En una jornada cargada de expectativa, la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el histórico Proyecto San Jorge, que prevé una inversión de U$S 559 millones para la explotación de cobre en Uspallata.
Con 32 votos a favor y 13 en contra, el avance legislativo se convirtió de inmediato en un punto de inflexión para la política productiva provincial y en el mayor aval a un proyecto minero desde 2011.
Aunque el tratamiento parlamentario se extendió durante horas, el oficialismo logró ordenar su tropa y defender la iniciativa como un paso indispensable para modernizar la matriz económica provincial.
En esa línea, el gobernador Alfredo Cornejo celebró el resultado al afirmar que Mendoza "no puede perder otros 14 años" y que la provincia finalmente está ingresando en "una minería seria, transparente y con controles de última generación".
Una provincia dividida
El avance de PSJ Cobre Mendocino no solo reavivó viejos debates, sino que volvió a poner a prueba la fractura histórica entre desarrollo minero, defensa del agua y modelo productivo. A diferencia de 2011 —cuando el proyecto fue rechazado de forma unánime—, esta vez la iniciativa llegó con un expediente reformulado, nuevos estándares ambientales y un respaldo político más sólido por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, la sesión reveló que los consensos aún están lejos de consolidarse. Desde horas tempranas, organizaciones socioambientales ocuparon la Peatonal Sarmiento con carteles y cánticos contra la minería, mientras dentro del recinto el debate escalaba en intensidad.
Tras la votación, Cornejo envió un mensaje directo a quienes se oponen al proyecto: "Esta no es la minería de hace 20 años. Hay telemetría, trazabilidad, monitoreo ciudadano y controles automáticos. No vamos a repetir errores del pasado."
El mandatario insistió además en un argumento que se convirtió en eje de la defensa oficialista: "El 70% de Uspallata trabaja para el Estado y el 60% está bajo la línea de pobreza. Eso no es progreso. Mendoza necesita empleo privado, inversión y futuro."
La DIA aprobada incluye protocolos reforzados en agua, biodiversidad, sismicidad y emergencias; el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT); consulta previa a comunidades; y un Fondo Socioambiental para reparación y compensación, entre otras medidas.
A favor y en contra
Los diputados oficialistas y aliados destacaron que el proyecto no solo pasó por 16 dictámenes técnicos y la revisión de la Universidad Nacional de Cuyo, sino que además se ajusta a estándares internacionales y aporta un mineral clave para la transición energética.
"La minería representa entre el 1% y el 3% del uso hídrico industrial. No es la responsable del problema del agua en Mendoza", subrayó Mauro Giambastiani (MM), mientras que Enrique Thomas (Cambia Mendoza) aseguró que "el mundo castiga a las empresas que incumplen. La nueva minería es incompatible con la impunidad".
En contraste, el PJ, el Partido Verde y parte de La Unión Mendocina cuestionaron duramente el proyecto. José Luis Ramón (CyC) criticó que la DIA "omite información clave", especialmente sobre disponibilidad hídrica, mientras que Valentina Morán (PJ) afirmó que "la discusión no es minería sí o minería no, sino bajo qué condiciones".
Desde LUM, Rolando Scanio sostuvo que "ningún proyecto minero dejó comunidades mejor" y advirtió sobre el "alto consumo de agua". A estas críticas se sumó Gabriela Lizana (FRLN), quien aseguró que San Jorge "no cumple estándares internacionales" y anticipó posibles acciones judiciales si el proyecto avanza en estas condiciones.
Ahora, el proyecto se encamina al Senado, donde se espera que el 9 de diciembre obtenga la sanción definitiva. Si eso ocurre, Mendoza habilitará su primer proyecto cuprífero en décadas, con promesa de empleo y diversificación económica, pero también con un horizonte de tensión social y posibles impugnaciones.
CAEM: "Celebramos el paso dado por Mendoza"
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebraron la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de Mendoza a las Declaraciones de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de los proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II.
"Este paso marca una oportunidad histórica para Mendoza, que comienza a ampliar su matriz productiva y a consolidar un camino hacia el desarrollo sostenible. Es una decisión estratégica surgida de pensar con miras al futuro de la provincia en los próximos 100 años. El cobre, mineral clave para la transición energética, será el motor de este proceso. Su desarrollo productivo permitirá generar empleo de calidad, impulsar la competitividad y abrir oportunidades para cientos de pymes locales. Por eso, hoy celebramos un hecho que trasciende a Mendoza: es una señal positiva para toda la Argentina, que reafirma el valor de la minería como herramienta de progreso y desarrollo", dijeron desde la CAEM.
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