28 mayo de 2026
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Australia acaba de iniciar una de las demandas ambientales más grandes de su historia y el foco está puesto sobre una de las compañías más conocidas del planeta: 3M, fabricante de productos icónicos como los Post-It y la cinta Scotch.
El Gobierno australiano anunció este jueves una demanda multimillonaria contra la empresa estadounidense por la contaminación provocada por los llamados “químicos eternos” utilizados durante años en espumas contra incendios empleadas en bases militares y sitios de defensa.
La presentación judicial, realizada ante la Corte Federal australiana, reclama más de A$ 2.000 millones —unos US$ 1.400 millones— y, según Canberra, se trata de la mayor acción legal jamás iniciada por el país.
Qué son los “químicos eternos” que desataron el conflicto
El centro de la disputa son los PFAS, sustancias químicas conocidas internacionalmente como “forever chemicals” o “químicos eternos”.
Se trata de compuestos extremadamente resistentes que pueden permanecer durante décadas en el agua, el suelo y el cuerpo humano sin degradarse.
Históricamente, los PFAS fueron utilizados en productos industriales, ropa, semiconductores, equipos de seguridad y espumas antiincendios por su resistencia al calor y a la grasa.
Sin embargo, distintos estudios comenzaron a vincularlos con problemas de salud como infertilidad; daño hepático; deterioro renal; alteraciones hormonales y posibles riesgos cancerígenos.
El caso australiano se concentra especialmente en una espuma antiincendios utilizada durante años en instalaciones militares.
La acusación contra 3M
El gobierno australiano acusa a 3M de haber ocultado información y de haber brindado garantías engañosas sobre la seguridad ambiental de esos productos.
Según la demanda, la compañía habría asegurado que las espumas podían utilizarse y descartarse sin riesgos relevantes, pese a que internamente ya conocía potenciales impactos ambientales.
La fiscal general australiana, Michelle Rowland, aseguró que el gobierno busca “hacer responsable a 3M por los daños económicos y ambientales asociados con la contaminación por PFAS”.
El ministro adjunto de Defensa, Peter Khalil, sostuvo además que Australia ya gastó alrededor de A$ 1.300 millones intentando contener la contaminación en 28 sitios militares afectados.
“Visité comunidades en toda Australia afectadas por contaminación con PFAS y necesitan respuestas”, afirmó.
La respuesta de 3M
La empresa estadounidense rechazó parte de las acusaciones y aseguró que nunca fabricó PFAS en Australia.
Además, afirmó que dejó de vender esos productos en el país hace aproximadamente dos décadas.
3M también apuntó contra el propio Estado australiano y sostuvo que el Departamento de Defensa continuó utilizando espumas con PFAS “durante casi veinte años más” incluso después del cese de comercialización.
El caso amenaza con transformarse en un nuevo frente global para la compañía, que ya enfrenta enormes costos legales vinculados a contaminación química.
El antecedente multimillonario en Estados Unidos
En 2024, 3M acordó pagar US$ 10.300 millones en Estados Unidos para resolver demandas vinculadas a contaminación de agua potable con PFAS.
Ese acuerdo involucró a proveedores públicos de agua que detectaron presencia de estos químicos en redes de consumo humano.
Ahora, el litigio australiano vuelve a poner presión sobre la empresa y refleja un fenómeno global: el costo gigantesco que podría implicar la limpieza ambiental de los “químicos eternos”.
Europa lanzó una advertencia alarmante
La preocupación ya llegó también a Europa.
La Comisión Europea estimó este año que el costo de descontaminar territorios afectados por PFAS podría alcanzar los € 440.000 millones hacia 2050 si no se implementan prohibiciones totales sobre estos compuestos.
La cifra refleja el temor creciente de gobiernos y organismos regulatorios frente a sustancias que estuvieron presentes durante décadas en miles de productos industriales y de consumo masivo.
El juicio contra 3M en Australia podría convertirse ahora en uno de los casos más emblemáticos de esa batalla global.
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