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El fallo de la Corte demorará la reactivación del sector energético

“Es un factor de incetidumbre que hace que las empresas se retraigan a la hora de decidir una inversión”, advierte Gerardo Rabinovich.

23-08-2016
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La imposibilidad de aumentar el precio del gas en boca de pozo luego de que la Corte Suprema determinara que para eso hace falta una audiencia pública previa, demorará la reactivación del sector energético, que en el segundo semestre arrojaría una caída en los niveles de producción, asegura Gerardo Rabinovich, vicepresidente del IAE General Mosconi. “No hay un costo cuantificable (del fallo), pero lo que sí hay es una demora en la reactivación del sector. Las empresas productoras, cuando mirás los balances, no están perdiendo plata con los precios a los que están vendiendo hoy los hidrocarburos, pero tampoco tienen ganancias de una magnitud tal que incentiven a la exploración”, sostiene en diálogo con El Economista.

Uno de los deseos principales del Gobierno Nacional era que el máximo Tribunal excluyera de la necesidad de llevar a cabo audiencias públicas previas a la definición del precio de gas en boca de pozo, es decir, el valor que se le paga a las empresas por millón de BTU extraído. Según esgrimía el Ministerio de Energía y Minería, ese precio está librado a la determinación del mercado y por ende, no debe estar sujeto a audiencias públicas. Sin embargo, para los jueces de la Corte, en la práctica es un precio fijado de manera monopólica y por ende, debe modificarse con el mismo procedimiento que se utiliza para los segmentos de transporte y distribución, regulados por el Estado.

De este modo, cuando el 12 de septiembre se celebre la audiencia pública, el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren deberá justificar por qué intentará incrementar ese precio que, si se lograba subir de US$ 2,6 por millón de BTU a US$ 5 por millón de BTU hubiera significado una transferencia de US$ 2.800 M adicionales a las petroleras, según el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).

Uno de los principales argumentos del Gobierno a la hora de promover la suba de tarifas era que sería un estímulo para que las empresas decidan invertir en el sector, lo que ayudaría a revertir la caída de la producción, que entre 2005 y 2015 anotó una caída de 8,5 millones de metros cúbicos. Además, desde la perspectiva oficial, sería una señal más del intento de normalizar en el sector, lo que ayudaría a crear un clima más favorable para las inversiones. En ese sentido, para Rabinovich, el fallo de la Corte es adverso a esas intenciones. “Todo factor de incertidumbre hace que las empresas se retraigan a la hora de decidir una inversión, y este es un factor de incertidumbre”, advierte.

En el primer semestre del año, la producción de gas creció 5,1%, según la Fundación Ideal, ratificando la tendencia que viene registrando desde 2015. No obstante, para el vicepresidente del IAE, en la próxima mitad del año o en 2017 va a volver a caer, por la menor actividad e inversión en el sector durante el último tiempo. “En el sector energético, la producción de hoy tiene más que ver con las inversiones pasadas, con lo cual, es muy factible que tanto la producción de crudo como la de gas caigan en el próximo semestre o año, ya que la cantidad de equipos en yacimientos cayó 30% o 40%, hay menos actividad, menos perforación y esto en el mediano plazo, esto se va a notar”, anticipa.

¿Podría un eventual incremento en el precio de gas en boca de pozo luego de la audiencia pública de septiembre llegaría a revertir ese escenario? Según Rabinovich, no. “Creo que el efecto va a ser para más largo plazo, no creo que la caída del próximo semestre o el próximo año se pueda evitar, pero sí iniciar un camino de recuperación más adelante”, afirma. No obstante, agrega, “eso también es discutible porque las empresas se mueven más por el largo plazo que por el corto plazo, y hoy los precios internacionales son bajos”.

El resto de la cadena

Así todo, las empresas que sentirán de manera más fuerte el impacto serán las transportadoras y distribuidoras, antes que las productoras, que dependen de otros factores como la macroeconomía argentina o el precio internacional de la energía. “Para ellas sí es fundamental (la suba de tarifas), porque son empresas reguladas que sin estos ingresos son incapaces de mantener un abastecimiento seguro, confiable y con buena calidad de servicio, tanto en gas como en energía eléctrica”, plantea Rabinovich.

En ese sentido, no sorprende que -a diferencia de las petroleras, que no se pronunciaron sobre el tema-, compañías como TGS, TGN o Metrogas se hayan declarado a favor de la suba de tarifas públicamente a través de sendos comunicados en las etapas previas al fallo de la Corte.

Lo paradójico, es que pese a que serán las más perjudicadas, fueron, por el contrario, las que menos aportaron al aumento de las facturas que recibieron los consumidores. Según Economía & Regiones, dejando a un de lado el incremento en boca de pozo, el promedio de aumento de transporte y distribución era de 200%, muy por debajo de los incrementos que efectivamente se produjeron, que los casos más extremos superaron el 1.500%.

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