El Gobierno anunció ayer la suspensión por 180 días de los aumentos tarifarios. En ese plazo, aseguró que el Ejecutivo buscará “cambiar el esquema tarifario por otro que tenga un balance adecuado entre la protección social, la producción y el fomento a la inversión en energía”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio a conocer un conjunto de medidas incluidas en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. En cuanto al sector energético, se destacan la suspensión de los aumentos tarifarios por 180 días, la intervención de los entes reguladores Enre y Energas y el freno al traspaso de las distribuidoras Edenor y Edesur a la órbita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En conferencia de prensa, el ministro Guzmán subrayó que el esquema planteado por la gestión anterior “agravó las situaciones que tenían que ser resueltas y contribuyó al deterioro productivo que está viviendo Argentina en la actualidad”.
Además, explicó que “estamos planteando un nuevo marco general integral para rediscutir el esquema en el que vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario por otro que tenga un balance adecuado entre la protección social, la producción y el fomento a la inversión en energía. La inversión en energía es fundamental, un país que no produce energía no puede sostener su crecimiento”. Y agregó que “durante este plazo, se mantendrá la postergación de los aumentos tarifarios”.
Proyecto de ley
En el artículo 5, el texto señala: “manténganse las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y facultase al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.
En tanto que el texto faculta al Gobierno “a intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enargas) por el término de un año”. El proyecto ingresado por la Cámara de Diputados también suspende “la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley Nº 27.467”. En los hechos, este artículo implica que “durante la vigencia de la emergencia declarada” el Enre “mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Edenor y Edesur”.
Este articulado está en el marco de la declaración de la Emergencia Pública “en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”.
Además, el proyecto de ley incluye “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”.
