En el marco del proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó recientemente una serie de resoluciones que establecen nuevos cuadros tarifarios para el servicio público de transporte y distribución de gas natural.
Los ajustes corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, y se realizan conforme a una fórmula que pondera en partes iguales los índices de precios al consumidor (IPC) y al por mayor (IPIM).
Sin embargo, el informe elaborado por el abogado y experto en políticas energéticas Juan José Carbajales, director del IGPUBA y de la consultora Paspartú, alerta sobre serias inconsistencias en la implementación del nuevo esquema tarifario.
Uno de los principales problemas señalados es la existencia de errores en los anexos de las resoluciones tarifarias, lo que obligó a ENARGAS a reemplazarlos por discrepancias en los registros de activos de las distribuidoras y transportistas correspondientes al período 2018-2024.
Además, Carbajales cuestiona la falta de información sobre el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas por las licenciatarias desde 2017, y la ausencia de auditorías oficiales sobre este punto clave del marco regulatorio.
Impacto en el bolsillo y en la tarifa social
Otro aspecto crítico es el impacto que puede tener la fórmula de ajuste que incluye el IPIM, índice que incorpora componentes sujetos al tipo de cambio, como los productos importados, lo cual podría afectar a usuarios vulnerables de las categorías N2 y N3, y a pequeños comercios o industrias.
En paralelo, las resoluciones del Ministerio de Economía continúan incrementando el recargo del Fondo Fiduciario para la Zona Fría ampliada, que pasó del 6,4% en julio al 7% en octubre, rozando ya el tope legal permitido (7,5%).
Por otro lado, aún persisten atrasos en los cálculos de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), claves para el ajuste de tarifas durante el período estival 2025-2026. El procedimiento recién fue aprobado mediante la Resolución ENARGAS 559/2025, afectando el cronograma técnico y financiero del sistema.
Finalmente, el informe subraya la acumulación de correcciones a las resoluciones previas como una señal de fragilidad técnica en el armado tarifario: omisiones en actualizaciones de junio, diferencias en cálculos entre meses, errores en la estimación de volúmenes y en la inclusión de insumos críticos.
Aunque el especialista reconoce que el Gobierno avanza en la normalización del esquema tarifario conforme al marco legal vigente, advierte que sin mayor claridad, control de inversiones y precisión técnica, los aumentos podrían no sólo afectar la asequibilidad del servicio, sino también debilitar la confianza de usuarios e inversores.
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