Por Atilio Molteni Embajador
Hasta ahora nadie acusó al Presidente Donald Trump de hablar poco o de ser discreto. Pero la clase política de Estados Unidos, que incluye a los miembros del Poder Legislativo y entre ellos a los personajes más influyentes del Partido Republicano, se pregunta una y otra vez cuál es la poderosa razón que tiene el Jefe de la Casa Blanca para reintroducir, en los diálogos del Grupo de los Siete (G7), y a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales que no pintan nada bien, a su colega Vladimir Putin. O qué lo lleva a proponer la vuelta al formato G8 cuando sabe que el asunto es altamente irritativo e inaceptable para las naciones europeas. Así se explica el fuerte rechazo parlamentario a la intención presidencial.
Este Washington, lleno de problemas, aún no logró entender las extrañas conexiones del inquilino de la Oficina Oval con mandatarios sensibles como los de Rusia, Ucrania y China. En especial, al ver que, desde antes de ser ungido Presidente, ya se sabía que Trump intentó concretar llamativas gestiones en Moscú, asunto que nunca se pudo ventilar en forma razonable y orgánica, cosa que levantó las iras de la comunidad informativa del Gobierno estadounidense. En adición a ello, al ver que a esta altura surgieron nuevas interferencias estratégicas de Rusia en el Líbano, lo que aumentó la sensibilidad de las relaciones de ese país con Israel, un aliado que Washington, el tema pierde toda racionalidad.
Los analistas más generosos suponen que hubo algún asesoramiento de sectores pragmáticos y tradicionalistas de la política exterior de Washington, como el que pudo haberle brindado el legendario Henry Kissinger, quienes consideran que, contra lo que sucede actualmente con China, Rusia no es una amenaza vital para Occidente, hecho que fundamentaría la necesidad de pactar un entendimiento con Moscú para contener a Pekín. Pero todos saben que esa clase de hilar fino sólo resulta posible cuando alguien de los talentos de Kissinger es también el operador de la idea y no en plena campaña electoral, donde el estado de necesidad puede conducir a una pésima negociación.
Tampoco se olvida que el triunfo electoral de Trump en 2016 fue recibido con pública algarabía por el establishment ruso y ambos líderes confirmaron su interés en normalizar sus relaciones bilaterales. Con el tiempo ambos mandatarios sostuvieron varias reuniones a solas, sin siquiera tomadores de nota en el recinto. Nunca se supo a ciencia cierta qué fue dicho y acordado en tales encuentros.
Lo cierto es que el Jefe del Kremlin es visto en Washington como un líder peligroso y el ideólogo de una potencia revisionista y poco confiable. Estos hechos limitaron un acercamiento que hubiera tenido lugar en un marco de crisis del orden internacional y en el que nadie intuye con precisión que ocurrirá en el período pospandemia.
A fines de los '90, cuando la Presidencia de Rusia estaba en las frágiles manos de Boris Yeltsin, existía una sensible crisis política que provocó el colapso económico de esa nación. Moscú tuvo que decretar la cesación de pagos de la deuda soberana y enfrentar, sin buenas ideas, la ola de atentados terroristas originados por la situación en Chechenia. Todo ello se agregó al hecho de que el primer mandatario ya carecía de salud para seguir en el puesto.
Ante esa realidad, Yeltsin nombró Primer Ministro a quien era el jefe de la FSB (organismo de seguridad que sustituyó a la KGB), el casi desconocido Putin quien, en cumplimiento de las normas sobre acefalía, debió actuar como Jefe de Estado hasta la celebración de elecciones presidenciales.
A partir de ese cuadro, Putin ganó dos elecciones que le permitieron ejercer la presidencia hasta 2008, período en el que lo sucedió un importante aliado político como Dimitri Medvedev quien, debido al límite legal que sólo permitía gobernar durante dos periodos consecutivos, tomó la posta. Ello no impidió que Putin continuara manejado el poder como Primer Ministro. En 2012, regresó formalmente a la Presidencia, aunque esta vez por seis años hasta 2018, cuando fue reelecto por cuarta vez con un mandato que concluirá en 2024.
No obstante esa secuencia, el futuro político del actual Presidente y su eventual sucesor quedó sujeto a diversas especulaciones, que se aclararon el 15 de enero, cuando Putin “sugirió” la modificación de la Constitución. Pocos días después su Gobierno presentó a la Duma (Cámara Baja del Parlamento) un proyecto de ley que incluía en el marco de los cambios de las facultades presidenciales, mayores poderes para el Primer Ministro y para la Duma misma, además de la institucionalización de un Consejo de Estado. Tales enmiendas fueron aprobadas en marzo, un enfoque que algunos observadores calificaron como “golpe constitucional”.
