14 noviembre de 2025
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El presidente Javier Milei volvió a poner en el centro del debate a la industria minera. Según trascendió de fuentes cercanas a la Casa Rosada, el Ejecutivo trabaja en una propuesta para modificar la Ley de Glaciares, la normativa que desde 2010 limita el avance de grandes explotaciones en zonas cordilleranas.
El objetivo es claro: liberar proyectos de cobre y litio valuados en decenas de miles de millones de dólares que hoy permanecen congelados.
La iniciativa aparece como un nuevo intento de acelerar inversiones estratégicas. El Gobierno ya ofreció a las mineras acogerse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promete estabilidad fiscal y beneficios cambiarios.
Sin embargo, gigantes del sector —como Glencore, BHP, Lundin y McEwen Copper— siguen enfrentando trabas regulatorias vinculadas a la protección de glaciares y ambientes periglaciares.
Uno de los casos emblemáticos es El Pachón, el proyecto de cobre de Glencore estimado en más de U$S 9.500 millones. Aunque la provincia de San Juan retiró de su inventario local un glaciar rocoso que interfería en la planificación, la compañía aún necesita que se elimine del registro nacional para avanzar.
Según pudo reconstruirse, el Ejecutivo analiza enviar al Congreso una propuesta para acotar el alcance actual de la ley, cuyo inventario oficial, publicado en 2018, registra más de 16.000 formaciones de hielo en la cordillera. El sector privado sostiene que muchas de ellas no cumplen los requisitos técnicos para ser consideradas glaciares y que la definición legal resulta demasiado amplia.
Si no prospera la vía legislativa, Milei podría optar por un decreto, aunque ese camino ofrecería menos seguridad jurídica para la radicación de capitales internacionales. Tras su aumento de representación en el Congreso a partir de diciembre, el Presidente tendría más margen político para intentar una reforma.
Empresas expectantes y un mapa en disputa
Las compañías del rubro ven en estos cambios la oportunidad de reactivar proyectos que podrían posicionar a la Argentina como un actor central en el suministro de cobre, un metal clave para la electrificación global. Sectores del ambientalismo, en cambio, alertan sobre los riesgos de intervenir en áreas que alimentan cuencas de agua dulce.
El caso de Los Azules, de McEwen Copper,señala que la zona circundante contiene más de 150 glaciares de roca, un factor que podría limitar tanto la explotación a cielo abierto como futuras expansiones.
Aun así, varias empresas sostienen que el actual marco legal es demasiado restrictivo. "La Ley de Glaciares requiere aclaraciones, porque las zonas periglaciares afectan la mayoría de los grandes proyectos de cobre", expresó recientemente Glencore.
Milei ha replanteado la agenda ambiental bajo una lógica centrada en la reactivación económica y la explotación de recursos estratégicos. En ese marco, provincias como San Juan han mostrado predisposición a acompañar inversiones de escala mundial, incluso dentro de las restricciones federales.
El desafío, ahora, es definir hasta dónde puede estirarse la línea entre protección ambiental y desarrollo minero. Y si el Gobierno consigue avanzar con la reforma, podría habilitar la mayor ola de inversiones mineras de las últimas décadas.
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