Vicuña, los campamentos chinos y la discusión equivocada

La decisión del proyecto Vicuña de importar desde China un campamento modular para miles de trabajadores desató una polémica previsible. Para algunos, se trata de una oportunidad perdida para la industria nacional. Para otros, es simplemente una decisión racional basada en costos y competitividad.

Sin embargo, ambas posiciones corren el riesgo de quedarse discutiendo los árboles y perder de vista el bosque.

Porque si la principal discusión sobre el desarrollo productivo asociado a la minería termina reducida a quién fabrica los dormitorios, los contenedores o los baños químicos de un campamento, probablemente estemos apuntando al objetivo equivocado.

La minería puede generar mucho más que minerales. Puede generar proveedores, innovación, conocimiento, tecnología y nuevas exportaciones. O puede no generar nada de eso. La diferencia no está en la nacionalidad de los módulos habitacionales sino en la calidad de las políticas públicas que acompañan el desarrollo del sector.

La experiencia internacional resulta ilustrativa.

Australia es hoy uno de los mayores exportadores mineros del mundo. Sin embargo, una parte creciente de su éxito no proviene de la exportación de minerales, sino de su ecosistema de Mining Equipment, Technology and Services (METS), integrado por miles de empresas que exportan ingeniería, automatización, software, sensores, servicios geológicos y soluciones tecnológicas para la minería global.

Canadá siguió una trayectoria similar. Ciudades como Sudbury o Saskatoon se transformaron en polos tecnológicos especializados en minería. Allí se desarrollan tecnologías para exploración, monitoreo remoto, automatización y gestión ambiental que luego se exportan a proyectos mineros de todo el mundo.

Lo interesante es que ninguno de estos países construyó esos ecosistemas obligando a las mineras a comprar localmente cada bien o servicio utilizado en una operación.

Australia no se convirtió en una potencia METS porque BHP o Rio Tinto estuvieran obligadas a comprar dormitorios fabricados en Perth. Canadá no desarrolló proveedores globales porque una minera tuviera prohibido importar un módulo prefabricado.

Las políticas fueron bastante más sofisticadas.

Australia impulsó programas de investigación colaborativa entre empresas y universidades a través de los Cooperative Research Centres (CRC). Financió infraestructura tecnológica compartida. Implementó incentivos fiscales para actividades de investigación y desarrollo. Fortaleció organismos como CSIRO y Geoscience Australia para producir conocimiento aplicado y poner a disposición información geológica de acceso abierto.

Además, promovió mecanismos de participación industrial local basados en el principio de oportunidades "plenas, justas y razonables" para los proveedores nacionales. Es decir, garantizar transparencia y acceso a las licitaciones, no mercados cautivos.

Canadá hizo algo parecido. Apostó por clusters regionales, universidades vinculadas al sector productivo, centros tecnológicos especializados y programas de innovación orientados a resolver desafíos concretos de la actividad minera.

En ambos casos, el objetivo fue desarrollar capacidades. No preservar artificialmente tareas que habían dejado de ser competitivas.

La diferencia es importante.

Un dormitorio modular puede importarse.

La capacidad de desarrollar software para optimizar una planta concentradora no.

Un baño químico puede fabricarse en cualquier parte del mundo.

Un sistema de monitoreo ambiental adaptado a las condiciones de la Cordillera de los Andes es mucho más difícil de replicar.

Un campamento es una inversión transitoria.

Las capacidades tecnológicas permanecen.

Por supuesto, esto no implica resignarse a que la minería funcione como un enclave desconectado del resto de la economía. Todo lo contrario.

Argentina debería exigir mucho más que un porcentaje arbitrario de contenido local.

Debería exigir planes de desarrollo de proveedores, programas de transferencia tecnológica, vinculación con universidades, formación de recursos humanos, participación de empresas locales en procesos de innovación y reportes periódicos sobre encadenamientos productivos.

Debería facilitar certificaciones, mejorar el acceso al financiamiento para proveedores tecnológicos, fortalecer la articulación entre empresas y sistema científico, ampliar la disponibilidad de información geológica y eliminar impuestos distorsivos que hoy castigan a quienes intentan competir.

Es menos vistoso que una conferencia de prensa denunciando la importación de un campamento. También es bastante más difícil. Pero probablemente sea mucho más efectivo.

La verdadera pregunta que debería dejar la polémica de Vicuña no es cuántos módulos habitacionales se fabricaron en Argentina.

La verdadera pregunta es cuántas empresas argentinas estarán exportando ingeniería, automatización, servicios ambientales, software o tecnología minera dentro de diez años gracias al desarrollo del cobre y el litio.

Porque los países que lograron transformar sus recursos naturales en desarrollo no se obsesionaron con fabricar localmente cada pieza utilizada por una mina.

Se concentraron en algo bastante más ambicioso: construir ecosistemas industriales capaces de competir con el mundo.

Y, con todo respeto, ese desafío es bastante más interesante que discutir quién fabrica los baños químicos. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar