Inversiones bajo la lupa
22 julio de 2025
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La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, oficializó el lanzamiento del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico con la selección de las tres primeras obras estratégicas que serán licitadas a empresas del sector privado, tanto nacionales como internacionales.
El anuncio se formalizó mediante la Resolución 311/2025, y supone un punto de inflexión en la manera de planificar y financiar la infraestructura energética del país.
Las obras seleccionadas incluyen:
- AMBA I, destinada a robustecer la capacidad de abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires, responsable del 40% del consumo eléctrico del país.
- Línea de 500 kV Río Diamante - Charlone - O'Higgins, que permitirá evacuar generación convencional y renovable desde Cuyo y parte del sistema Comahue.
- Línea de 500 kV Puerto Madryn - Choele Choel - Bahía Blanca, pensada para reforzar la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal eléctrico.
Estas tres iniciativas integran un paquete de 16 proyectos prioritarios definidos bajo la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024-2026, que identificó cuellos de botella críticos por la falta de infraestructura frente al crecimiento de la demanda.
Aunque las obras son clave para resolver deficiencias estructurales —como interrupciones del servicio y generación forzada de alto costo—, lo que ha generado controversia es el modelo de financiamiento elegido: concesión total a inversores privados, sin inversión estatal directa.
El esquema incluye la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las obras, bajo reglas que priorizan la eficiencia económica y descargan responsabilidades del Estado.
"El Estado no va a poner un peso", destacan fuentes oficiales. Con este movimiento, el Gobierno busca mostrar disciplina fiscal, pero también profundiza la participación del mercado en un área históricamente sensible y estratégica.
La medida ya genera debate entre especialistas y actores del sector energético. Algunos celebran la modernización de la matriz de inversión en transporte eléctrico, mientras que otros alertan sobre la pérdida de control estatal en una infraestructura clave para el desarrollo nacional.
La Secretaría de Energía, en tanto, se reservará el control de los tiempos y el orden de las licitaciones, que serán abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera comprobada.
Según los expertos, este nuevo enfoque pone a prueba no solo al capital privado, sino también la capacidad del Estado para regular, fiscalizar y asegurar que las obras —ahora sin financiamiento público— lleguen a tiempo y con los estándares necesarios para responder a una demanda energética cada vez más exigente.
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