El Decreto 566 que determinó el congelamiento de los precios de los combustibles provocó una ola de rumores de suspensiones y despidos para aproximadamente 500 personas en distintos yacimientos neuquinos que dejaron en estado de alerta a los sindicatos presentes en Vaca Muerta, de cara a la reunión de esta tarde para evaluar la situación y las eventuales medidas de fuerza a tomar.
El impacto para los diversos actores de la industria fue variado pero se estima que el costo operativo va a incrementar y los ingresos se congelarán. A este panorama, se suma que van a revisar contratos y la mayoría coincide que con los índices macroeconómicos actuales el acceso al financiamiento para nuevos desarrollos será nulo.
"Hasta hace poco, en algunos casos, el costo operativo estaba cerca de los US$ 30 el barril. En este escenario sube cerca de los US$ 40. Esto se traduce en que se vende producción a un dólar fijo de $ 45,19 y se pagan costos con un dólar variable", analizó para el diario de Río Negro, el gerente General de Petróleos Sudamericanos, Alfredo Bonatto.
"El tener un menor precio te estira más los tiempos de repago de los pozos. En nuestro caso lo que vamos a hacer es esperar que baje la polvareda, no vamos a parar equipos. Tenemos planes de trabajo y los vamos a seguir, probablemente no vamos a obtener la rentabilidad que esperábamos desde el inicio. Lo tomamos como una medida a 90 días que puede continuar o no en función de los índices macroeconómicos y de la coyuntura", añadió el director Comercial de Oilstone, Mauricio Russo.
Hoy el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que tiene preparada una medida cautelar para presentar en la Corte Suprema de Justicia en rechazo al congelamiento del precio del petróleo y los combustibles, así como la eliminación del IVA a productos alimenticios básicos, entre otras medidas aplicadas por el Gobierno la semana pasada.
"Nosotros tenemos preparada una medida cautelar para presentar en la Corte Suprema, en caso de que no sean modificadas. El congelamiento de combustibles y las demás medidas nos perjudican. Son $ 1.100 millones, y no nos sobra nada. Hay distintas alternativas jurídico-económicas para poder mantener el congelamiento del precio del combustible, pero no a expensas de algo tan sensible como fijar un tipo de cambio de US$ 49", declaró esta mañana a la radio La Red.
La agenda sigue intensa para Weretilnek. Hoy por la tarde asistirá a la reunión convocada por la Secretaría de Energía, junto a las empresas petroleras y otros mandatarios provinciales disconformes con el congelamiento por 90 días para el precio de los combustibles y el barril de crudo.
Y mañana, estará presente en la reunión de gobernadores peronistas prevista en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires para analizar el impacto de las medidas impositivas anunciadas por el Gobierno.
Otro que se sumó a las quejas por los decretos fue el exministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, a través de su consultora, Energy Consilium, que emitió un durísimo informe especial en el que no sólo advierte que la forma en la que se resolvió el sostenimiento del precio de los surtidores debe ser modificada en forma urgente sino que es "es un desincentivo a la inversión" que podría terminar siendo perjudicial para los consumidores.
"Consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética. Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector", indica el informe. Y remarca que "es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias", manifestaron en el comunicado.
"El DNU significa una alteración significativa en la política energética y es incompatible con el avance hacia una política energética sustentable que permita enfrentar los grandes desafíos que tiene la Argentina y el mundo respecto a su relación con la energía y el cambio climático", advirtió.
"Las provincias productoras de hidrocarburos, así como las empresas productoras de petróleo crudo, evaluarán la oportunidad y pertinencia de encarar acciones administrativas y judiciales para anular o limitar los alcances del DNU. De ocurrir esto, tanto las demandas de inconstitucionalidad como los reclamos atarán a la industria en un conflicto legal que puede perdurar durante años como ha ocurrido luego de la Emergencia Pública que rigió la economía de nuestro país desde el 2002 al 2017", concluyó el informe de la consultora de Aranguren.
