Escenario

Canadá: retorno al petróleo, las excusas del Papa y la conspiración ultraderechista

Para sus detractores, Trudeau tiene un doble discurso en cuestiones de medio ambiente

El primer ministro de Canadá, en la COP 26 de Glasgow.
El primer ministro de Canadá, en la COP 26 de Glasgow.
Luis Domenianni Luis Domenianni 12-04-2022
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Arrancó. El 6 de abril de 2022, el ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, anunció la autorización del Gobierno del Canadá para la explotación del yacimiento petrolífero de Bay du Nord ubicado a 500 kilómetros de las costas de la isla de Terranova, en el Océano Atlántico.

La relativa premura de último momento se debe, sin dudas, a la situación política internacional. En particular, a la invasión de Ucrania por Rusia y a la aspiración europea de reducir su dependencia del gas y del petróleo ruso, ahora convertida en política de seguridad continental.

El gigante petrolero noruego Equinor será el encargado de la explotación del yacimiento que se ubica a una profundidad de 1.170 metros bajo el nivel del mar. Equinor exploró la zona desde 2013 y los descubrimientos arrojaron una estimación satisfactoria a partir del 2020.

Los datos positivos del emprendimiento no son menores. Hablan de 300 millones de barriles como total de la reserva, extraíbles en 30 años. Dicen que, por la percepción de impuestos, el estado canadiense ingresará a sus arcas US$ 2.780 millones. Aseguran que dará empleo a 11.000 trabajadores de la provincia de Terranova y Labrador.

El problema es el medio ambiente. Y más aún que el propio medio ambiente los compromisos políticos relacionados con el clima adoptados previamente por el Gobierno del Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau para alcanzar y luego revalidar el poder.

Según el mencionado ministro Guilbeault, el proyecto Bay du Nord consigue luz verde “dadas las condiciones medioambientales más estrictas en la historia de la explotación petrolífera que incluyen la exigencia inédita para un proyecto de esta naturaleza de alcanzar la neutralidad carbono antes del 2050”.

Guilbeault fue más allá. Aseguró que Bay du Nord no es susceptible de producir “efectos medioambientales negativos de importancia”. Y cerró con un lacónico “en el mundo, todavía, hace falta el petróleo”.

Los ecologistas del país pusieron el grito en el cielo. De manera especial porque Guilbeault es uno de ellos. Ministro de Medio Ambiente desde octubre de 2021, es un experimentado militante ambientalista, asistente como no gubernamental de cuánta conferencia internacional sobre la materia se llevó a cabo por el mundo.

Claro que, a la última, de Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021 ya no asistió en nombre de ninguna ONG, sino como miembro del Gobierno canadiense. La intención del primer ministro Trudeau, al designarlo, fue dar una señal concreta en cuanto al cumplimiento de sus compromisos sobre la materia.

Es que Trudeau, al menos para sus detractores, aparece con un doble discurso en cuestiones de medio ambiente. Algo así como que, quién habla sobre su compromiso contra el calentamiento global, acumula acciones en sentido opuesto.

A saber: la nacionalización y la ampliación del oleoducto Trans-Mountain en 2018, anunciada solo un día después de declarar la emergencia climática en el país; el fracaso en la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero que, por el contrario, continúan en alza y las subvenciones a la industria petrolera como no lo había hecho ningún gobierno anterior.

Al ministro Guibeault y a su jefe Trudeau, las organizaciones ambientalistas desde Greenpeace hasta Environmental Defence formaron cola para pegarle. En contra se expidió, además, el Nuevo Partido Democrático (izquierda), aliado parlamentario necesario para el Gobierno minoritario de Trudeau.

En cuanto al Bloque Québécois, tercera formación política del país que pretende la independencia del Quebec de habla francesa, la calificación fue de “zopenca” para la posición del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático.

Un cambio climático que está a la orden del día tras la ola de calor inédita en la occidental provincia de Columbia Británica, con los incendios de bosques y del pueblo de Lytton o las continuas canículas en la oriental y de habla francesa provincia del Quebec.

O que es invocado cuando, algunos meses después, a finales del otoño, las inundaciones en la misma provincia de la Columbia Británica provocan la evacuación de miles de habitantes.

Ucrania

Canadá es el país del Grupo de los Siete (G7) -que integra junto con Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido- que peor comportamiento muestra frente a las emisiones de gas de efecto invernadero. No solo no disminuyen, sino que crecen.

Como respuesta, el 29 de marzo de 2021, el Gobierno del primer ministro Trudeau anunció, con bombos y platillos, un plan de US$ 7.000 millones que serán invertidos en la industria de vehículos eléctricos, de edificios “limpios”, de energías verdes. Objetivo: reducir en 40% las emisiones de gas invernadero en un plazo de ocho años.

