La Justicia no solucionará la crisis energética
por Jorge Colina (*)
Es entendible el enojo y la preocupación de las familias y las empresas por el brusco aumento en el costo del servicio de gas. Ciertamente, que los montos son excesivamente abultados y que el proceso estuvo impregnado de improvisación y ausencia de información. Tampoco hubo sentido de la oportunidad dada la llegada temprana del clima frío, el deterioro de las remuneraciones reales por la inflación y el estancamiento en la actividad económica. Pero nada justifica bregar por sostener una política destructiva.
El nivel de producción de gas en Argentina, según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, cayó casi 20% entre los años 2004 y 2015. Esto hace que la producción de gas en la actualidad esté en un nivel equivalente al del año 1999. Sin embargo, en Argentina, hoy, hay 20% más de población (familias que consumen gas) y casi 50% más de nivel de producción general (empresas que usan gas). No hacen falta análisis muy rigurosos para concluir que, si la producción de gas cayó y los que usan gas aumentaron, el precio del gas va a ser alto.
¿Por qué cayó la producción de gas? Por la política tarifaria que se aplicó desde el 2004. Se fijó el precio en valores muy bajos que hizo que los productores de petróleo produzcan menos y que las familias y las empresas consuman en exceso a lo que habría consumido si el precio hubiese estado más alineado con la realidad. Si se persiste, el próximo destino es el desabastecimiento porque existe un precio fijado artificialmente bajo, que se convierte en ficticio porque la escasez pasa a ser la realidad. Esto ya se vivió con los cortes de electricidad: precios muy bajos, pero no hay electricidad.
La Justicia podrá prohibir el aumento de precio, pero no produce gas. Si considera que por imperio de su voluntad los precios no deben ser alineados con la realidad, lo único que logrará será agravar la crisis energética. Si actúa con criterio, debe dar lugar a que los precios se fijen con criterios técnicos y su contribución debe garantizar que el proceso de ajuste sea ordenado, evitando tratos arbitrarios e inequitativos, y con la mayor transparencia posible en su aplicación.
(*) IDESA Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar