En diciembre de 2023, el gobierno anunció que concluiría la segmentación de subsidios energéticos, un proceso clave para focalizar el apoyo estatal y racionalizar el gasto público.
Sin embargo, tras varias postergaciones, en mayo de 2024 se anunció que el nuevo régimen comenzaría, a más tardar, en junio de 2025.
A la fecha, esa fecha límite tampoco se ha cumplido, y en cambio el oficialismo recurre a anuncios parciales, como el reciente comunicado sobre subsidios en Nordelta, que críticos califican como una "magia comunicacional" para distraer de la falta de avances concretos.
Fuentes cercanas al sector energético indican que este nuevo anuncio resulta "extraño" y evidencia el reconocimiento implícito del incumplimiento.
La segmentación había sido planteada inicialmente a partir de un decreto promulgado en mayo del 2023, que a su vez era fruto de una audiencia pública realizada en febrero del mismo año.
"En aquella oportunidad, se planteó que el sistema de focalización de subsidios debía entrar en vigencia en diciembre de 2023, con un plazo máximo hasta junio de 2024. Sin embargo, a finales de mayo de 2025, no existe un programa operativo, ni una base depurada de beneficiarios", advierten voces de la industria.
Desde el gobierno afirman que ya se habían depurado las bases de datos cuando estuvo vigente un régimen de segmentación entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023.
Pero la realidad muestra que recién ahora, a casi dos años del inicio de esa segmentación, se detecta que usuarios en zonas como Puerto Madero siguen recibiendo subsidios, lo que pone en duda el proceso de fiscalización.
Un punto polémico radica en la selección de las zonas excluidas del subsidio. Se denuncian criterios arbitrarios y cuestionamientos legales. Por qué barrios como Puerto Madero quedan fuera, mientras otros como Bajo Belgrano mantienen el beneficio, cuestionan algunos analistas.
Además, se sospecha que algunas contabilizaciones podrían incluir sectores populares dentro de zonas exclusivas, como Villa Rodrigo Bueno, incluida erróneamente en Puerto Madero, lo que distorsiona los datos oficiales.
En medio de estas controversias, el gobierno asegura que las obras de mejora serán financiadas por el sector privado, aunque en la práctica esto implica que las familias y pequeñas empresas deberán absorber los costos.
"Esto plantea interrogantes sobre los controles que se aplicarán y los posibles aumentos tarifarios, en un contexto donde las empresas demandan márgenes de ganancia en dólares de hasta el 20%", señalan.
Desde el sector indican que "este retraso y la falta de claridad en la comunicación ponen en jaque la confianza en un proceso esencial para la equidad y sostenibilidad del sistema energético argentino, que hasta ahora sigue sin encontrar rumbo claro".
Seguí a El Economista en Google
Agreganos a tus medios preferidos.
+ Agregar
