El Senado se prepara para aprobar el próximo miércoles, la ley de sostenibilidad de deuda, que habilita al Poder Ejecutivo a renegociar la los compromisos contraídos, fundamentalmente aquellos de 2005 y 2010, además de los adquiridos desde el 2016 bajo legislación extranjera.
El proyecto será puesto a discusión el mismo día en que el presidente Alberto Fernández finalice su gira por Europa, tras haber mantenido reuniones con el papa Francisco y los jefes de Estado de Italia, Alemania, España y Francia y con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas.
Mañana la Cámara Alta deberá poner en funcionamiento la comisión de presupuesto, para lo que deberá constituir autoridades y así emitir dictamen. Al frente de la misma quedará el cordobés Alberto Caserio.
Dado que el dictamen no tendrá una semana desde su emisión, la aprobación definitiva del proyecto (que ya obtuvo la media sanción la semana pasada con 224 votos afirmativos) deberá contar con mayoría especial (dos tercios). En principio, el Frente de Todos que cuenta con el bloque mayoritario de 41 legisladores no tendrá dificultades dado que desde Juntos por el Cambio, seguramente votará en línea con los realizado por su bloque en Diputados. El bloque más grande de la oposición cuenta con 26 legisladores.
Mientras Fernández peregrina por Europa en busca de los apoyos que le den un aval para la renegociación de la deuda, fundamentalmente la contraída con el FMI, el Congreso aprobará la norma que habilita a la Casa Rosada, a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”.
Con la ley aprobada, el área de Economía queda autorizada a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos. Durante la sesión también se dará ingreso a pliegos de embajadores enviados por el Ejecutivo, entre los que se encuentran Jorge Argüello, (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Chacho Alvarez (Perú), Domingo Peppo (Paraguay) o el actual diputado Fernando Solanas, ante la UNESCO.
Fuentes del FdT sostuvieron ante El Economista que la Casa Rosada busca impulsar más sesiones antes del inicio del período ordinario aunque admiten que “hay poco tiempo”.
El Gobierno todavía tiene en carpeta la creación del Consejo Económico y Social, y buscan su aprobación del organismo que podría ser encabezado por el exministro Roberto Lavagna, antes del 1º de marzo.
También quedó en suspenso el tratamiento de la reforma judicial, en la que trabajan tanto Gustavo Béliz, como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, aunque el oficialismo cuenta con poco tiempo para lograr reunir los consensos, en un tema tan delicado.
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Piden emergencia en Santa Fe
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Gisela Scaglia y Federico Angelini presentaron un proyecto para “declarar por 365 días la emergencia en seguridad” en Santa Fe, ante “la violenta ola delictiva” en atraviesa la provincia. “Los santafesinos estamos desde hace años en vilo por la impericia y desidia de los que debieron hacerse cargo de este flagelo y, por algún motivo, no lo hicieron”, manifestó Angelini en un comunicado, direccionando sus críticas a los doce años de gestión del socialismo. En ese marco, el diputado del PRO, resaltó que el gobierno de Alberto Fernández debe ser “más activo, como lo fue durante la gestión de Patricia Bullrich donde se tuvo la decisión política de ir de lleno contra los narcos”.“La tasa de homicidios de Santa Fe duplica la media nacional, mientras que las ciudades de Rosario y la capital provincial la triplican. Hemos llegado a una situación límite, en la que el gobierno provincial necesita herramientas extraordinarias y en carácter urgente para hacer frente a las mafias”, apuntó
