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Juicio por YPF: la Corte de EE.UU. falló en contra de la Argentina

24-06-2019
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El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó hoy el intento de Argentina para que una demanda por la estatización de la compañía YPF se resuelva ante la justicia argentina tras confirmar la jurisdicción estadounidense, allanando el camino para que una demanda de accionistas avance en la nacionalización de la compañía en 2012. El país puede ser condenado a pagar US$ 3.000 millones.

Con este nuevo fallo, la Jueza del caso, Loretta Preska, podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales.

Fuentes oficiales sostienen que se estuvo discutiendo durante dos años una excepción y un especial pronunciamiento, para definir la jurisdicción, el problema es que no hubo espacio en la discusión discutís para desplegar todos los argumentos de la defensa. Con esta resolución definitiva, desde el gobierno consideran, que tiene pilares técnicos y político muy sólidos, para enfrentar el juicio.

También, desde el Gobierno, creen que Preska es inquebrantable al momento de aplicar la ley, algo que les abrirá la puerta para demostrar que la compra de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta.

La resolución unánime ratifica el fallo del año pasado de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. que permitió a Petersen Energia Inversora SAU, una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria del 25% de YPF, seguir adelante con sus reclamos de incumplimiento de ley y sobre todo, que el caso procediera bajo la excepción de "actividad comercial" del Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA).

El rechazo es una victoria para el fondo buitre Burford Capital Ltd., que financia la demanda de Petersen Energia Inversora SAU. Petersen, que tenía una participación del 25% en YPF en el momento de la nacionalización, dice que la compañía incumplió una promesa contractual en sus estatutos para hacer una oferta a los accionistas y que las empresas españolas se vieron obligadas a declararse en bancarrota tras la decisión del gobierno argentino de tomar el control.

Argentina y YPF argumentaron sin éxito ante el Tribunal Supremo que la demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, estaba prohibida por una ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos. La administración de Trump en mayo instó a la Corte Suprema a no ocuparse de las apelaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=clzywNQ30Rs

La acción del tribunal superior abre a Argentina a la posibilidad de tener que pagar aún más dinero a los acreedores. El país ya estuvo atrapado en una batalla de deudas durante años con fondos de cobertura liderados por el multimillonario Paul Singer, aunque el presidente Mauricio Macri pagó hace tres años para poder acceder a los mercados mundiales de bonos.

Argentina tomó el control de YPF al expropiar el 51% de sus acciones de la española Repsol YPF SA, que en ese momento era el accionista mayoritario. Petersen dice que causó que el valor de sus acciones cayera precipitadamente.

La demanda acusa a Argentina de expropiar el 51% de YPF SA en 2012 en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.

En su presentación, el grupo empresario también afirma que "YPF no hizo cumplir una disposición que elimina los derechos de voto y dividendo de cualquier adquirente. Esos estatutos se adoptaron en 1993, cuando YPF era una empresa estatal y pasó a ser privada".

El FSIA prohíbe la mayoría de las demandas que desafían los actos de gobiernos extranjeros , pero la excepción permite reclamos basados ??en "un curso regular de conducta comercial o una particular

"Esto continúa una serie ininterrumpida de victorias para el caso de Petersen en los tribunales", explicó Burford en una declaración. "Si bien estamos satisfechos con esta decisión, es importante enfatizar que este fallo se relaciona únicamente con una cuestión jurisdiccional preliminar y no presagia ningún resultado en particular en el litigio subyacente".

En paralelo, Burford también anunció que había vendido un 10% más de interés en Peterson por US$ 100 millones, valorando el derecho total de Peterson en US$ 1.000 millones. Burford ahora tiene una participación del 61% en el acuerdo.

Frente a ese panorama, los negociadores argentinos presentarán tres líneas argumentativas. La primera es que el estatuto de YPF no proscribe esa obligación. La segunda es que, si eso ocurriera, una ley de Expropiación está por encima de cualquier contrato de ese tipo.

Y, por último, el Estado sostendrá, según fuentes con acceso a esa estrategia, que Burford está violando la legislación sobre sociedades argentinas, que impiden que un accionista le inicie una demanda a otro accionista.

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