La derecha que no esperaban: Trump y el cannabis que la izquierda no supo capitalizar
Hoy, 23 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo efectiva la reclasificación de los productos de cannabis con aprobación de la FDA y aquellos regulados bajo licencias médicas estatales a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. No es un anuncio menor: es el fin formal de 55 años de clasificación federal que equiparaba al cannabis con la heroína.
El movimiento completa un arco iniciado con una orden ejecutiva que Trump firmó el 18 de diciembre de 2025, titulada "Increasing Medical Marijuana and Cannabidiol Research", dirigiendo al Fiscal General a tomar todas las medidas necesarias para mover al cannabis del Schedule I al Schedule III, citando la recomendación del HHS (Departamento de Salud) de 2023, la determinación de la FDA sobre evidencia científica creíble para su uso en dolor, anorexia y náuseas por quimioterapia, y la práctica médica autorizada por decenas de estados con millones de pacientes.
Hay una paradoja política que merece nombrarse con claridad.
La izquierda que habla, la derecha que firma
El cannabis lleva décadas siendo una causa cultural del progresismo. La estética, el discurso de liberación personal, los festivales, los colectivos de cultivo: todo eso tiene una identidad política bastante clara. Sin embargo, cuando se mira quién efectivamente movió el tablero regulatorio, el mapa se complica.
Trump, durante la ceremonia de firma de la orden ejecutiva, dijo haber sido contactado por "más gente que en ningún otro tema", mencionando explícitamente a veteranos con lesiones de servicio y adultos mayores con enfermedades crónicas que "degradan severamente su calidad de vida". No habló de libertades individuales ni de cultura cannábica. Habló de dolor, de investigación, de pragmatismo médico. Ese lenguaje clínico, conservador, centrado en el paciente fue el que desbloqueó lo que décadas de advocacy (erróneo) progresista no lograron.
En honor a la verdad, cabe recordar que fue la administración Biden la que inició el proceso de revisión en 2022 (la primera vez que la Casa Blanca lideraba una petición de reclasificación) y el HHS recomendó formalmente el cambio en 2023. Pero los procesos se estancaron en audiencias administrativas que quedaron suspendidas. Fue Trump quien lo desbloqueó con un decreto y quien hoy ve concretarse la medida bajo su gestión.
El patrón no es nuevo ni exclusivo de EEUU. Es política lisa y llana.
El antecedente argentino: Macri y el cannabis medicinal
En Argentina, fue el gobierno de Mauricio Macri el que reglamentó la Ley 27.350 de cannabis medicinal a través del Decreto 738/2017, poniendo en funcionamiento el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. La ley había sido sancionada por el Congreso en marzo de 2017 con amplio consenso parlamentario, pero fue un gobierno de centro-derecha el que la promulgó y le dio operatividad técnica.
No fue por afinidad cultural con la causa cannábica. Fue por un cálculo racional: investigación científica, potencial industrial, y el peso de una demanda social concreta de familias con pacientes epilépticos que necesitaban acceso. El mismo pragmatismo que hoy explica a Trump.
La conclusión incómoda para la narrativa tradicional es esta: los avances regulatorios más concretos en materia de cannabis no vinieron de los gobiernos que más hablaron del tema, sino de los que encontraron en él una oportunidad económica o una presión social que no podían ignorar.
Qué significa para el mercado global
La reclasificación a Schedule III es potencialmente transformadora para la industria cannábica en EEUU porque podría eliminar las restricciones del IRC Sec. 280E que durante décadas impidió a las empresas del sector deducir gastos operativos ordinarios, incluso salarios no vinculados al costo de producción. Para un mercado que opera en escala multimillonaria, pero con estructura impositiva punitiva, esto equivale a una liberación de capital más que considerable.
El impacto global es estructural. Estados Unidos no es solo el mercado cannábico más grande del mundo, es el principal formador de precios, el que define estándares regulatorios de referencia para otras jurisdicciones y el que atrae el capital institucional que luego se derrama hacia otros mercados. Cuando la DEA mueve una lista, los fondos de inversión rearman sus tesis. Cuando la FDA acepta evidencia médica, los laboratorios globales ajustan sus pipelines de investigación y desarrollo. La legitimación federal estadounidense, aunque parcial, aunque todavía sujeta a audiencias que comenzarán el 29 de junio de 2026, cambia el riesgo percibido del sector a nivel internacional.
La ventana argentina que el gobierno debe mirar
Argentina tiene condiciones objetivas para posicionarse en este nuevo escenario: capacidad agroindustrial, superficie cultivable, un ecosistema científico con el CONICET y el INTA habilitados legalmente para investigar, y un marco regulatorio de cannabis medicinal ya existente que puede (y debe) actualizarse. El problema no es de recursos naturales ni de capital humano. Es de velocidad institucional.
El riesgo concreto es que mientras Argentina termina de discutir los límites del autocultivo, Uruguay consolida su modelo exportador, Colombia escala su producción para mercados europeos y EEUU redefine los estándares de calidad que el mercado internacional va a exigir. Cada mes de indefinición regulatoria es capital y contratos que se van a otra jurisdicción.
La oportunidad, en cambio, es que la reclasificación estadounidense va a generar una demanda de investigación, insumos y variedades que el mercado local no puede abastecer solo. Argentina puede entrar como proveedor de materias primas de calidad, como socio de investigación clínica, o como destino de inversión para empresas que busquen producción a costos competitivos bajo estándares internacionales.
Para eso, sin embargo, hace falta que el gobierno, cualquiera sea su color político, lea la señal correctamente. Y que lo haga antes de que la ventana se cierre.
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