El oficialismo de la ciudad de Buenos Aires intenta bajarle la espuma del ruido político generado luego de que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, anunciase que el GCBA se haría cargo de la concesión de grúas y acarreos en la Ciudad.
Fuentes de Vamos Juntos en la Legislatura porteña aseguraron ante El Economista, que por primera vez desde el año 2006, la Ciudad tiene una ley que establece los parámetros para una licitación en el servicio. Y es que desde el año mencionado hasta la actualidad, la Legislatura porteña ha sancionó cinco leyes las cuáles todas quedaron trabadas por amparos lo que le ha impedido al gobierno porteño licitar.
El dato insoslayable es que el anuncio de Miguel llega luego de que los legisladores de la CC ARI, amenazaran con acompañar un proyecto que lo que proponía era suspender al servicio de acarreo.
El segundo dato que no pasa desapercibido es que dicho proyecto se hubiese tratado en una sesión especial, la cuál había sido convocada para hoy con 28 firmas reunidas por el Frente de Todos, junto a los legisladores de izquierda y los libertarios, que responden a Javier Milei.
Los 28 legisladores de la oposición habrían necesitado de los 4 “lilitos” para obtener el quórum. Aún así, el proyecto (cuyo autor es el legislador del Frente de Todos, Juan Valdés) no podría haber sido tratado dado que su debate requiere de dos tercios de los presentes (40) al no contar con dictamen.
En tanto en el oficialismo de la Ciudad aseguran que de haberse aprobado el proyecto de Valdés, ello hubiera significado dejar un flanco para que las empresas que hoy prestan el servicio litiguen contra el Gobierno de la Ciudad.
La última ley aprobada y que dio marco a la licitación (fue promulgada en diciembre del 2020) daba un plazo al Poder Ejecutivo porteño a efectivizar la concesión en un plazo de 24 meses. Dicho plazo vencería en diciembre de este año.
Es por ello que en Vamos Juntos creen que más temprano que tarde, la Ciudad se haría cargo de las grúas y es por ello que minimizan la decisión del GCBA de administrar directamente el servicio.
Según fuentes porteñas el pasado 1° de agosto se puso en marcha el proceso licitatorio, y fueron al menos siente las empresas interesadas.
“Llevó mucho tiempo y muchas peleas, pero por fin pudimos terminar con la concesión del acarreo de vehículos implementada en la época de Carlos Grosso y extendida hasta el día de hoy con insólitas medidas judiciales”, sostuvo Diego García Vilas, titular del bloque oficialista en la Legislatura porteña en sus redes.
Para García Vilas, no es coincidencia que en momentos en los que se pone en marcha una nueva licitación la oposición alcanza un acuerdo político para avanzar con la convocatoria a una sesión: “¿Sabés a quién beneficiaba que se volviera a suspender la licitación? A los que la vienen ganando desde la época de Grosso.”, detalló el titular del bloque que responde a Larreta en la Legislatura.
En la oposición señalan que las empresas pagan un canon de $55.000 mientras que tiene recaudación por más de $500 millones. La explicación del oficialismo porteño es que la concesión fue otorgada en los '90, y las condiciones de la misma se han alterado por el contexto de la macroeconomía del país, las modificaciones urbanísticas de la Ciudad y otros ítems gremiales.
“¡Lo logramos! Por la presión del Frente Anti-Grúas, terminó la concesión ilegal del acarreo, que operaban dos empresas de manera ilegal hace más de veinte años.”, celebró por su parte Valdés en redes.
Ayer, los bloques de la oposición decidieron brindar hoy una conferencia de prensa a las 10:30, luego de dar de baja el llamado a sesión especial.
