La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reconoció que el dato de inflación de febrero, que fue del 6,6%, "es malísimo".
"El dato de inflación es malo, malísimo y además no era el esperado, así que el Gobierno sigue con su compromiso firme de terminar de avanzar en controlar los precios, la inflación, que vayan bajando", sostuvo la funcionaria nacional.
En la conferencia de prensa que brinda los jueves en Casa Rosada, la vocera señaló que se pueden "dar explicaciones" respecto al incremento de los precios, "pero no son excusas frente a los que tienen que ir todos los días al almacén".
En ese sentido, indicó que a causa de la sequía aumentaron los precios de la carne y los lácteos, así como también apuntó contra las empresas de telecomunicaciones. La división de mayor aumento del Índice de Precios en el mes fue "Alimentos y bebidas no alcohólicas", que reportó una suba del 9,8%, y la segunda "Comunicación" (7,8%).
"Las empresas de telefonía, de cable, de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios", lanzó Cerruti.
Además, destacó que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, "están trabajando juntos, codo a codo y tienen el mismo compromiso para que esta situación (la elevada inflación) se solucione lo más pronto posible".
"Confiamos en que las medidas que se están tomando a nivel macroeconómico y para estabilizar los precios van a funcionar, pero necesitamos que funcionen lo más rápido posible", añadió.
"El Gobierno entiende que la inflación es la principal preocupación de los argentinos", insistió.
Cerruti sobre Edesur: "El Estado evaluará la quita de la concesión"
La portavoz de la Presidencia confirmó que el Gobierno "está avanzando" en la presentación de una denuncia penal "en las próximas horas" contra la empresa Edesur por los sucesivos cortes de energía eléctrica y señaló que, paralelamente, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) trabaja en la presentación de un informe que "pone de manifiesto todos los puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión" a la compañía.
Así lo expresó en el marco de su habitual conferencia de prensa de los jueves, en la que precisó que la denuncia penal que será presentada en las próximas horas contra los integrantes del directorio de Edesur será por los presuntos delitos de "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona".
"También está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todos esos puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la empresa Edesur. Este es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y que se va a hacer a través de los organismos correspondientes para cuidar también los intereses del Estado Argentino. Una vez que esté el informe completado, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de concesión para la empresa Edesur", puntualizó la portavoz de la Presidencia.
Cerruti inició hoy su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada refiriéndose al tema y remarcó que la actual situación que enfrentan miles de usuarios sin servicio es una de las "consecuencias de las privatizaciones que hizo el liberalismo".
- En referencia a una eventual quita de la concesión y una posible reestatización, Cerruti dijo que "no es una cuestión de 'Estado sí o Estado no', sino de que el usuario tenga el servicio que deba tener".
Asimismo, planteó la "diferencia notable" en relación a otros concesionarios del servicio de distribución y comparó a Edesur, con "más de 75.000 usuarios en las últimas semanas, que tuvieron cortes extendidos", con Edenor, que tuvo "cortes en no más de 6.000 usuarios".
Cerruti reiteró los conceptos vertidos por el interventor del ENRE, Walter Martelllo, en el sentido del cuidado con el que se analizará la situación ante posibles demandas de Enel, la controladora de Edesur.
Al respecto, la portavoz indicó que "la forma en que se hicieron las privatizaciones en los '90 implica que puede haber un perjuicio para el Estado al tomar una decisión sobre este tema", dado que la concesión fue concedida "por 100 años".
Por tal razón, precisó que, "una vez que esté completado el informe del ENRE, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de la concesión".