Pero, la guerra en Ucrania es una oportunidad, a la que nadie alaba, pero en la que muchos confían para mejorar sus reservas financieras. Canadá es el cuarto productor mundial de crudo precedido por Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. A su vez, ocupa el quinto puesto en extracción de gas natural.

Es, por tanto, una fuente alternativa para los países consumidores europeos si pretenden dejar de depender de los hidrocarburos rusos. De allí que, mientras dure el actual estado de situación en el mundo, el Gobierno canadiense continuará con su doble juego.

Por el contrario, no es para nada ambigua la posición del Gobierno canadiense frente a la invasión rusa a Ucrania. Y es que, a las razones valederas en distintas partes del mundo como el rechazo a la agresión y la adhesión a los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades, Canadá agrega la presencia de una importante colonia ucraniana en su territorio.

La colectividad ucraniana en Canadá es la segunda mayor en el mundo, después de la que reside en Rusia. Totalizan, según sus propias declaraciones en el censo poblacional, 1,4 millones de personas. Un total que el primer ministro Trudeau tiene muy en cuenta a la hora de tomar decisiones y de hablar sobre la cuestión.

Así, Canadá pasó a ser un proveedor de lanzacohetes, ametralladoras y granadas para el Ejército ucraniano. Así, Trudeau informa sobre sus frecuentes comunicaciones con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Así, el país abre sus fronteras para la llegada e instalación de refugiados.

Una política de solidaridad que comparten los gobiernos regionales, en particular el de la provincia de Manitoba, en el centro del país, donde reside la mayor comunidad ucraniana. Y que comparten las organizaciones no gubernamentales y las iglesias ortodoxas en cuanto se refiere a ayuda humanitaria.

La propia viceprimera ministra del Canadá, Chrystia Freeland, es miembro de la comunidad ucraniana. Sus abuelos fueron ucranianos y su madre, nacida en un campo de concentración nazi en Alemania es una reconocida activista de la defensa de la patria de sus ancestros.

Ya en 2014, en ocasión de la ocupación y posterior anexión de Crimea a Rusia, Canadá sancionó comercialmente y prohibió la entrada al país de ciertos jerarcas rusos. La respuesta no se hizo esperar y fue con carácter espejo: ciudadanos canadienses sancionados por los rusos, entre ellos, la actual viceprimera ministra Freeland.

Autóctonos

Más vale tarde que nunca. El 1° de abril del 2022, el Papa Francisco presentó oficialmente sus excusas ante delegaciones de mestizos, inuit -esquimales- y primeras naciones por las violencias perpetradas durante decenios en los pensionados para autóctonos administrados por la Iglesia Católica del Canadá.

Desde las propias delegaciones hasta el primer ministro Justin Trudeau mostraron beneplácito por la actitud papal quien expresó su voluntad de visitar el Canadá a finales de julio 2022, en ocasión de la festividad de

Santa Ana. “Quiero estar con ustedes este año” anticipó, aunque en tono jocoso agregó “pero no en invierno”.

El descubrimiento de tumbas infantiles anónimas golpeó a la pacífica sociedad canadiense. Es que, entre finales del Siglo XIX y la década de 1980, alrededor de 150 mil niños autóctonos fueron internados forzosamente en más de 130 pensionados distribuidos por todo el país.

No sin razón, una comisión investigadora nacional ad hoc calificó al sistema de “genocidio cultural”. Los niños fueron separados de sus familias, de su lengua y de su cultura. La estimación es que entre 4.000 y 6.000 de ellos, nunca regresaron a sus hogares.

Hasta el momento, fueron encontradas alrededor de 1.300 tumbas de niños anónimos en las proximidades de los pensionados.

Del lado canadiense, sin desconocer en lo más mínimo la gravedad de la cuestión, el Gobierno busca resarcir a los damnificados y mejorar la situación de la niñez autóctona.

Así, la mencionada viceprimera ministra Chrysta Freeland anunció la constitución de un fondo presupuestario de US$ 30.000 millones consagrados en parte -mitad- a indemnizar a los niños retirados de sus padres desde los años 1990 y colocados bajo la “protección” de un sistema subfinanciado por el Estado.

El otro cincuenta por ciento será dedicado a mejorar los servicios de protección de la infancia en las comunidades autóctonas. Un sistema que es objeto de críticas por parte de las propias comunidades.

