Por Abás Tanus Mafud
Tras trece meses sin Gobierno y viviendo una de las peores crisis económicas y sociales en los últimos 150 años, Líbano logró formar un nuevo gabinete con la figura de Najib Mikati a la cabeza y con el respaldo de las mismas fuerzas políticas que sumergieron al país en una situación extremadamente compleja.
Al asumir funciones, el primer ministro señaló, entre lágrimas, que “los libaneses deberán apretarse el cinturón”, una frase que ejemplifica el difícil momento que se avecina en el corto plazo, especialmente, si se encaran algunas de las reformas tendientes (tributaria, energética, laboral) a reducir los niveles de deuda pública (220% sobre el PIB), solicitadas por el Fondo Monetario Internacional y los donantes que participaron en la Conferencia del Cedro(en abril de 2018. Medidas fundamentales para acceder a los US$ 11.000 millones comprometidos por la comunidad internacional.
El margen social para encarar estas reformas se redujo drásticamente desde 2019, cuando inició la crisis. En ese período la lira libanesa perdió el 90% de su valor en relación al dólar, los precios de alimentos crecieron 557% (Programa Mundial de Alimentos), 74% de la población vive en la pobreza (en 2019 esta cifra era de 28% y en 2020 alcanzó el 55%, según la Comisión Económica y Social para Asia), el PIB se contrajo 30%, aumentó 70% el combustible por reducción de subsidios, hubo apagones masivos y está la posibilidad de que el país se quede sin agua potable en el corto plazo.
Consciente de que para romper la apatía social y evitar que el país caiga en un colapso total, el nuevo gabinete puso como primeros dos ejes de gestión la resolución de la crisis del combustible y la falta de acceso a las medicinas en los hospitales. “Debemos frenar la situación humillante en la que se encuentra la gente. Nos espera mucho trabajo, cansancio, todos tenemos que hacer sacrificios”, indico Mikati. En paralelo y para dar signos de credibilidad al mercado, el país volverá a reanudar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que se habían interrumpido por la falta de voluntad política para proceder con la auditoría del Banco Central y la formación de Gobierno.
Crisis de poder y situación extrema
La crisis que se vive desde el 2019 es parte de un conjunto de acontecimientos que iniciaron con anterioridad, por ejemplo, la falta de una autoridad presidencial entre 2014-2016, el estancamiento del crecimiento con el PIB avanzando 1,5% promedio (2014-2018) y la inestabilidad en la región, especialmente, el conflicto en Siria, un socio clave para la actividad económica del país. Sin embargo, en los últimos dos años, se empezaron a romper los hilos que ataban al país.
El primer colapso surgió cuando Líbano anunciaba que, por primera vez, no iba a cumplir con las obligaciones de deuda, lo que automáticamente interrumpió los flujos de capitales provenientes del exterior y afectó la liquidez del sistema bancario. Como consecuencia de ello, se implementó un esquema similar al corralito argentino y emergieron los tipos de cambios paralelos. Los depositantes perdieron más del 80% de su capital en bancos.
En ese contexto, la economía libanesa se redujo de US$ 60.000 millones en 2019 a US$ 15.000 millones en 2021. Las reservas netas con libre disponibilidad disminuyeron a menos de US$ 6.000 millones y las acusaciones mediáticas comenzaron entre las diferentes facciones de poder y el presidente del Banco Central, Riad Salameh, quien prefirió mantener la estructura del sistema, en vez de mostrar predisposición a cambiar la situación.
Mientras las calles coreaban “todos es todos”, comercios se cerraban, el desempleo crecía hasta el 40% de la población económicamente activa y el entonces Gobierno de Hassan Diab intentaba lidiar con las propias zancadillas que algunos sectores le ponían. A su vez, la llegada de la pandemia, redujo las remesas provenientes del exterior (30% del PIB) y cerró la economía, afectando a un sector clave como el turismo.
Cuando el escenario no podía ponerse peor, tuvo lugar la mayor explosión no militar en la historia, afectando el Puerto de Beirut, punto de entrada del 80% de las importaciones de agroalimentos y necesidades básicas del país; 300.000 personas se quedaron sin hogar y los daños de infraestructura superaron los US$ 5.000 millones. Como consecuencia, cayo el Gobierno de Diab y empezó la nebulosa de formación de un nuevo gabinete que se rompió con el anuncio del pasado 10 de septiembre.
Dentro de este clima de incertidumbre y falta de respuesta, algunos viejos actores se aferraron a su poder. El presidente de Banque Du Liban (máxima autoridad monetaria), Riad Salameh (está investigado por malversación de fondos en Suiza y Líbano), valiéndose en la Ley de Secreto Bancario privó de información a las auditorías externas necesarias para saber el estado financiero del país. A su vez, se transformó en uno de los artífices de la reducción de subsidios a la importación de combustible, la cual entró en vigencia el 11 de agosto y generó no solo largas colas en estaciones de servicios sino la falta de energía para hospitales.
Por último, pese a que existe un consenso entre los economistas sobre la ineficacia del sistema de subsidios actual que favorece a los sectores de mayores ingresos del país y la necesidad de encontrar una respuesta a los US$ 6.000 millones anuales en déficit de la empresa eléctrica libanesa (40% de la deuda pública actual, el abrupto camino tomado sin ningún plan alternativo incrementó la crisis extrema y como consecuencia, los temores en la población frente a una inseguridad creciente y falta de recursos.
Reacciones al nuevo Gobierno
La asunción del nuevo Gobierno generó expectativas dispares en la comunidad internacional, respecto a la capacidad que tendrá para lidiar con las barreras que el sistema sectario impone y el juego de alianzas geopolíticas que actúan sobre Líbano. Un claro ejemplo de este último fenómeno fue el anuncio realizado por el líder de Hezbollah, Hasan Nasrallah, respecto a los envíos de combustible por parte de Irán mientras la cartera de Energía del país negociaba con Egipto y Jordania la llegada de gas.
El Fondo Monetario Internacional decidió dar un respaldo a la nueva gestión y su voluntad de retomar el diálogo interrumpido por la falta de Gobierno, enviando más de US$ 1.135 millones del programa de Derechos Especiales de Giro. Estos recursos se suman a los que el Banco Mundial garantizará para abordar diferentes programas durante el 2021. Sin embargo, un camino aún queda por recorrer para retomar la confianza de algunos de los donantes internacionales que participaron en la Conferencia del Cedro, entre ellos, Francia y Estados Unidos.
El presidente francés, Emmanuel Macron, describió la formación del Gobierno como un paso esencial para la toma de medidas para salir de la profunda crisis, pidiendo un compromiso con las reformas. Mientras que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dio la bienvenida a las nuevas autoridades, pero llamó la atención sobre los muchos desafíos que aún enfrenta Líbano. A su vez, su par del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, Ahmed Hafez, expresó la esperanza de que Líbano pueda restablecer la seguridad y estabilidad para avanzar con las reformas necesarias.
De las expresiones de los representantes internacionales se desprende el especial énfasis que se hace en avanzar con las reformas. Sin embargo, no hay unanimidad sobre las primeras medidas a tomar: mientras algunos se enfocan en las auditorías y leyes anticorrupción (Francia y Estados Unidos), otros hacen hincapié en el sector energético y la seguridad (Irán y Egipto).
Finalmente, Mikati y su gabinete tendrán que encontrar un equilibrio entre las agendas local e internacional, para lidiar con los intereses de los diferentes sectores, garantizar la gobernabilidad y evitar que se prolongue la crisis institucional que podría desembocar en un estado fallido. Naufragar la tormenta con consenso político y respaldo social, es la misión más compleja en los próximos meses.
