8 octubre de 2025
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El Gobierno promulgó este miércoles la Ley Nicolás, que busca prevenir los casos de mala praxis médica y garantizar una atención sanitaria segura y de calidad. La norma, aprobada en septiembre por el Senado y publicada en el Boletín Oficial como Ley 27.797, constituye el primer encuadre legal sobre seguridad del paciente en la Argentina.
Inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en 2017 luego de recibir un diagnóstico erróneo —le informaron que tenía una alergia cuando padecía meningitis—, la ley apunta a reducir los daños evitables en la atención médica, mejorar las condiciones laborales del personal de salud y protocolizar los procesos clínicos.
Según el texto oficial, "la ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y comunidades, promoviendo la mejora de las condiciones de práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas y la disminución de daños evitables".
Entre sus principales medidas, se crea el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), un sistema no punitivo para reportar incidentes, eventos adversos y situaciones que requieran investigación. El organismo deberá garantizar la confidencialidad de los reportes y adoptar medidas preventivas frente a las notificaciones.
La ley también dispone que, si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, esa medida se aplicará en todo el país. Además, exige que las instituciones de salud adopten criterios transparentes y equitativos en la selección de personal, e informen a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS) sobre las sanciones o restricciones vigentes.
Otro punto clave es la digitalización obligatoria de las historias clínicas: dentro de un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán contar con plataformas interoperables para el registro médico.
Durante el debate parlamentario, la senadora Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) remarcó que "las fallas humanas que derivan de diagnósticos errados pueden existir y no deben negarse; por eso es importante registrarlas sin que eso signifique una denuncia".
El proyecto fue impulsado en 2021 por Gabriela Covelli, madre de Nicolás y fundadora de la ONG Por la vida y la salud, que desde entonces reclama una legislación que mejore la trazabilidad de los errores médicos y aumente las penas en los casos de negligencia grave.
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