año en el recinto, donde el Gobierno tendría muy complicado obtener un triunfo. El calendario juega a favor de La Libertad Avanza: quedan apenas 10 semanas por delante en el período de sesiones ordinarias y la agenda está concentrada en la discusión por el Presupuesto 2025.
En ese marco, La Libertad Avanza quería dar más tiempo de debate, pero la oposición se negó. Quieren dictaminar el miércoles que viene para llegar con los plazos antes que se termine el periodo ordinario.
Pero lo cierto es que pese a que los impulsa la intención de limitar al Presidente, los diputados de la oposición no coinciden en los criterios básicos para reformar la ley vigente. Todo indica que la semana próxima se presentarán al menos tres propuestas distintas y que difícilmente se logre avanzar en una nueva norma antes de fin de año.
El PRO que viene alentando la modificación de la ley y tiene proyectos, ahora decidió que no acompañará.
Las disidencias
Las disidencias giran en torno a dos cuestiones básicas. Una de ellas es si la reforma de la ley que regula el tratamiento legislativo de los decretos debe imponer un plazo al Congreso para que se pronuncie sobre la validez o no de la medida presidencial.
En la actualidad la norma no prevé plazos, lo que permite que un DNU quede vigente con el silencio del Congreso o con el aval de solo una de las cámaras. Si bien hay consenso para revertir este proceso, conocido como "sanción ficta", no está claro cómo hacerlo.
La otra cuestión a dirimir es la bicameralidad. Hay quienes sostienen que con el rechazo de una sola de las cámaras bastaría para que éste quede derogado. Otros, en cambio, insisten en que el rechazo debe provenir de ambas cámaras.
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