17 octubre de 2024
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El próximo 27 de octubre, unos 2,7 millones de uruguayos deberán participar de elecciones en las que, entre muchas cuestiones, se elegirá al nuevo presidente del país.
Actualmente, el país vecino se encuentra liderado por Luis Lacalle Pou, quien este año, como consecuencia de que la Constitución uruguaya no permite la reelección, finaliza su mandato de cinco años.
Por ello, un total de 11 fuerzas políticas presentarán un candidato como presidente para gobernar en el período 2025-2030.
Sin embargo, como siempre sucede, apenas un par de candidatos tiene chances reales de ganar: el candidato por el izquierdista Frente Amplio, Yamandú Orsi, y el representante del oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado.
Según las últimas encuestas, Orsi, del Frente Amplio, tiene una clara ventaja, con una intención de voto de entre el 42% y 44%, aunque esto no le permitiría alcanzar el 50,1% necesario para imponerse en la primera vuelta.
Por su parte, Delgado tiene una intención de voto de entre el 21 y 27%, mientras que Andrés Ojeda, un abogado de 40 años del tradicional Partido Colorado, obtendría entre el 12 y el 15% de los votos.
En el caso de que estas proyecciones se cumplan, los uruguayos deberían volver a las urnas el 24 de noviembre.
Cabe recordar que, como sucede en Argentina, el voto en Uruguay es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años.
Algunas propuestas
Orsi, que comparte fórmula presidencial con Carolina Cosse, tiene como principal eje el crecimiento económico de Uruguay, ya que ese es el reclamo fundamental de los ciudadanos.
No obstante, como caracteriza a la izquierda, este crecimiento se centrará en la inclusión social y el bienestar.
Entre sus principales propuestas, se destaca la idea de implementar una nueva política de desarrollo industrial de la mano con el sector privado, buscando impulsar áreas como la bioeconomía, la energía y las tecnologías.
En este sentido, se ofrecerán beneficios en la tarifa eléctrica para mipymes y sectores productivos, además de que se buscará reducir la carga burocrática para agilizar trámites.
El líder opositor plantea adoptar un programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años con formación dual e incentivos tributarios.
En materia de transporte, el plan de gobierno incluye superar el 50% de la flota de transporte público eléctrico e incorporar 150 unidades por año.
Por último, se propone implementar un Plan Nacional de Agua que asegure el abastecimiento, la producción y la protección de los recursos hídricos, además de avanzar con la construcción de la represa de Casupá para fortalecer el suministro de agua potable.
En este sentido, se formula adoptar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego para mejorar la productividad agropecuaria y agregar valor a la producción mediante un uso eficiente y responsable de ese recurso.
Por su parte, buscando continuar con la línea de Lacalle Pou, Delgado pretende seguir mejorando la competitividad y productividad de la economía uruguaya.
Para ello, intentará mejorar la infraestructura y educación, además de sofisticar el sistema productivo a través de la ciencia y la innovación.
Delgado, que comparte fórmula presidencial con Valeria Ripoll, cree que es necesario modernizar la regulación del mercado laboral para adaptarse a los nuevos desafíos del mundo.
En relación con este tema, pretende desarrollar instrumentos de financiamiento a las pymes mediante el descuento de facturas y mejorando su acceso a los beneficios por inversiones.
Actualmente, en Uruguay existen cerca de 210.000 micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99,6% de las empresas del país y generan el 65% del empleo en el sector privado.
Respecto al embalse de Casupá, su administración buscaría la reformulación del proyecto explorando alternativas de financiamiento y construcción.
Más allá de las presidenciales
Además de elegir presidente, ese mismo 27 de octubre los uruguayos también deberán también votar a favor o en contra de dos plebiscitos.
Pero, mientras que uno aborda la cuestión de los allanamientos nocturnos, el que realmente preocupa a una gran parte del arco político es el promovido por la central sindical PIT-CNT y apoyado por agrupaciones sociales, que busca modificar el régimen de seguridad social.
Específicamente, se propone la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional, además de la posibilidad de que tanto hombres como mujeres puedan acceder a la jubilación a los 60 años, en vez de a los 65.
A su vez, busca eliminar a las administradoras de fondos de ahorro previsional para que el sistema de la seguridad social sea gestionado exclusivamente por el Estado.
Según Lacalle Pou, "si se aprueba el plebiscito, van a tener que poner más impuestos".
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