La dimensión del problema fue planteada recientemente por una diputada inuit Mumilart Qaqaaq quien denunció que solo el siete por ciento de los jóvenes canadienses son acogidos en pensionados privados por orden de la justicia, pero algo más de la mitad de ese siete por ciento corresponde a jóvenes autóctonos.

En el censo de del 2016, el total de personas que acusó ser miembro de las naciones originarias fue de 1.675.000, aproximadamente, de los cuales cien mil son inuit.

Con todo, las cosas cambian o, al menos, apuntan a ello. Si bien el Canadá es un estado independiente, no deja de ser un dominio de la corona británica, cuya monarca Isabel II es representada por un gobernador general con funciones honoríficas.

Pues bien, desde el 26 de julio de 2021, la diplomática Mary Simon es la nueva gobernadora general del dominio. Y Mary Simon es una mujer inuit.

Camioneros

Todo comenzó el 28 de enero pasado cuando cientos de camiones alineados en convoyes gigantescos convergieron hacia la sede del Parlamento Federal en la capital Ottawa para participar de una manifestación contra la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra el Covid.

La movilización tuvo inicio en el otro extremo del país, en la occidental provincia de Columbia Británica y recorrió varios miles de kilómetros hasta llegar al Parlamento. Fue bautizado por los propios choferes como el “convoy de la libertad”.

Como era de esperar, el fantasma de la extrema derecha no tardó en aparecer. Más aún si se tiene en cuenta la proximidad con los Estados Unidos -la frontera totaliza 9 mil kilómetros- donde la extrema derecha se apropió de las banderas libertarias.

Al paso de los días, los manifestantes y sus camiones no se movieron de Ottawa. Por el contrario, avanzaron en otros sitios del país y cortaron el puente internacional que une las ciudades de Windsor en Canadá y Detroit en los Estados Unidos.

Mientras tanto, el primer ministro Trudeau, afectado a su vez por el coronavirus, brillaba por su ausencia. Ninguna reacción tras dos semanas de movilización camionera. Ni siquiera ante el pedido del presidente norteamericano Joe Biden para que se procediese a desbloquear el puente fronterizo.

Finalmente, Trudeau reapareció. Inmediatamente, invocó una ley de excepción de 1988 que posibilita una actuación policial con “músculo” para multar, para incautar y hasta para detener a los camioneros recalcitrantes.

Como suele suceder, la improvisación no formó parte sustancial del movimiento camionero. Cuando hace falta logística y organización para llevar adelante una acción que tiene mucho de política, la profesionalidad, aún disimulada, asoma.

La inteligencia canadiense reunió información para establecer responsabilidades respecto del “convoy de la libertad”. Y encontró “Canada Unity”, una organización de ultraderecha, inspirada en los movimientos similares norteamericanos que forman parte de “trumpismo”.

Un protocolo de acuerdo entre los distintos grupos que convergieron en “Canada Unity”, publicado al inicio de la movilización el 29 de enero de 2022, reclamó la “destitución” lisa y llana del Gobierno del primer ministro Trudeau.

Finalmente, el accionar policial fundado en la ley de excepción, separó a los cabecillas y logró darle fin al movimiento sin derogar la obligatoriedad de la vacunación. Una disputa más que ganó el escurridizo primer ministro pese a su inacción inicial.

Pero quedó por delante una sensación de precariedad y una pregunta sin responder: cómo pudieron algunos grupúsculos que no reúnen más de un centenar de personas generar semejante movilización en todo el país, un país donde, además, el 90% de la población está vacunada.

El primer ministro deberá dar respuesta a ese interrogante. Más aún cuando gobierna en solitario con el apoyo, solo legislativo, del Nuevo Partido Demócrata, una formación de izquierda, autocalificada como progresista y socialdemócrata.

De los 170 asientos legislativos necesarios para gobernar con mayoría propia, el oficialista Partido Liberal cuenta, tras la última elección de setiembre del 2021, con 158. Debe sumar el voto positivo de los 26 diputados del Nuevo Partido Demócrata.

Por su lado, la oposición cuenta con 121 legisladores del Partido Conservador y 31 de los independentistas del Bloc Québécois. Por último, existe una mini representación verde con dos diputados. La extrema derecha, no organizada como partido político, no cuenta con ninguno.

Canadá fue siempre visto como un envidiable modelo de paz y prosperidad, aún cuando sus fuerzas armadas intervinieron en varios conflictos fuera de sus fronteras, siempre lo hicieron para defender la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.

Hoy ese modelo se encuentra cuestionado. Desde el pasado, por lo ocurrido con las naciones originarias. Desde el presente, por un componente antiliberal que se extiende por el mundo. Desde el futuro, por la marcha atrás en materia medioambiental.

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