Escenario
Los orientales no están habituados a grandes escándalos de corrupción, aunque en 2017 renunció -por primera vez- un vicepresidente de la República por gastos más inapropiados que cuantiosos realizados con dineros públicos. De hecho, su país, con 73 puntos en un máximo de 100, es el mejor posicionado en América Latina y el Caribe según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, elaborado por Transparencia Internacional.
Sin embargo, el sistema político del Uruguay no está inmunizado por completo contra la corrupción ni frente a episodios reñidos con la ética. Ahora, un caso en apariencia de este último tipo, está poniendo en aprietos al presidente del país, Yamandú Orsi.
Esta semana, el programa radial “Así nos va” informó que, en febrero de 2025, pocos días antes de asumir su cargo, el mandatario compró una camioneta Hyundai modelo Santa Fe, híbrida, por US$ 54.000, cuando el precio de lista informado por Orsi en su declaración jurada ante la “junta anticorrupción” era de US$ 79.000. La diferencia fue advertida a partir de la factura de la automotora entregada por Presidencia en el marco de esa investigación periodística.
El 1° de marzo del 2025, como parte de la ceremonia de asunción del mando, Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse se trasladaron desde el Palacio Legislativo hasta la céntrica Plaza Independencia en un coche eléctrico marca Hyundai, facilitado por representantes de esa marca en el país.
El aparente descuento de US$ 25.000, por lo que se ha dicho hecho como “gentileza” al presidente, instaló un debate político con tono de escándalo a la uruguaya, sin reacciones drásticas.
Orsi se defendió sin gran contundencia cuando lo encararon periodistas en una rueda de prensa: “Cuando usted vea la factura ahí va a decir qué precio es”, retrucó escuetamente.
Desde su entorno, los argumentos parecieron dirigidos a desestimar un caso de corrupción, más que a hacer una sólida defensa ética del máximo jerarca.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, alegó que la compra de vehículo de alta gama fue realizada por Orsi en un momento en que “no era funcionario”, por lo que no se produjo una violación del código de ética pública. “No hay ninguna demostración que haya realizado algún acto por el cual se le haya hecho ese obsequio”, agregó.
Fernando Pereyra, presidente de la coalición de izquierda Frente Amplio a la que pertenece Orsi, consideró que el vehículo particular que adquirió el mandatario es necesario por razones de seguridad cuando no usa el coche oficial. “El presidente lo pagó al precio que se lo dieron (…). Y el presidente es una persona de honor, creíble. No es que confío solo en el presidente, mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie”, afirmó ese dirigente político en declaraciones recogidas por Canal 10.
Orsi, un profesor de Historia, construyó su carrera política basado en un estilo simple y campechano con similitudes al del expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015); para algunos de quienes lo votaron por eso, la compra de una camioneta de alto valor puede parecer una contradicción.
Críticas e investigación
Por su lado, la oposición política cuestionó al mandatario.
“Son esas cosas que uno no entiende que pasen”, planteó el presidente del opositor Partido Nacional, Álvaro Delgado, y señaló, aludiendo a los frenteamplistas, que ahora están “calladitos” los “que hacían siempre de precursores de una vara ética y moral en la política nacional”.
“Existe un indicio de una posible ventaja privada”, difícilmente compatible con los estándares de probidad, imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de interés que surgen de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Uruguay”, señaló en la red X el diputado Gerardo Sotelo, del opositor Partido Independiente.
Este viernes, varios medios informaron que la Junta de Transparencia y Ética Pública tomará el caso de la compra de la camioneta para investigarlo.
El episodio puede ser un derrape para la imagen de Orsi y su gobierno, que todavía no llega a la cuarta parte del mandato –que termina a fin de febrero de 2030- pero viene desde hace algunos meses en caída en las encuestas de opinión pública.
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