Análisis

Rosario sin homicidios: estrategias para la lucha contra el narcotráfico en América Latina

La expansión de organizaciones criminales en la región plantea desafíos críticos para la seguridad en Argentina, donde la baja de homicidios en Rosario contrasta con una creciente violencia en otros países latinoamericanos.
Renata Longo 11-10-2024
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El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció el 2 de septiembre el cumplimiento de un mes sin homicidios en Rosario, Santa Fe, tratándose del periodo más largo sin homicidios en la ciudad desde el 2013, cuando se comenzó a registrar la criminalidad. 

Esto coincide con la puesta en marcha del Plan Bandera por parte del Ministerio presidido por Patricia Bullrich, que busca garantizar la seguridad en la provincia combatiendo la criminalidad ligada al narcotráfico, en un contexto donde la principal preocupación de los latinoamericanos es la inseguridad. 

Sin embargo, surgen interrogantes sobre el impacto del crimen organizado en Argentina, donde, a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, la situación parece mejorar. 

El norte del país, la Triple Frontera y la Hidrovía Paraná-Paraguay son los puntos más preocupantes para la seguridad nacional, ya que las redes narcotraficantes empiezan a expandirse hacia el Cono Sur para comercializar la droga hacia el resto del mundo. 

En este sentido, comprender la situación regional es esencial para evaluar cómo el narcotráfico y la violencia consecuente podrían afectar a nuestro país.

Propuestas contra el narcotráfico en Latinoamérica

América Latina es una región estructuralmente violenta: en 2023, según Insight Crime, la tasa de homicidios en la región fue de 20 cada 100.000 habitantes, mientras en Europa la tasa fue de 2,2 homicidios cada 100.000 habitantes en 2021. 

Los crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada son la principal razón de esta cifra y lejos de encontrar una solución, la expansión de las organizaciones criminales en la región solo agravan esta problemática, llevándola a nuevos países. 

En este sentido, el caso más notorio actualmente es Ecuador, que multiplicó por ocho la cantidad de muertes en cinco años, registrando en 2023 la tasa de homicidios más alta en Sudamérica y El Caribe. Además es el segundo país en incautación de cocaína, después de Colombia. 

Su geografía, al compartir fronteras con Colombia y Perú y contar con puertos estratégicos, es funcional a la geopolítica del narcotráfico. 

En este contexto, el presidente Daniel Noboa propuso una reforma constitucional para permitir bases militares extranjeras en el país para luchar contra el crimen organizado transnacional, recordando la base estadounidense en Manta, que funcionó desde 1999 hasta 2008, cuando Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo.

El caso de El Salvador es diferente: el método de "mano dura" que aplica Bukele desde 2022 contra organizaciones como MS13 fue controversial, ya que el régimen de excepción decretado suspendió garantías constitucionales, lo que llevó a arrestos arbitrarios, tortura y desapariciones, según Human Rights Watch. 

Al mismo tiempo, las medidas parecen efectivas: la tasa de homicidios bajó de 38,2 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 2,4 en 2023. Estos resultados llamaron la atención de Patricia Bullrich, quien mostró interés en adaptar el modelo de Bukele para combatir el narcotráfico en Rosario.

Primero viajó a El Salvador para firmar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad en junio, y recientemente recibió al presidente y su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro en Argentina.

Mientras, frente a la amenaza del narcotráfico en Venezuela, que en 2023 registró la segunda tasa de homicidios más alta en Sudamérica, el régimen de Maduro parece optar por la complicidad. 

En 2022, el gobierno de Estados Unidos denunció de narcoterroristas al presidente venezolano y otros funcionarios del gobierno, por ser los lideres del Cartel de los Soles, una organización narcotraficante cuyos orígenes se remontan a los años noventa. Arraigado a las fuerzas de seguridad del país, el cartel se fortalece, evidenciando un vínculo entre el Estado y el crimen organizado. 

