Antes de un viaje comercial a China, el Gobierno publicará un decreto que habilita a negociar contratos de energía renovable con empresas públicas.
Ya está circulando el borrador en los despachos oficiales, a la espera de ser firmado por el presidente Mauricio Macri para su publicación en el Boletín Oficial. Con esta normativa, el Estado podrá firmar contratos de compra-venta de energía directamente con empresas públicas. Por caso, permitiría a la planta solar fotovoltaica “Cauchari”, ubicada en Jujuy, ampliar 200 MW la potencia instalada, aprovechando un crédito del Eximbank a una tasa muy por debajo de lo que se consigue actualmente en la plaza. Así lo revelo el sitio Energía Estratégica.
El próximo 8 de julio el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el equipo de Cauchari, y funcionarios del Gobierno, entre los que figura Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables, participarán de una visita comercial a Beijing, China, acompañados por funcionarios de la embajada argentina.
Según indican fuentes del sector, todo indica que para esa fecha estaría firmado el nuevo decreto por parte del presidente Mauricio Macri. La novedad del decreto es que habilitaría a firmas públicas rubricar contratos de compra-venta de energía eléctrica con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa).
¿Será una modificación del Decreto 531/16? Es una opción, ya que reglamenta el programa de inversiones de energías limpias en Argentina y la Ley 27.191.
“Se busca habilitar solamente a empresas de exclusiva propiedad pública y bajo ciertas condiciones que justifican un tratamiento distinto al de los privados”, explicó una fuente al tanto de la medida.
Proyectos estratégicos
A priori, el Gobierno aplicaría esta vía exclusivamente a “proyectos considerados estratégicos”, de modo de mantener así un criterio legal de uniformidad para la aprobación de los contratos.
La idea surge a raíz del pedido explícito del gobernador Morales a Macri de ampliar el parque solar Cauchari en Jujuy. Sin embargo, ahora se abre el juego a nuevos actores locales. Cabe recordar que este Gobierno dejó sin efecto la vieja Resolución 108, utilizada por la anterior gestión, justamente por ser considerada “arbitraria”.
Sin embargo, abogados especializados en derecho energético acentuaron una diferencia sustancial con el nuevo Decreto: la Resolución 108 regía para contratos con empresas privadas. No es el caso actual.
Tras dar de baja la 108, se abrió paso al programa de subastas RenovAr, elogiado por propios y ajenos, gracias a que ya cosechó inversiones por US$ 7.200 millones, según indican en la Secretaría de Energía.
¿Por qué no se autorizó esta vía desde un comienzo? Ya en 2016 empresarios cuestionaban haber competido con firmas públicas en las licitaciones del Programa RenovAr.
Al mismo tiempo reconocen la importancia social y económica que genera el desarrollo de proyectos de energía renovable en las provincias. Tal es el caso de Jujuy, que busca instalarse como polo solar en la región, seduciendo inversores para la extracción e instalación de fábricas de litio.