En la nueva realidad, Putin puede comenzar un nuevo ciclo al triunfar en las elecciones por un quinto y, quizás, un sexto mandato para seguir en el Kremlin hasta 2036. Ello dependerá de si los electores comparten su percepción acerca de que es el dirigente más capacitado para promover orden y estabilidad. Lo que parece indiscutible es que su enfoque nacionalista se sustenta en el hecho de que devolvió a Rusia el carácter de país con poder regional y mundial, que no teme competir con Estados Unidos.
En su frente interno, Putin se caracteriza por controlar la prensa y el aparato de seguridad del Estado tras recomponer la centralidad autocrática del Kremlin y reconstruir las Fuerzas Armadas. Pero su favorable imagen, que al producirse la ocupación de Crimea era de 90%, y al realizarse las elecciones de 2018 de 77%, en estos días ronda 59%. Los analistas creen que el actual nivel de popularidad no impediría su continuidad en el poder, si esa permanencia depende de competir con figuras políticas que sólo critican la falta de libertad de expresión, las restricciones al pluralismo y la corrupción.
Al proponer la reforma constitucional, Putin siguió los pasos de otros líderes autoritarios que se han perpetuado en la cúspide del gobierno. Para otorgar cierta imagen de legitimidad a la iniciativa, convocó para el 22 de abril a un “voto popular” referido a los cambios efectuados, el que se postergó hasta julio debido a la actual pandemia. Otras ciudades rusas también optaron por demorar festejos debido al peligro de contagios masivos.
En las primeras etapas de la pandemia, Putin se manejó con la táctica de no dejarse ver demasiado en público salvo alguna que otra visita a hospitales. Excepto en Moscú, la cuarentena rusa fue sólo parcial; la ayuda y reducción de impuestos fue limitada y los gobiernos no decretaron el estado de emergencia.
A pesar de ello, según la Universidad John Hopkins los contagios originados por el Covid-19 ascendía, días atrás, a 510.761 (número sólo inferior a Estados Unidos y al Brasil) y las víctimas fatales a solo 6.705, por lo que éstos datos son objeto de controversia doméstica.
La dramática caída de los precios internacionales del petróleo debido a la expansión de la pandemia y su impacto en la economía es otro de los centros de interés del Kremlin. Durante el pasado mes de marzo hubo un fuerte desacuerdo entre la OPEP y sus aliados, cuyo desarrollo permitió entrever el interés de Moscú de condicionar la oferta de “shale oil” estadounidense (el mismo tipo de desarrollo de Vaca Muerta). Tras ese episodio, Rusia y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo con los miembros de esa organización (acción en la que intercedió Trump en defensa de sus productores), para reducir la producción en 9.7 millones de barriles diarios con la finalidad de estabilizar los precios. Ello hizo posible que la variedad Brent pasara de menos de US$ 20 a US$ 40 por barril a principios de junio.
Para un gran productor como Rusia, es altamente sensible la relación entre el costo de producción por barril (alrededor de US$ 20) y el nivel de sus ingresos reales, dado que el petróleo y el gas son la tercera parte de sus exportaciones y la mayor fuente de sus ingresos presupuestarios.
Tal situación resultó parecida a la registrada en 2014, cuando el petróleo bajó 50 %, y el rublo perdió el mismo valor, coincidiendo con las sanciones que le aplicaran ciertas naciones de Occidente por ocupar Crimea y el este de Ucrania, así como por sus acciones agresivas en Medio Oriente, donde llenó el vacío ocasionado por el retiro estadounidense y se convirtió en actor imprescindible en la región. Pero, en el campo político y energético, el dato de mayor relevancia de su política exterior fue el desarrollo de una alianza estratégica con China.
La pandemia no tuvo los mismos efectos financieros en Rusia que en otros países, pues en los últimos años observó una mejor disciplina fiscal y en 2017 estableció un fondo nacional de resguardo integrado por los ingresos que excedan la recaudación de petróleo cotizada a más de US$ 40 por barril. Tal fondo alcanza en estos días a US$ 150.000 millones y sus reservas monetarias a US$ 570.000 millones. A la vez, su deuda sólo equivale a 20% del PIB. A pesar de todos esos datos favorables, la economía rusa no se diversificó y la inversión sigue siendo estable y baja. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento oscila, desde 2014, en el 0,6% anual.
Moscú tampoco encaró la solución de otros problemas, como el costo financiero del envejecimiento de la población ni adoptó medidas para reformar su anquilosada estructura económica o la modernización del Estado, de sus instituciones y de su infraestructura.
Lo más llamativo de este peculiar escenario es que las relaciones de Estados Unidos con Rusia pasan por un mal momento. Moscú no deja de responsabilizar a Occidente por sus actuales problemas económicos y políticos, e inclusive ciertos problemas históricos, como el desmembramiento de la ex URSS, la imposibilidad de integrar a los países de Europa Oriental y del Báltico en la OTAN y la UE, así como del actual enfrentamiento en Ucrania.
