Se viven tiempos de cambio en la economía argentina: el Gobierno ha expresado sus planes al respecto, ha avanzado en su implementación, y demostrado que el sector de la energía eléctrica está presente con prioridad en la agenda pública.
Existen razones suficientes para avanzar con las reformas regulatorias y con los cambios en la industria: el contexto acompaña y son útiles y vigentes las experiencias adquiridas por aplicación en el país de modelos de gestión de renta privada y regulación estatal en los últimos 35 años; lo hecho y aprendido en el pasado se convierte en una fuente de inspiración y valoración de lo que funcionaría en los cambios y lo que no: qué repetir, que cambiar, que profundizar y qué evitar para mejorar.
El contexto muestra que la administración de gobierno tiene una decidida voluntad de avanzar con las reformas; que los nuevos recursos primarios no convencionales y la innovación tecnológica son opciones reales y son ellos los que deberían convertirse en la alternativa para que la industria logre el salto de calidad y economía que reclama la comunidad, y que los consumidores de hoy tienen voluntad y capacidad de convertirse en agentes activos para el cambio, están dispuesto a tomar decisiones, invertir a su cuenta y administrar los riesgos.
Así, la situación de contexto habilita a que los cambios sucedan: que se implementen las reformas regulatorias que le den sustento, que la industria eléctrica se reinvente en consecuencia y que el servicio en sus aspectos de desempeño técnico y economía sea cada vez mejor en la percepción de losconsumidores.
Los objetivos son claros, se espera que el servicio eléctrico sea una solución para la gente, que contribuya a mejorar su calidad de vida y que sume para una economía en evolución y crecimiento constante, una economía donde prime la libre iniciativa y la competencia, una economía con administración privada de los riesgos, justa en la asignación de premios y con crecimiento sostenible.
Sin vueltas, el sector eléctrico debe ser una solución para el crecimiento y la evolución, y no un problema.
Un decreto clave
Hace unos días, el Poder Ejecutivo dio el paso fundamental para avanzar con las reformas: sancionó el Decreto Nro. 450/2025 que dispuso se ajusten las leyes de Marco Regulatorio de la Industria Eléctrica, al tiempo que definió plazos y objetivos de la transición hacia el nuevo modelo.
A partir de ahora, se espera que se avance en la redacción y sanción de los reglamentos que hagan posible la aplicación de lo dispuesto, que se normalice y consolide la institucionalidad del Estado regulador, que las empresas inicien sus propios procesos de reingeniería para adaptarse a los nuevos tiempos, y que se traduzcan en hechos las potencialidades y facultades otorgadas a la demanda para consolidar la competitividad de los mercados en todos los eslabones de la cadena de valor del sector; tales objetivos de política fueron ratificados en el citado decreto.
Son claves del proceso de cambio la habilitación de nuevas figuras para operar en los mercados tales como los comercializadores y operadores de activos para la acumulación temporal de la energía.
También lo es la obligación de las distribuidoras de suscribir contratos con proveedores de energía, el aseguramiento de la equidad en el uso de sistemas colectivos de distribución y transmisión, y la ratificación del rol activo de la institucionalidad regulatoria en la coordinación y validación de las iniciativas individuales con impacto en el conjunto, preservando y garantizando el servicio público a los consumidores.
Los objetivos de la reforma son claros y los resultados que de su aplicación se espera también lo son.
Los ejes de la tarea futura deberían pasar por i) escribir una nueva regulación que ajuste e introduzca novedades en las obligaciones e incentivos de los agentes que operan en cada etapa del sector, y redefina las obligaciones y derechos de la demanda regulada y de libre contratación; ii) reconstruir la institucionalidad del sector de cara a los nuevos desafíos del futuro actuando sobre los órganos de política sectorial, coordinación y autoridad de los despachos, control y arbitraje de los agentes regulados y revisión y ajuste de las normas del mercado, y revisar la coordinación y articulación entre jurisdicciones provinciales y la nacional; iii) promover una reingeniería de los procesos de los agentes de la industria, su misión y funciones, todo ello para incrementar la competitividad de los mercados aplicando la lógica de renta de los negocios privados convergente con las mejoras del servicio público.
Los tiempos que vivimos son de cambio y transformación, la voluntad de cambio conduce a la creación de oportunidades de beneficios económicos y de buenos servicios convergentes entre quienes gestionan, invierten y suministran, y quienes lo demandan.
La oportunidad de mejorar existe sólo requiere del compromiso del Estado en avanzar con reformas modernas e inteligentes, en consolidar la creación de las nuevas instituciones de gobierno para la efectiva y eficaz aplicación de la nueva regulación, y el compromiso de la industria de reinventarse al ritmo de la evolución tecnológica y coherentes con la visión de gobierno de recrear un país grande, con crecimiento sostenido y con la oportunidad de una transformación histórica.
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