Además, opera en el país El Tren de Aragua, que se aprovecha del masivo éxodo venezolano para expandir sus redes a Chile, Perú y Colombia, - con presencia en Ecuador, Bolivia y Brasil - junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una la guerrilla binacional que surgió en Colombia bajo la influencia de la revolución cubana. 

La producción colombiana suele ser traficada por carteles mexicanos hacia Estados Unidos, el principal mercado de la cocaína en mundo, entre ellos el Cartel de Sinaloa - la organización narcotraficante más poderosa del hemisferio occidental - y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un contexto de décadas de conflicto armado interno en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro estaba en diálogo con el ELN para conseguir la "paz total" en el país, pero tras un atentado a una base militar por parte de la banda criminal, se puso fin - o pausa - al proceso de paz. 

No se suele hablar de Brasil en este contexto, pero el grupo que domina Sao Pablo, el Primer Comando Capital (PCC), es una de las principales redes de narcotráfico transnacional, donde el Puerto de Santos juega un rol central para la exportación mundial de cocaína. 

La alianza internacional del PCC con la 'Ndrangheta, la mafia italiana de Calabria, es fundamental, ya que facilita la llegada de cocaína al mercado creciente en Europa. 

Otro vínculo importante es el que grupo brasileño tendría con Hezbollah - organización acusada como responsable del atentado contra la AMIA en 1994 - para el tráfico de armas, lo cual a su vez está relacionado con la criminalidad en la Triple Frontera, ya que se advierte que la organización libanesa está trabajando con los grupos criminales de la zona compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. 

La situación en Argentina

Históricamente, la Ruta 34, conocida como la "ruta blanca", fue clave para el tráfico masivo de cocaína en Argentina. 

Comienza en la frontera con Bolivia, atraviesa Salta, Jujuy y Santiago del Estero, y llega a Santa Fe, sirviendo tanto al mercado interno como a la exportación hacia Europa y otros mercados internacionales a través de los puertos argentinos, que junto con los de Chile y Uruguay, adquieren un valor estratégico para el narcotráfico. 

En cuanto a las rutas marítimas, la Hidrovía Paraguay-Paraná se consolida como un punto importante para transportar cocaína a mercados internacionales, conectando puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

Además, la Triple Frontera es crucial para la seguridad nacional, dado el crimen organizado y las operaciones de lavado de dinero de Hezbollah en la región.

Específicamente en Rosario, desde que asumió el nuevo gobierno nacional y provincial en Santa Fe, junto con la implementación del Plan Bandera, la situación parece mejorar, como lo indica la baja de homicidios. 

La complicidad con la Policía Federal y Gendarmería Nacional parece ser una de las claves para su funcionamiento, y aunque la violencia en Rosario ganó notoriedad pública, el conurbano bonaerense también presenta un alto riesgo, al igual que otras provincias como Salta.

Los desafíos de seguridad en América Latina

La dificultad del estado para imponerse sobre las organizaciones criminales en la mayoría de los países de la región pone en jaque su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana, que hoy se convirtió en la problemática central para los latinoamericanos. 

Frente a esta debilidad, los grupos criminales avanzan sobre la sociedad, penetrando en los sector más vulnerables, donde ofrecen bienes y servicios necesarios para los más pobres, ocupando el lugar del estado. 

Así, se generan espacios dentro del territorio nacional gobernados por las organizaciones criminales, donde el estado no puede ingresar, vulnerando su integridad territorial y por ende, su soberanía. 

Lo más interesante es la discusión sobre los métodos para combatir al crimen organizado, desde la "mano dura" de Bukele, pasando por las conversaciones de paz de Petro, hasta la opción de ayuda extranjera propuesta por Noboa. 

Hoy en Argentin esta discusión gira en torno al controvertido proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior, propuesto por el gobierno para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, para luchar contra el narcotráfico. 

Al mismo tiempo, será fundamental fortalecer las fronteras nacionales y los controles fronterizos, especialmente en el norte con Bolivia y Paraguay, así como también en la Triple Frontera. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar