El federalismo no es una consigna ni una formalidad constitucional. Es el principio que organiza el poder en la Argentina y que garantiza que cada provincia se gobierne a través de sus instituciones y de la voluntad de su pueblo.
Por eso el proyecto del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni (LLA), que propone la posibilidad de una intervención federal sin que exista una situación de gravedad institucional, no es un debate más. Es tensionar uno de los pilares del sistema democrático.
La intervención es un recurso excepcional. Solo procede cuando se encuentra alterado el funcionamiento de los poderes del Estado o vulnerados derechos esenciales. No puede ser utilizada como herramienta política ni como atajo frente a lo que no se dirime en las urnas.
En Formosa no hay quiebre institucional. El Poder Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial ejerce sus funciones con normalidad. Hay división de poderes y plena vigencia del orden democrático.
Y hay un pueblo que elige.
Un pueblo que ha definido un rumbo y lo ha sostenido en el tiempo. Esa decisión es la base de toda legitimidad. Desconocerla o intentar reemplazarla desde afuera no solo es improcedente: es incompatible con el federalismo.
No se puede invocar la República mientras se pretende alterar el funcionamiento de las instituciones. No se puede hablar de institucionalidad mientras se relativiza la voluntad popular.
El rechazo a este tipo de planteos ha sido claro y transversal. Intendentes, organizaciones sindicales, entidades profesionales y distintos actores institucionales coincidieron en que no existen condiciones para una intervención y que avanzar en ese camino implicaría un atropello a la autonomía provincial.
También desde el ámbito jurídico se ha señalado con precisión que la intervención federal es una herramienta excepcional, que no puede ser utilizada como parte de la disputa política sin afectar la solidez institucional.
Las provincias no pueden intervenirse cuando sus instituciones funcionan. La voluntad del pueblo de Formosa, expresada en las urnas, debe ser respetada.
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