La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Glaciares y abrió un nuevo escenario para la minería argentina, marcado por el entusiasmo del sector privado y la fuerte advertencia de organizaciones ambientalistas.
La reforma, que redefine el alcance de las áreas protegidas y otorga mayor protagonismo a las provincias, promete destrabar inversiones millonarias, pero también reavivó el debate sobre la protección del agua.
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebraron la sanción como "una señal positiva para el futuro productivo del país". La entidad sostuvo que la actualización normativa aporta previsibilidad y claridad técnica, dos factores que —según remarcaron— resultan clave para atraer inversiones de largo plazo y generar empleo en las economías regionales.
En esa línea, destacaron que la reforma permite definir con mayor precisión qué zonas deben ser protegidas y en cuáles pueden desarrollarse actividades productivas bajo controles ambientales. "La minería responsable requiere reglas claras", indicaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con estándares internacionales de sustentabilidad y cuidado del agua.
El respaldo empresario se da en un contexto en el que la industria proyecta inversiones por hasta US$ 30.000 millones, principalmente en proyectos de cobre, litio y oro en la región cordillerana. La expectativa es que la nueva ley permita destrabar iniciativas que permanecían frenadas por la ambigüedad normativa.
Desde el Gobierno, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió la reforma y cuestionó a quienes se oponen. Durante su exposición en el Congreso, aseguró que existe una "campaña del miedo" en torno al impacto de la ley y rechazó los planteos sobre un eventual riesgo hídrico.
"El agua dulce no es un problema de escasez, sino de distribución", sostuvo el funcionario, quien además consideró que las críticas implican un "menosprecio a las capacidades provinciales". En ese sentido, remarcó que la norma respeta el federalismo al otorgar a las provincias un rol central en la identificación y control de los recursos.
La reforma introduce cambios clave: limita las prohibiciones a aquellas geoformas que tengan una función hídrica comprobada, exige evaluaciones de impacto ambiental previas y refuerza el rol provincial en la definición de zonas protegidas. Además, mantiene la protección sobre glaciares inventariados hasta que se demuestre científicamente que no cumplen funciones esenciales para el recurso hídrico.
Sin embargo, del otro lado del debate, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición cuestionaron con dureza la iniciativa y anticiparon presentaciones judiciales. Advierten que la nueva redacción podría habilitar actividades en áreas sensibles del ambiente periglacial, con riesgos potenciales para reservas estratégicas de agua dulce.
El eje del cuestionamiento radica en que la flexibilización de criterios podría abrir la puerta a interpretaciones más laxas en las evaluaciones ambientales, especialmente en provincias con fuerte interés en desarrollar proyectos extractivos.
Así, la nueva Ley de Glaciares inaugura una etapa de mayor certidumbre para la minería, pero también de alta conflictividad social y política. Mientras el sector privado proyecta un salto en inversiones y empleo, los ambientalistas advierten que el verdadero desafío será garantizar que ese desarrollo no comprometa uno de los recursos más críticos: el agua.
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