Por Manuel Ignacio Carreras Analista Político
Una antigua problemática aparece en la agenda del flamante presidente de Estados Unidos: la tenencia de armas en el país del norte cada vez es más elevada y los intentos de reducir esta tendencia no serán menores.
Estados Unidos es el país con más armas civiles per cápita del mundo, con 120,5 armas por cada 100 habitantes, siendo la única nación con más de un arma por persona.
El motivo del pronunciamiento del presidente respecto del tema armamentístico fue debido al aniversario del tiroteo en Parkland, Florida, hace tres años, en donde 17 personas perdieron la vida.
Biden señaló que “esta administración no esperará al próximo tiroteo masivo para escuchar los llamamientos a la acción”. El presidente enviará al Congreso propuestas para lograr una comprobación más eficaz sobre todo tipo de venta de armas, además de lograr prohibir definitivamente los rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad.
Contando con mayoría, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, esta tarea podría ser mucho más sencilla de lo que fue durante la administración de Barack Obama, en la cual, debido a la mayoría republicana en el Senado, ninguna legislación armamentística pudo prosperar.
Para comprender la razón por la cual la tenencia de armas forma parte de la cultura de los norteamericanos en muchos estados, debemos remontarnos a la justificación primaria que sostiene dicho argumento, encontrándose en la Carta Magna de Estados Unidos.
En la Constitución de los Estados Unidos de América (compuesta por siete artículos), fueron añadidas diez enmiendas en 1791 durante la presidencia de George Washington.
La segunda enmienda dice expresamente: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido”.
De la enmienda pueden extraerse dos interpretaciones diferentes pero complementarias al mismo tiempo. Por un lado, se entiende que la posesión de un arma implicaba la defensa del individuo, ya que, desde épocas coloniales, los ingleses portaban armas de todo tipo para protegerse de los nativos americanos. Además de las no garantías brindadas por el Estado recientemente constituido por los padres fundadores.
Tal como remarcaba el sociólogo alemán Max Weber, el Estado lo definía como el monopolio legítimo de la violencia. En este caso, el Estado no poseía ningún monopolio, por lo que la autopreservación corría por cuenta propia, por ello es que los individuos se sentían más seguros con un arma que sin ella.
Por el otro, también se puede interpretar que el motivo de la defensa armada, tenía como fin la protección de los estados que conformaban Estados Unidos de América, en defensa de la preservación de las milicias ciudadanas.
A partir de esta resolución, el fundamento para que un ciudadano pudiese poseer un arma, era suficiente. Sin embargo, los años transcurrieron, las armas se complejizaron y se volvieron más letales, así también como la cantidad de armas por habitante fue aumentando.
Muchas administraciones demócratas realizaron esfuerzos para detener el avance armamentístico a nivel nacional.
Durante las presidencias de Franklin Roosevelt, en 1934, se aprobó la Ley Nacional de Armas de Fuego, la cual exigía el registro de las armas, junto con un impuesto en las transacciones de compra y venta. En 1938 se aprobó otra ley regulatoria, la Ley Federal de Armas de Fuego, la cual exigía que el vendedor, importador y fabricante de armas, tuvieran una licencia federal como también un registro del nombre de cada uno de los compradores.
Roosevelt no fue el único demócrata en hacer hincapié en esta temática. En 1968, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, se sancionó la que es, hasta hoy en día, la ley más importante en el rubro armamentístico: la Ley de Control de Armas. Dicha ley limitó la compra de armas a los residentes de un estado o del estado vecino, definió las categorías de las personas a las que se les prohibía la compra de armas, prohibió el envío interestatal de armas, exceptuando a aquellos con licencia, entre otras cuestiones.
En cuanto a Biden, cuando era senador por el estado de Delaware, en 1993, votó a favor de la famosa Ley Brady, sancionada durante la presidencia de Bill Clinton. Esa ley estuvo destinada a la prevención de violencia con armas de fuego, estableciendo un sistema de verificación de antecedentes para la obtención de cualquier tipo de armamento.
Del lado de enfrente, Biden deberá enfrentarse con la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, fundada en 1871. Cuenta con más de cinco millones de socios, con un poder de lobby gigantesco, siendo exitosa durante muchos años en la defensa de la segunda enmienda y en la libertad que poseen los ciudadanos de poseer armas si así lo desean. A lo largo de la historia, la ANR, ha logrado frenar muchas legislaciones sobre restricciones armamentísticas en todo el territorio estadounidense.
Hoy en día, de los 50 estados que componen Estados Unidos, solamente en cinco de ellos está estrictamente prohibido llevar armas cortas en público: California, Florida, Illinois, Carolina del Sur y Nueva York. En más de 30% de los hogares en el país, hay al menos un arma y cerca de un cuarto de la población adulta posee una.
El desafío del presidente Biden es de un tamaño inconmensurable, lograr aminorar los efectos de las armas en un país en donde desde sus raíces se ha naturalizado la utilización de las mismas, sumado a la lucha de una desactualizada segunda enmienda, parece ser una tarea titánica para el nacido en Pensilvania.
